El punitivismo electoral en éxtasis

El uruguayo Antonio José Franco, uno de los nombres en el centro de la polémica rotulada “motochorros extranjeros”, no tiene prohibida la entrada al país y, de hecho, nunca salió desde que llegó en 1992 con su mamá y su hermana. Por entonces tenía diez años, con el tiempo terminaría la escuela primaria, haría changas y hoy tiene dos hijos argentinos. Es cierto que tiene un pedido de expulsión, que no está firme, y que se debe a tres condenas previas por robo y hurto. No hacen falta mucho ingenio ni contactos para verificar estos datos. Sin embargo, en la era de las fake news, su historia se contó casi al revés, con el disparador de una nota del diario Clarín¸ que además acusaba a la jueza Patricia Guichandut de dejarlo en libertad. Para ese medio, la “gracia” de mencionar a la jueza consistía en subrayar que era la misma que había otorgado una probation al colombiano Jair Stevens Jurado Moral, detenido cuando intentaba robar un Iphone 7 a una joven en Caballito.  Tampoco era difícil de chequear el verdadero papel de Guichandut, que en un comunicado desmintió su intervención en el caso de Franco. Menos aún para el presidente de la Nación, que –sin embargo– tuiteó sin preocupación por el rigor: “Es indignante el caso de la jueza que nuevamente liberó a motochorros con antecedentes penales y prohibición del ingreso al país. Las fuerzas de seguridad están haciendo su trabajo en la calle pero con una justicia así no hay policía que alcance”. También Horacio Rodríguez Larreta sumó su exabrupto de señor indignado. “Estoy un poco caliente”, escupió. 

Para redoblar la presión y su campaña, el Gobierno denunció ayer a la jueza Guichandut con una presentación hecha por indicación del ministro de Justicia, Germán Garavano, ante el Consejo de la Magistratura. Pero no fue lo único: el juzgado en lo Contencioso Administrativo 11, donde estaba apelada la expulsión del uruguayo dictada por la Dirección de Migraciones, recordó de pronto le tema y decidió ratificarla, a medida de los sucesos, con la firma de la subrogante Cecilia Gilardi M. de Negre. El dato confirma que el día anterior la expulsión no estaba consolidada, que la presión sobre el Poder Judicial es feroz y que la sumisión política de algunos agentes judiciales es visible. Ahora la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación, que había planteado la reunificación familiar y la inconstitucionalidad del DNU que endureció los procedimientos contra migrantes, puede volver a apelar la expulsión que -por lo tanto- sigue sin estar firme. 

Cuando el gobierno encuentra ocasión de juntar las palabras “delito” y “extranjero” entra en un estado de éxtasis absoluto y lo exagera al extremo porque el manual de Jaime Durán Barba dice que la xenofobia y la exaltación del punitivismo traen votos. Una vez más –a esta altura es bastante obvio– se habla de motochorros inmigrantes y desparecen de la agenda los aumentos de la luz, el transporte, las prepagas, los cortes energía de toda la semana, la inflación, la catástrofe de los jubilados, los despidos, el colapso productivo. Tampoco requiere gran lucidez advertir que el espiral de violencia y delito aumenta al compás del crecimiento de la crisis económica. No hay política criminal sensata. En realidad, no hay política criminal. Ni formación apropiada para las fuerzas de seguridad. Ni coordinación entre la policía federal y la de la Ciudad, que viven en cortocircuito. Ni por asomo políticas de inclusión. Entonces en el discurso oficial el nuevo culpable son jueces y juezas, que seguramente tienen millones de defectos pero no son los responsables de legislar ni diseñar políticas. El desprecio por la verdad, y por los derechos, se impone a como dé lugar, con tal de alimentar las ansias electoralistas. Cuando viene de las máximas autoridades, se convierte en modelo de conducta, como ya se observa con el legado de la doctrina Chocobar de disparar por la espalda, que impone la pena de muerte de hecho. 

Dijeron, medios y funcionarios, que el uruguayo tenía prohibida la entrada al país porque había sido echado, y que en esta ocasión fue detenido en San Telmo con su compañero de moto, y qué barbaridad que a él lo dejaron libre. Franco tiene antecedentes penales. Son condenas cumplidas por robo con un arma que no andaba, hurto de auto y encubrimiento. Está a disposición del juzgado de ejecución penal 4. Esta vez sucedió que en un control (por  “portación de rostro”) le pidieron documentos –según informaron funcionarios con acceso a las actuaciones– y no tenía con él los papeles que acreditan la residencia precaria. Rápidamente los aportó su pareja, y lo dejaron ir. No le imputaron ningún delito. No hay causa penal en esta ocasión. Por todo eso, no quedó preso. Alguna vez un grave problema de adicción a las drogas que derivó en su internación en una comunidad terapéutica durante tres años. 

El relato de este caso, con datos truchos, fue pegado al  del colombiano que trató de robar un celular y se utilizó el combo para cuestionar a la jueza. Guichandut decidió difundir un comunicado para refutar la información y defender su actuación. Sobre el uruguayo y su compañero aseguró que le llamaba la atención que la vincularan a ella y afirmó: “no tuve ni tengo actuación alguna”. Y sobre el colombiano Jurado Mora explicó: que fue imputado por robo en grado de tentativa, el 21 de enero último, y tramitó como un caso de “flagrancia”, ya que fue atrapado en el intento de robarle el celular a una chica. Aseguró que en el Registro de Reincidencia y el informe de la Policía Federal, no figuraba que tuviera antecedentes. Por tratarse de un extranjero, la Dirección de Migraciones se presentó en la causa e inició sus actuaciones. No informó sobre antecedentes en el país de origen. Por todo esto el juzgado –explicó Guichandut– admitió tramitar un juicio abreviado, en 48 horas, donde se le impusieron reglas de conducta y el pago de 700 pesos por el daño. Se consideró, dijo la jueza, la falta de antecedentes reportados, que la víctima no fue lesionada y que recuperó su teléfono. Subrayó que la ley no prevé un tratamiento distinto para  “nacionales y extranjeros”. Algo impactante, es que quienes conocen a la magistrada la describen conservadora, alejada de un perfil garantista.   

Algunos penalistas interpretan que podría haberlo dejado detenido a la espera de las actuaciones de  Migraciones y que tal vez fue un error no hacerlo. Tampoco se lo reclamó la fiscalía ni esa repartición, que consintieron el procedimiento. De hecho, la fiscalía promovió el acuerdo con el ladrón, la jueza lo convalidó. La ley permite la probation en hechos como éste, aunque no cierra la puerta a la detención. Pero lo habitual es que los jueces, ante casos análogos, liberen al imputado/a si carece de antecedentes en el legajo policial y en el registro de reincidencias. El hurto tiene una pena máxima  de dos años, o sea, nadie queda detenido por eso porque la ley establece que debería tener prever tres años para detener. El robo tiene de uno a seis años, pero por ser en grado de tentativa se reduce a 15 días a cuatro años. Lo común es que se les imponga una pena en suspenso o se le conceda una probation. La privación de la libertad no es la regla, para nada. Por día hay unos 2500 robos de celulares. En este episodio se acentuó la cuestión de la nacionalidad, que engolosina al macrismo y lo utiliza como latiguillo para cargar las culpas de todos los desastres que causa, en factores externos.  

El problema no es que se haga campaña con consignas de mano dura y se sobreactúe la indignación –que es un criterio posible– si no la naturalización/institucionalización de la mentira como mecanismo de información consentido, además, por los medios, para camuflar los grandes dramas de fondo mientras se niegan derechos.

También en https://www.pagina12.com.ar/172419-el-punitivismo-electoral-en-extasis

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