Aniversarios que duelen  

Se cumplieron dos años desde la muerte violenta de Santiago Maldonado. Los familiares exigen que se revoque una deplorable sentencia del juez federal Gustavo Lleral que cerró abruptamente la causa. Nada lo urgía, salvo las presiones del Ejecutivo nacional. Rechazó producir prueba pertinente incluida la reconstrucción del hecho criminal porque según él era peligroso hacerlo. Nulo apego a la ley, cero sentido del deber.

El aniversario fomentó recuerdos sobre las mentiras diseminadas por los medios dominantes y por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. El operativo, sinteticemos lo consabido, comenzó despejando la ruta y se prolongó en una cacería a campo traviesa. Los gendarmes dispararon munición de goma, agredieron verbal y físicamente a los manifestantes, los corrieron. Estaban sacados, gritaban, se daban manija entre ellos. Quemaron viviendas y pertenencias de la comunidad mapuche.

Amnistía Internacional difunde un comunicado que rezuma verdad: “resulta inadmisible que para la justicia argentina nadie sea responsable”. Herodes Lleral fue cercado por adláteres de Bullrich, incumplió sus deberes de juez. Si la Gendarmería es la institución más prestigiosa de la República, como delira Bullrich, Lleral sería uno de los jueces más probos del país. En verdad, es una pieza en el mecanismo de crimen y encubrimiento.

El asesinato del pibe mapuche Rafael Nahuel forma parte de la misma escalada contra el supuesto enemigo interno fomentada desde Estados Unidos y acometida por el Gobierno del presidente Mauricio Macri., En este caso, el ataque fue premeditado, se confió a un cuerpo de elite de la Prefectura que disparó munición de plomo contra familias inermes situadas a pocos metros.

Hay paralelismos entre la guerra inventada contra los mapuches y los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. El primero, la cacería: la defensa de una “posición” (el puente Pueyrredón, la ruta en Chubut) derivó en persecuciones feroces que se prolongaron por largos recorridos, ataques cuerpo a cuerpo, agresiones a ciudadanos que huían.

El segundo: la enorme cantidad de balas de plomo disparadas en Avellaneda y en las cercanías del lago Mascardi podía haber provocado muchas más muertes.

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Se cumplió un año de la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, los trabajadores de la educación víctimas de un escape de gas consecuencia de la desidia estatal. Veinte mil vecinos de Moreno marcharon para recordarlos.

Prominentes mujeres macristas escogen distintos estilos. Bullrich dobla la apuesta ante los asesinatos y elogia a sus autores. La gobernadora María Eugenia Vidal hurta el cuerpo, calla, desampara: jamás se interesó por Sandra y Rubén. Sus múltiples labores (parece) le impidieron visitar o tan solo llamar por celular a los familiares.

La agenda tampoco le deja margen para ocuparse de los pibes y pibas masacrados por la policía en San Miguel del Monte.

Si se mira bien, los diferentes hechos son corolarios sangrientos de la doctrina Chocobar, predicada por Macri.

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En estos mismos días un ciudadano común es encarcelado seis días por la aplicación rústica del sistema de reconocimiento facial establecido por el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Un mecanismo paranoico, berreta, cuyo manejo jaquea a la presunción de inocencia. Macrismo explícito, otra vez.

 

Todo armoniza, concuerda. La ideología de un gobierno de derecha se propaga más allá de la devastación económica. Se trasluce asimismo en el respeto a los derechos humanos, al de manifestarse o sencillamente al de vivir.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/210151-aniversarios-que-duelen

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