Comer no puede ser un privilegio

Cualquier argentina y argentino lo sabe. Y lo sufre. Los precios de los alimentos están por las nubes. De acuerdo a los datos del Indec, la canasta básica total ya está en 30.338 pesos; y una familia con dos hijos necesita 12.087 pesos mensuales para cubrir la canasta básica alimentaria que mide la línea de indigencia. Ambos indicadores registran un aumento de más del 60% en los últimos doce meses. 

En un país que produce alimentos para 440 millones de personas no tiene ninguna lógica que pasemos varios minutos delante de una góndola calculando precios para ver si compramos o no productos esenciales como carne, verduras, fideos, leche, pan, arroz. Nuestra vida cotidiana está totalmente desacomodada.

El último informe del Monitor de Humor Político y Social –elaborado por la consultora D’Alessio IROL y Berensztein– advierte que el 72% de los consumidores se vio obligado a reducir o directamente a abandonar sus compras de carne vacuna. Un rito familiar que nos reunía a todos como el asado del domingo se convirtió en un lujo. El mismo estudio revela que entre el 40% y el 50% de los encuestados achicó o abandonó sus compras de pescado, manteca, azúcar, agua mineral, quesos y yogur. Como contrapartida, casi la mitad aumentó a compra de arroz y fideos. 

Pero no es solo un problema de calidad alimentaria. Hay muchas pibas y pibes que están sufriendo hambre. Las familias no tienen que poner en la mesa. En este último año se aceleró la cifra de alumnos que se alimentan en los comedores escolares. Pero al no haber un aumento de las cantidades de comida que el Estado envía a las escuelas, los chicos están recibiendo porciones más pequeñas a las habituales. Con lo que se tiene, maestras y directoras intentan alimentar a todos los chicos. La solidaridad emerge en cada barrio, en cada pueblo, y hay más merenderos, centros de asistencia y comedores. Pero el Estado no puede seguir atrás de esa sociedad en movimiento. 

Por eso, presentamos un proyecto de ley de emergencia alimentaria y nutricional, que contempla el aumento del presupuesto del Programa “Políticas Alimentarias” del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación; la implementación de una canasta básica de primera infancia; y el incremento del presupuesto destinado a los comedores y a las huertas escolares, comunitarias y familiares. Es necesario también que se apruebe la ley de góndolas, estableciendo un porcentaje de la comercialización de alimentos en cadenas y supermercados para productores locales y de la economía popular; y encarar mecanismos para reintegrar el IVA de aquellos productos que forman parte de la canasta básica alimentaria. 

Los pequeños productores de la economía social y de la agricultura familiar tienen un rol clave para que logremos que sea posible comer bien y barato en la Argentina. Son ellos quienes producen buena parte de los alimentos frescos que consumimos. El Estado debe asumir el rol de fortalecer e impulsar la producción y las redes de comercialización de estos sectores. 

Es fundamental volcar fondos en programas de microcréditos para la compra de insumos, maquinarias y herramientas, mediante la incorporación de diferentes escalas y líneas de financiamiento según las necesidades de las unidades productivas. Debemos flexibilizar los métodos para generar una escala masiva.

Tenemos que impulsar las compras por parte del Estado de alimentos sanos y frescos a organizaciones de la agricultura familiar y la economía popular, campesina e indígena. El objetivo es que esas compras se vinculen con redes de d comedores, merenderos, organizaciones barriales, de base, clubes de barrio, escuelas y demás organismos públicos a nivel municipal, provincial y nacional.  

También es prioritario achicar el circuito de comercialización, fomentado la vinculación directa de los pequeños productores con los consumidores. En los últimos años, diversas organizaciones de la economía popular vienen implementado valiosas experiencias por medio no sólo de la puesta en marcha de ferias sino también de la creación de puntos de venta directa de productos frescos agroecológicos y con precios justos. En esa línea, debe financiarse la logística, con el abaratamiento del transporte y la implementación de espacios colectivos de almacenamiento.

Comer no puede ser un privilegio en la Argentina. Necesitamos un gran contrato social que reconozca como prioritaria la obligación del Estado de garantizar el derecho humano a la alimentación para todas nuestras familias. 

* Presidente del bloque de diputados Red por Argentina.