En La Paz, los militaresreprimen hasta a los muertos

Encabezada con los féretros de los muertos en la masacre de Senkata llegó a La Paz una masiva movilización. “¡Que renuncie, carajo!”, fue el grito más repetido por los manifestantes en referencia a la Presidenta ilegítima Jeanine Áñez. Luego de caminar durante horas desde El alto ingresaron al centro de la ciudad. Allí la columna fue interceptada por policías y militares. Luego de forcejear con los familiares que cargaban los ataúdes empezó una nueva represión. El humo de los gases lacrimógenos levantó vuelo en toda la ciudad. Por su parte, el presidente derrocado Evo Morales calificó a la represión de Senkata como delito de lesa humanidad. Según las autopsias realizadas por la fiscalía las muertes se produjeron por impactos de armas de fuego.

La bronca con el gobierno de Áñez se manifestó en todo momento durante la movilización que comenzó El Alto para terminar en La Paz. Miles de personas acompañaron los ataúdes de los muertos en la denominada masacre de Senkata. Mujeres cubiertas con mantas negras y familiares de las víctimas encabezaron la movilización. Las dos consignas principales fueron el pedido de justicia para los muertos en Senkata y la renuncia de presidenta autoproclamada Áñez. Entre los manifestantes hubo vecinos de los 14 distritos de El Alto y la Federación de Juntas Vecinales de esa ciudad, afines al partido de Morales, Movimiento Al Socialismo. También hubo campesinos de las 20 provincias del país.

Durante la movilización del jueves las calles zigzagueantes que bajan hasta desembocar en La Paz se fueron llenando de miles y miles de personas. Como serpientes vivas las columnas fueron tomaron las arterias principales de la ciudad. Antes de poder llegar a la Plaza Murillo, frente a la cual está el Palacio de Gobierno, los esperaba un cordón policial-militar. La movilización continúo con los féretros en primera línea. Las fuerzas de seguridad les impidieron el paso. La situación llegó a su punto más tenso cuando los cajones con los muertos chocaron contra los escudos de la policía. La situación devino en otra feroz represión por parte de las fuerzas del Estado.

El aire se llenó de gas lacrimógeno, lo que obligó a los manifestantes a dispersarse. “A la gente de Camacho que marchó en esta misma ciudad no le han hecho nada. ¿Por qué a nosotros no tiran gases y bala?”, cuestionó una mujer a la prensa. La represión también tubo lugar en la Plaza San Francisco, mítico centro de las manifestaciones en favor de Evo Morales. “A la prensa por favor le pedimos que se retire”, dijo un policía, arma en mano, mientras ingresaba a la plaza. Decenas de motos con agentes rodaron la zona. Minutos después la humareda inundó el lugar. “Vayan a molestar Al Alto”, gritaban los policías corriendo a mujeres de pollera.

El martes ocho personas murieron durante una manifestación en la planta de combustible de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Los partidarios de Evo Morales habían cortaron el acceso a la planta y fueron duramente reprimidos por la policía y militares. El accionar de las Fuerzas Armadas fue cuestionado por la Comisión Inte­ramericana de Derechos Humanos. El organismo recordó estándares internacionales que recomiendan no utilizar a los militares en seguridad interior. Desde el gobierno aseguraron que sus fuerzas no efectuaron los disparos, según informó el ministro de Defensa, Luis Fernando López.

Por su parte Evo Morales pidió que a las fuerzas armadas que no se sigan manchando de sangre en un entrevista a la agencia Sputnik. “El gobierno de facto emite un decreto supremo dando una carta blanca para que los militares metan bala al pueblo boliviano. Quiero hacer un llamado a las Fuerzas Armadas: ¡no se sigan manchando con sangre, especialmente del movimiento campesino indígena originario!”, dijo el ex mandatario. “Los delitos de lesa humanidad se castigan, aunque algunos comandantes ya van escapándose porque saben que han cometido delitos”, expresó Morales.

Los informes forenses realizados por la fiscalía boliviana determinaron que los ocho muertos en Senkata recibieron proyectiles de armas de fuego. “Todos sin excepción presentaban lesiones y traumas provocados por proyectil de arma de fuego”, determinó el Instituto de Investigaciones Forenses. A su vez la defensora del Pueblo de Bolivia Nadia Cruz Tarifa instó a los posibles testigos a declarar ante el Ministerio Público. Cruz expresó su apoyo a las familias de las víctimas para garantizar que se haga justicia.

Mientras en el Congreso boliviano diputados y senadores continúan debatiendo los proyectos de ley para convocar a elecciones, en las calles continuó la represión. Resta saber hasta cuándo podrá sostener el gobierno de facto de Añez una situación de social que se radicaliza día a día.