Carlos Rosenkrantz y su intersada reacción para eludir el juicio político

El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, no para de dar sorpresas incluso a sus propios colegas. Mientras desplegaba su ofensiva por rescatar con un per saltum a los tres jueces atornillados a sus cargos en Comodoro Py, enviaba al resto de los supremos un e-mail que anunciaba que convocaría a la Comisión Interpoderes, la encargada de agilizar los juicios de lesa humanidad que dejó de reunirse durante casi todo el gobierno de Mauricio Macri. La iniciativa responde a un reclamo específico de los organismos de derechos humanos, pero fue puesta en marcha ahora por una necesidad personal de Rosenkrantz, sobre quién recayó el 25 de septiembre un pedido de juicio político promovido por la diputada Vanesa Siley (Frente de Todes) precisamente por haber “favorecido y muchas veces asegurado la impunidad de los responsable del terrorismo de Estado”. Según pudo constatar Página/12 hay más de 50 causas de este tipo estancadas en el alto tribunal (ver aparte). El viernes último los medios más afines a la oposición publicaron la noticia cual logro del titular de la Corte, que desde unos días antes hizo circular que su idea es cuidar los derechos de todas las partes, no sea cosa que los represores se asusten. La primera reunión por Zoom será el jueves próximo y la ministra de Justicia, Marcela Losardo, ya confirmó su presencia remota. Los organismos afinan su agenda después de cuatro años de silencio supremo.

Parece una gran paradoja que la reunión de la “Interpoderes” sea organizada después de tanto tiempo en un contexto en que la Corte, y con especial ímpetu el propio Rosenkrantz, acaba de dejar planteado un escenario de conflicto de poderes alrededor de la discusión sobre la validez de las designaciones por el mecanismos de traslado, sin pasar por el Senado, que en 2018 obtuvieron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli (los dos primeros a la Cámara Federal porteña y el tercero al Tribunal Oral Federal 7). La apertura del per saltum, que además prohibió por ahora que los tres jueces sean reemplazados, fue un golpe sorpresivo para el Poder Ejecutivo, que por decreto había ratificado lo decidido por el Senado: el rechazo a los tres traslados. Falta la decisión de fondo de la Corte, pero el procurador interino Eduardo Casal dictaminó anoche a favor de los tres jueces, lo cual no es vinculante para la Corte. Todavía hay final abierto, aunque la situación del tribunal con el Gobierno sea de alta tensión. 

Pese al clima de tensión, desde el Ejecutivo remarcan que el pedido de juicio político contra Rosenkrantz, presentado por Siley, nada tuvo que ver con que la Corte admitiera el per saltum del trío. De hecho, la presentación de Siley fue el viernes 25 de septiembre y la decisión del máximo tribunal tuvo lugar el martes 29. Las fechas no coinciden con la idea de represalia que se pretende instalar desde los medios y la oposición, aliados estratégicos del juez Rosenkrantz.

Plan rescate

En la vocalía de Rosenkrantz se trabajó hasta tarde el viernes 25. Los teléfonos de sus secretarios más cercanos ardieron hasta pasada la medianoche. Estaban preocupados por avisar que el supremo mandaría pronto las invitaciones al Gobierno, a la Procuración General, a la Cámara Federal de Casación, al Consejo de la Magistratura, al Congreso y a los organismos de derechos humanos para convocar. Todos ellos integraron la Comisión Interpoderes desde que fue creada en 2008 por el antecesor en la presidencia suprema, Ricardo Lorenzetti, cuando la Corte todavía decía que los juicios de lesa humanidad eran una política de Estado. La última vez que se reunió la Comisión fue en 2016 y sólo participaron Lorenzetti y Horacio Rosatti, que era todavía un recién llegado al Palacio.

En realidad, no fue que a Rosenkrantz le agarró un ataque repentino de interés por las causas de lesa humanidad, sino que se preocupó por contrarrestar el pedido de juicio político que había presentado Siley ese mismo día. La diputada –que también integra el Consejo de la Magistratura– lo acusó de favorecer la impunidad de los genocidas. Su presentación decía que cuatro casos de lesa humanidad que fueron resueltos o están por resolverse en la Corte muestran cuáles son las verdaderas intenciones de su presidente. Por ejemplo, el del cálculo del 2×1 que favoreció al represor del Hospital Posadas Luis Muiña, que fue motorizado por Rosenkrantz y contó con los votos de Rosatti y Elena Highton. Sus dos colegas cambiaron de opinión después de que el Congreso aprobara una ley interpretativa y de movilizaciones masivas que ningún supremo había previsto. Rosenkrantz, no. Se empacó y dijo que el beneficio le correspondía a Rufino Batalla, un represor condenado por crímenes en el centro clandestino conocido como La Cacha. En plena feria, recordó Siley, Rosenkrantz remitió a un tribunal oral federal de Rosario un planteo del represor Juan Daniel Amelong para que le otorgaran domiciliaria. El cuarto caso es el del dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, al que Rosenkrantz le aplica un tratamiento de cronoterapia en su vocalía desde hace un año. El otro punto en el que se basaba el pedido de juicio político era la reticencia de Rosenkrantz a convocar a la Comisión Interpoderes.

Tienes un e-mail

Rosenkrantz, que tiene escaso poder dentro de la Corte ya que la mayoría de las decisiones se deben tomar con tres votos, aprovecha el contexto de la pandemia para informar por correo electrónico a sus colegas aquellas cosas que puede decidir en soledad. Así como informó de ese modo el llamado a la Interpoderes, convocó a acuerdo extraordinario donde impuso el tratamiento del per saltum del tridente BBC. En uno de los acuerdos previos había informado que tenía varios reclamos para hacer la reunión por las causas de lesa humanidad, quizá el tema que más incomoda al jurista. Los pedidos se acumulan en el cuarto piso del Palacio desde hace, al menos, cuatro meses. Los organismos de derechos humanos hicieron cuatro presentaciones, incluso la presidenta de la Cámara de Casación Federal, Ángela Ledesma, le hizo llegar su preocupación al máximo tribunal por el parate en el que estaban los juicios en mayo pasado después de una presentación de la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, la fiscal Ángeles Ramos.

Los demás supremos se hicieron los distraídos ante la convocatoria a la Interpoderes. Ante el silencio sepulcral del resto de sus colegas, la jueza Highton se ofreció a acompañar a Rosenkrantz en el evento, un poco obligada por su cargo de vicepresidenta del cuerpo. Lorenzetti mastica bronca porque fue él quien creó la Comisión y siempre manejó la relación con los organismos. El enfrentamiento que mantiene con Rosenkrantz desde que en 2018 fue desplazado de la presidencia tiñe todas las discusiones. Rosatti y Maqueda miran de lejos, por si acaso.

La idea de Rosenkrantz es hacer una reunión breve, que vaya al punto y evitar los discursos encendidos de los organismos, que inevitablemente le reprocharán haber sido el alma pater del 2×1. El supremo también se comunicó con algunos jueces de la Casación Federal, por lo que se presume que podría querer pasarle la posta de la Interpoderes al máximo tribunal penal del país. Al momento de justificar su interés por ocuparse del tema ahora, Rosenkrantz y su equipo explican que hay una “afectación de derechos”, dando a entender que quizá estén especialmente interesados en la situación de los imputados o condenados por crímenes aberrantes.

La convocatoria a la Interpoderes no quedó por fuera de la interna palaciega que se vive en la Corte. Rosenkrantz se ocupó de correr a quienes habían manejado hasta entonces la relación con los organismos o con las partes interesadas en las causas de lesa humanidad aduciendo que respondían a Lorenzetti. Quizá fue por eso que los organismos de derechos humanos no recibieron llamado alguno para convocarlos a la reunión a la Corte, sólo un correo enviado desde la secretaría privada de la presidencia del tribunal. A los funcionarios los llamó Agustín María Casares, otro hombre de confianza del presidente de la Corte. A ninguno de los invitados les comunicaron un temario, sólo a algunos les anticiparon que la idea de la Corte es dividir el trabajo en grupos temáticos.

El sello Rosenkrantz

Rosenkrantz conformó el voto mayoritario en dos fallos emblemáticos de la era Macri: el del 2×1 –que motorizó él mismo– y el fallo Ingenieros, por el cual la Corte le negó una reparación a la hija de un trabajador de Techint desaparecido durante la dictadura. Después, en general, Rosenkrantz ha encarnado la minoría automática en cuestiones de lesa humanidad. En general, cuando circulan los expedientes sobre crímenes de la dictadura, Rosenkrantz suele escribir a mano “No firmo”.

Desde hace un año, Rosenkrantz está sentado sobre una causa especialmente sensible, la de la responsabilidad de las máximas autoridades del ingenio Ledesma con secuestros producidos durante “los apagones” de 1976. En 2015, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación anuló los procesamientos de Blaquier y de Alberto Lemos y dispuso su falta de mérito. El fiscal de Casación Javier De Luca recurrió la decisión y dijo que se trataba de un sobreseimiento encubierto. La procuradora ante la Corte, Adriana García Netto apoyó la postura de De Luca. Sin embargo, la Corte nunca trató el tema.

Todas las miradas apuntan a Rosenkrantz por la relación que su esposa, Agustina Cavanagh, tiene con los Blaquier. Cavanagh presidió la fundación Cimientos hasta que Rosenkrantz llegó a la Corte y actualmente integra el consejo de esa organización, que según el Observatorio de las Élites CITRA – UMET – CONICET está ligada a los Blaquier. Cuando defendió su nominación en el Senado, Rosenkrantz dijo que su única relación con la familia era a través de Nelly Arrieta de Blaquier por ser donante en la Universidad de San Andrés, la que él dirigió hasta su mudanza a la Corte. Nelly está casada justamente con Carlos Pedro. Los Blaquier también tienen casa en el selecto country Cumelén de Villa La Angostura, donde Cavanagh heredó una casa y al supremo le gusta vacacionar.

Siley y el juicio político

“Carlos Rosenkrantz nunca citó después de siete pedidos de los organismos de derechos humanos a la Comisión Interpoderes, que es la encargada de garantizar la celeridad y el acceso a justicia real para todo lo que es delitos de lesa humanidad, y o hace ahora, luego de anoticiarse de este nuevo pedido de juicio político. Es una actitud claramente hipócrita”, le dice a Página|12 Vanesa Siley, diputada del Frente de Todes, que el viernes 25 de septiembre presentó un nuevo pedido de juicio político contra el presidente de la Corte. La presentación de Siley sigue la misma línea de los tres pedidos que se habían presentado en 2017 después de que Rosenkrantz junto con Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti firmaran el fallo del 2×1, que abría la puerta para una liberación temprana de cientos de represores.

“¿Cómo puede tener una Corte Suprema gravedad institucional la situación de tres jueces trasladados y no tener gravedad institucional las causas de lesa humanidad, como la causa Ledesma, donde está imputado Carlos Pedro Blaquier?”, pregunta Siley. “Esa causa la tiene la vocalía de Rosenkrantz y no fue tratada. Para la sociedad argentina y la democracia es fundamental determinar la complicidad civil en la última dictadura cívico-militar, pero para él no es un tema de urgencia. Ahí hay relaciones familiares en juego entre la esposa de Rosenkrantz que integra la misma Fundación Cimientos que la familia Blaquier”, agrega.

Algo más que un simple retraso

La convocatoria del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, a los organismos de derechos humanos después de cuatro años de haber desactivado la Comisión Interpoderes se da en un contexto de importante retraso por parte del propio máximo tribunal a la hora de confirmar las sentencias por crímenes cometidos durante los años del terrorismo de Estado.

Según estimaciones, la Corte tiene más de 50 sentencias por revisar referidas a crímenes contra la humanidad. En el tribunal, estiman que los expedientes rondan los 500 porque hay varios recursos por causa. Todavía resta a la Corte resolver varios planteos de represores que pedían que les aplicaran el cálculo del 2×1. En esos casos, la respuesta del tribunal es prácticamente automática porque remiten al fallo Hidalgo Garzón, en el cual la mayoría de los supremos –con la estoica oposición de Rosenkrantz– consideró que ese beneficio no era aplicable a criminales de lesa humanidad.

Algunas de las causas para revisar llevan más de cinco años en el Palacio, como es el caso de la sentencia por la Masacre de Trelew, en la que la Corte deberá confirmar la caracterización como delitos de lesa humanidad hechos ocurridos antes del golpe de Estado de 1976. Una situación similar es la llamada masacre de Capilla del Rosario de 1974, en la que catorce militantes fueron asesinados, pero la Sala III de la Casación no entendió como delitos de lesa humanidad y anuló la condena de tres militares. Ese caso tiene dictamen del actual procurador interino Eduardo Casal que pide que se revierta la decisión del máximo tribunal penal del país.

Desde febrero de 2017, los cortesanos tienen para estudiar un caso emblemático sobre delitos sexuales: la causa Martel, de San Juan. Al revisar las condenas en 2016, la Sala III de la Casación sostuvo que los abusos sexuales debían ser considerados como delitos de propia mano. Es decir, solamente achacables a quienes perpetran el crimen pero no a sus superiores. Otro caso que espera el análisis de la Corte tiene que ver con el Plan Cóndor, un juicio histórico que terminó en 2016 y en el que el Tribunal Oral Federal 1 describió al Cóndor como una asociación ilícita regional.

Varias causas vinculadas a la apropiación de niñes durante el terrorismo de Estado siguen en la Corte. Por ejemplo, los supremos deberían revisar la absolución del médico Raúl Martín en el segundo juicio por la maternidad clandestina de Campo de Mayo y las condenas por la apropiación de Elena Gallinari Abinet, la primera nieta nacida en cautiverio encontrada por las Abuelas. Ese juicio terminó en 2013 en La Plata. Esa jurisdicción tiene atrasos significativos en la revisión de las sentencias, especialmente en la Casación Federal, que todavía no analizó ni las condenas por Circuito Camps de 2012 ni de La Cacha de 2014.