Tras la detención del prefecto Javier Pintos, como autor material del homicidio de Rafael Nahuel, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no mostró arrepentimiento por los operativos represivos de las fuerzas federales que terminaron con la muerte del joven oriundo de Bariloche en noviembre de 2017 y de Santiago Maldonado en agosto de ese mismo año. “Si algo hemos hecho desde el Gobierno nacional es ordenar en el sur una situación que estaba desmadrada, que era de violencia extrema”, subrayó Bullrich.
La ministra buscó así defenderse también de la denuncia penal presentada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) contra ella y parte de su gabinete como “responsables de homicidio agravado por abuso de autoridad seguido de muerte” de Rafael y de Santiago. La denuncia de la APDH alcanza inclusive a los funcionarios Pablo Noceti, Gonzalo Cané y Gerardo Milman como parte de “un plan criminal organizado desde la más alta esfera del Estado, con el objeto de llevar adelante un accionar ilegal contra las distintas comunidades mapuches, aprovechándose del aparato coercitivo estatal de manera ilegal, con el propósito de coaccionar ilegalmente a los mismos a fin de que depongan su derecho a ejercer la protesta y sus reclamos de tierras”.
“Es un despropósito”, descalificó Bullrich la denuncia penal presentada por la APDH e insistió en la estigmatización de las comunidades mapuches al calificarlas de agrupaciones que “están fuera del Estado de Derecho y que incendian camiones, matan gente y atentan contra estancias, casi secuestrando personas”. Rafael Nahuel era un joven de 22 años que vivía en el barrio del Alto de Bariloche y participa de la vida social de su barrio, mientras que Santiago Maldonado era un joven anarquista que llegó a respaldar a la comunidad de Cushamen dos días antes de su muerte, tras ser perseguido por un operativo ilegal de la Gendarmería.
“Haber frenado eso y hoy estar en una situación de mucha más tranquilidad ha generado en el sur un gran éxito, no solo nuestro, sino también de los gobiernos de Chubut, de Neuquén y de Río Negro, con los que trabajamos juntos”, valoró la ministra a menos de 24 horas de que, por orden del Poder Judicial de Río Negro, fuera detenido el cabo de la Prefectura Javier Pintos, acusado por el homicidio agravado del joven mapuche.
“Es notorio que el Ministerio de Seguridad ha asumido, en la actual gestión, un rol activo en la defensa irrestricta de los funcionarios de las fuerzas de seguridad involucrados en episodios bajo investigación judicial”, había señalado la Cámara Federal de General Roca el 15 de mayo pasado, en un lapidario fallo contra la actuación de Bullrich, al ordenar la detención del prefecto. El fallo del Poder Judicial derribó la versión oficial del ataque por parte de la comunidad mapuche, que Bullrich había esbozado pocas horas después de que Nahuel fuera asesinado por la espalda: “Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad, le damos el carácter de verdad”.
A pesar de las evidencias en su contra, Bullrich sostuvo que el Gobierno “está muy contento con que hoy los ciudadanos de esas provincias puedan vivir mucho más tranquilos y sin encontrarse con grupos que generan violencia extrema”.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/200157-bulrrich-a-contramano-del-poder-judicial
