"Comer bien tiene que ser barato"

Los Cayetanos (CTEP, Barrios de Pie y las CCC) lanzaron en el Congreso la primera actividad de “Comer Bien”, una campaña de instalación en la agenda pública del problema del hambre en la Argentina. La movida busca ampliar los apoyos para la sanción del proyecto de ley de emergencia alimentaria y, al mismo tiempo, impulsar la definición de políticas de acceso a alimentos de calidad. Hoy, en el país, uno de cada tres niños depende de comedores escolares o populares porque sus familias no alcanzan cubrir el costo de los alimentos.

La presentación se hizo con una charla en el Salón de los Pasos Perdidos, a la que fueron invitados a hablar siete especialistas. “La idea es abrir un ciclo de debates. Vamos a hacer uno por mes y a convocar a presenciar los paneles a los diputados de todos los bloques con representación parlamentaria”, explicó Leonardo Grosso, diputado del Movimiento Evita.

En el panel estuvieron Agustín Salvia (director de investigación del Observatorio de la Deuda Social, de la UCA, que elabora los conocidos informes periódicos sobre pobreza), el neurólogo Facundo Manes, el ex viceministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo (en estos días mencionado por Alberto Fernández como alguien al que le gustaría “tener en el equipo”, de ser electo), la economista Cecilia Todesca (del Grupo Callao, think tank del candidato), la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Carolina Mera, y Marcelo Leiras, politólogo y profesor de la Universidad de San Andrés.

El debate fue abierto con un dato: para adquirir una Canasta Básica de Alimentos, una familia tipo necesitó en abril ingresos por 12 mil pesos. Y si se piensa en una canasta básica saludable, el costo se eleva a 20 mil.

Desde ese punto de partida, Arroyo desarrolló la idea de “una regla y siete propuestas”. “La regla es que comer bien en la Argentina tiene que ser barato. En un país que produce alimentos la Canasta Básica Alimentaria tiene que ser accesible; eso no puede estar en debate”, definió. Entre las siete propuestas, habló de descentralizar los recursos, enviando fondos a las provincias y municipios, quitarle el IVA a los alimentos de la Canasta Básica, dar créditos blandos a las cooperativas de la economía popular y “meterse en la intermediación por la que un litro de leche, que un tambo vende a 7,50 pesos, llega a las góndolas a 50 pesos”.

Cecilia Todesca apuntó que el Estado no puede limitarse a otorgar créditos blandos para garantizar la soberanía alimentaria: “Debe traccionar la producción local de alimentos frescos utilizando la compra pública como vector del desarrollo, atando estas compras a la demanda de los comedores escolares. De esta manera se podría generar empleo y fortalecer la creación de cooperativas de productores”, expuso.

Salvia puso sobre la mesa los números del hambre en la infancia. Marcó que según los relevamientos de la Observatorio de la Deuda Social de la UCA “en 2018 un 13 por ciento de los niños experimentó hambre, mientras que un 29,3 por ciento redujo su dieta”, lo que “muestra la necesidad de convocar al diálogo académico, pero también político-social para poner fin al hambre y garantizar el derecho a la alimentación”.

Manes, desde su condición de neurólogo, señaló que la alimentación deficiente tiene efectos directos sobre la capacidad de aprender. “El cerebro humano termina de desarrollarse alrededor de los 20 o 25 años, y para un buen desarrollo necesitamos de una alimentación adecuada además de estímulos cognitivos y afectivos”. Lejos de cubrir esos requerimientos, “hoy en la Argentina el 40 por ciento de los chicos menores de diez años tiene algún tipo de malnutrición”.

Estuvieron entre el público legisladores de la mayoría de las bloques: Agustín Rossi, Emililio Monzó, Victoria Donda, Felipe Solá, Mariano Recalde, Facundo Moyano, Graciela Caamaño. También los dirigentes docentes Roberto Baradel y Silvia Almazán, y los referentes de los movimientos sociales Daniel Menéndez, Emilio Pérsico y Dina Sánchez, entre otros. La capacidad de la sala se llenó con integrantes de las organizaciones, muchos de ellos mujeres responsables de los comedores.

Como parte de la campaña, los movimientos van a realizar un registro de comedores y merenderos, al que se podrá acceder en una página web. La iniciativa tiene como antecedente el relevamiento nacional de barrios populares que los Cayetanos concretaron junto a la Jefatura de Gabinete de la gestión de Cambiemos, aunque en este caso no habrá, al menos por el momento, participación del Estado, sino presencia de algunas universidades como la de San Andrés. Por otra parte, la Universidad de Buenos Aires y universidades nacionales del conurbano, como las de Lanús y San Martín, se comprometieron a dar capacitaciones a las integrantes de los movimientos que están a cargo de los comedores y merenderos populares.

El proyecto de ley de emergencia alimentaria busca que el Estado destine fondos (20 mil millones anuales) a garantizar un piso nutricional para las personas que asisten a comedores populares y escolares. La propuesta fue presentada a los diputados en junio del año pasado, pero no se trató. En diciembre hubo un intento de reinstalar el debate, sin resultados. También este año fue intentado que se tratara, sin respuesta, en una sesión especial convocada por la oposición.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/196800-comer-bien-tiene-que-ser-barato

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