Clases presenciales: la Procuración del Tesoro pide la inhibitoria de la justicia porteña

El Gobierno Nacional recibió con fuerte enojo el fallo de la Justicia porteña que habilitó las clases presenciales merced a un ardid del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta para que se abran las escuelas a pesar del decreto que lo prohíbe y puso en marcha una estrategia judicial combinada para intentar frenar al jefe de Gobierno porteño.

Por un lado, el presidente Alberto Fernández habilitó al procurador del Tesoro, Carlos Zanini, a presentarse ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, y por otro avaló la presentación del Ministerio de Salud en el fuero contencioso de la Ciudad para tratar de llevar el caso a otra jurisdicción. 

La Procuración del Tesoro de la Nación (PNT) presentó esta mañana un planteo para que se declare la inhibitoria de la justicia porteña y la invalidez de lo decidido por la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires que falló a favor de la presencialidad en las clases en el distrito.

La PNT, que encabeza Carlos Zannini, presentó el planteo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, según informaron a Télam fuentes judiciales.

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires falló a favor de la presencialidad de las clases en el distrito, al pronunciarse sobre una presentación hecha por organizaciones de docentes contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno nacional que establece la suspensión de la actividad por 15 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para contener la segunda ola de coronavirus.

El tribunal resolvió “hacer lugar a la queja interpuesta y, en consecuencia, admitir el recurso de apelación; disponer la suspensión de lo dispuesto en el artículo 2°, párrafo tercero, del DNU y ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que en el marco de su autonomía y competencias propias disponga la continuidad de la presencialidad de las clases en el ámbito del territorio de la Ciudad de Buenos Aires”, según el fallo.

Enseguida, en una conferencia de prensa, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta anunció que las clases serían presenciales y no virtuales en su distrito, en contra de lo dispuesto por el DNU del Gobierno nacional.

El objetivo de ambas acciones es validar la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que suspendió las clases presenciales entre el 19 y el 30 de abril.

Para el Gobierno, la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo porteño que habilitó la continuidad de las clases en la Ciudad es un fallo a medida del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Saben que se trata de una discusión política y advierten que Juntos por el Cambio presionó para obtener esa medida. Alberto Fernández enfatizó que el fallo es “un estrago jurídico”. 

Por su parte, el ministro de Justicia Martín Soria  ratificó  sus críticas al señalar que el tribunal porteño “es manifiestamente incompetente para resolver sobre cuestiones federales como es un DNU presidencial”, y reclamó la intervención de la Corte Suprema de Justicia.

“Estamos en una situación de gravedad institucional, extrema, y sería bueno que así como actuaron rápidamente con un per saltum que pidieron dos jueces que fueron trasladados ilegalmente por el macrismo, sería bueno que también intervenga rápidamente y solucione este conflicto que es político, porque desde el punto de vista jurídico no tiene ni pues ni cabeza”, indicó en declaraciones radiales.

El contexto amerita una rápida solución: las escuelas porteñas empezaron esta mañana las clases violando el decreto presidencial que por cuestiones sanitarias las suspende por 15 días. 

Horacio Rodríguez Larreta había presentado un amparo ante la Corte, que, se supo el viernes, eras la encargada de mediar (o no) en el conflicto y como no lo hizo, el jefe de Gobierno porteño apeló a los jueces amigos y a varias asociaciones alineadas con su Gobierno para lograr su cometido. “Lo que hicieron es un estrago jurídico”, dijo Alberto Fernández enterado de la noticia y está intentando poner las cosas en su lugar.

Por su parte, varios gremios docentes decidieron parar este lunes y muchos padres, no mandar a sus hijos a la escuela. Al final del día se sabrá cuál fue el grado de asistencia de ambos.