El repudio unilateral del presidente chileno Sebastián Piñera al Acuerdo de Paz de 1984 con Argentina constituyó una actitud expansionista agresiva, más explicable por la historia del país hermano de incumplir los acuerdos, que por la situación electoral desastrosa que deberá afrontar a nivel personal. En Argentina, el PRO fue consecuente con sus posiciones internacionales y emitió un comunicado que fue más una advertencia a la cancillería argentina.
Chile tiene una geografía apretada por la cordillera y, como otros países con territorio restringido, como es Japón, ha tenido una política exterior con tendencia expansionista. En el caso de los diferendos limítrofes con Argentina, el primer tratado mantenía los límites de la época de los virreynatos y el límite chileno no podía pasar al sur del río Bío-Bío. Chile transgredió ese tratado y luego de muchos años de litigios se convino como nuevo parámetro a la línea de las altas cumbres divisorias de aguas. Chile volvió a transgredir estos acuerdos y luego de varias situaciones que incluyeron tiroteos y contiendas fronterizas, y que llevaron a las dictaduras militares de ambos lados al borde de la guerra en 1978. El general Luciano Benjamín Menéndez, que era el más interesado en la guerra porque comandaba el III Cuerpo de Ejército, ya había enviado ataúdes a Mendoza y otras ciudades cercanas a la frontera.
Esa situación se zanjó con el tratado de 1984 en el que ambas partes cedieron para llegar a un acuerdo transaccional. En vez de la divisoria de aguas se tomó el meridiano 67 y se estableció soberanía chilena hacia al Oeste y Argentina hacia el Este. Ahora Piñera volvió a transgredir un acuerdo y busca apropiarse la plataforma continental que se prolonga hacia el Este.
Chile tiene diferendos de este tipo con todos sus vecinos. Cuando Bolivia reivindicó su derecho a una salida al mar, la diplomacia chilena respondió que era necesario respetar los tratados vigentes. Los tratados se firman y cumplen de buena fe. Por lo tanto, cuando se incumple uno, todos los demás tratados que involucran al incumplidor quedan en el aire porque se rompe la buena fe de una de las partes. Al incumplir este tratado, los demás que tiene con Perú y Bolivia también se ponen en discusión.
Con esos antecedentes, adjudicar el decreto de Piñera a una coyuntura electoral sería subestimar la experiencia histórica de hechos consumados. La reacción argentina, tenía que ser pacífica pero enérgica, como ha sido el comunicado de la Cancillería. El Tratado compromete también a terceras partes que salieron como garantes de su cumplimiento, las que deberían intervenir a partir de la violación del acuerdo.
En vez de repudiar la actitud de provocación de Piñera, el primer comunicado de la secretaría de Relaciones Internacionales del PRO, con la firma de Patricia Bullrich y Fulvio Pompeo, fue una advertencia al gobierno argentino de cómo debía reaccionar. Frente a una provocación externa, el PRO optó por la afinidad ideológica que lo une a Piñera.
Más allá de ese vínculo, una fuerza que defiende con fanatismo el derecho a la propiedad privada y lo pone por encima incluso que el derecho a la vida, desprecia lo que está relacionado con la propiedad común, en este caso, el territorio nacional. Como si considerase incivilizado el reclamo por estos temas, o propio de alguna derecha demagógica y lo único que importara fueran sus posesiones.
Fulvio Pompeo es especialista en cuestiones internacionales y durante la presidencia de Mauricio Macri se desempeñó como secretario de Asuntos Estratégicos, aunque en los corrillos políticos se lo catalogaba como el que establecía los lineamientos de la política exterior en esa etapa.
La primera reacción del PRO fue ese comunicado, pero por la tarde el bloque de Diputados de la alianza conservadora propuso una declaración de repudio contra el decreto chileno. El tratado de 1984 fue firmado por Raúl Alfonsín, con la reticencia de sectores del peronismo que rechazaban apartarse del principio de línea de las altas cumbres divisorias de aguas.
El comunicado inicial del PRO generó malestar en el sector radical que de esa manera aparecía conciliador ante la violación de un Tratado que había sido planteado por ese partido. En cambio, el peronismo en el gobierno salió a defender enérgicamente el Tratado que había impulsado Alfonsín.
Esas discordancias hicieron que por la tarde, en el Congreso, Juntos por el Cambio propusiera con claridad el repudio que no constaba en el comunicado del PRO de la mañana y se mostrara dispuesto a una declaración de repudio conjunta con el oficialismo.
De todas maneras la idea que parece más extendida en el campo cultural de la alianza es la que se expresó en el comunicado del PRO: “Mientras no nos toquen la propiedad privada, lo demás es cosa de fanáticos o nazionalistas”.
De ese fermento se alimentan las declaraciones burlonas de Patricia Bullrich o de la candidata a diputada por CABA, Sabrina Ajmechet, sobre los reclamos argentinos por Malvinas. Tienen el mismo trasfondo que exilia del mundo inteligente o civilizado a las políticas malvineras o de defensa de la soberanía. Se identifican con países que son ultranacionalistas como Estados Unidos o Israel o la misma Gran Bretaña, pero reniegan cuando se trata de la defensa de su propio país.
La política internacional no es de los temas preferidos de la alianza Juntos por el Cambio. Si habría que definir los basamentos de la política exterior que desarrolló el gobierno de Macri, su concepto de base fue la relación con el mundo financiero y, por supuesto, la subordinación incondicional a los Estados Unidos.
Esos lineamientos fueron coherentes con las ideas núcleo que flotan en el sentido común hegemónico que ellos instalan y representan. No hubo contradicciones en ese sentido entre esa política y el espíritu ideológico de un sector de la clase media y la clase alta que ven en Miami la máxima expresión de sus aspiraciones.
A poco de asumir Mauricio Macri, los viceministros de Relaciones Exteriores de Argentina y Gran Bretaña firmaron la declaración Foradori-Duncan en la que Argentina habilitó a Gran Bretaña la explotación de las riquezas naturales en la plataforma continental malvinera. Esa decisión tendría que haber pasado por el Congreso y tomado la forma de acuerdo o tratado. Pero el desprecio del macrismo a las formas republicanas hizo pasar esa medida estratégica tan importante como una simple declaración para evitar el debate legislativo.
La política exterior del macrismo boicoteó las iniciativas de integración regional, tanto el Mercosur como Unasur y la Celac al tiempo que congelaba el consenso que se había logrado para respaldar el reclamo argentino por Malvinas.
La unidad de todos los países de América Latina y el Caribe para respaldar los derechos argentinos con una perspectiva de erradicación de las últimas formas de colonialismo en la región, fue una verdadera conquista que modificó cualitativamente la puja con Gran Bretaña. El macrismo inmovilizó ese consenso que conmovió a la diplomacia británica al descubrir que la única forma de normalizar sus relaciones con la región era moderando su intransigencia sobre las islas.
Con esos antecedentes, los chistes sobre cambiar las islas por vacunas o las supuesta ironía de afirmar que “las Malvinas no existen, las Falklands son de los kelpers”, son expresiones fieles del pensamiento básico de Juntos por el Cambio, representado en el primer comunicado del PRO, que priorizó su amistad con Piñera sobre el interés nacional.
