Espionaje ilegal: El semáforo macrista para extorsionar a los empresarios y ex funcionarios presos

Dos empresarios y un ex funcionario se enfrentaron este martes y miércoles con el mundo siniestro que se movía detrás de sus detenciones en el Penal de Ezeiza. Una planilla Excel le indicaba a 22 espías cuál de los 12 detenidos, ubicado en tal celda, era semáforo rojo, naranja o verde, donde los rojos eran los prisioneros que más importaban al espionaje macrista. La clasificación no obedecía a su supuesta peligrosidad, sino que la importancia tenía que ver con la posibilidad de sacarles la empresa o alguna obra de construcción o si existía la chance de que se arrepintieran y terminaran declarando contra Cristina Fernández de Kirchner. Para manejar ese espionaje había un protocolo que le indicaba a los agentes qué debían reportar en cada caso: quién visitaba al detenido, si había diferencias dentro de la familia, los quiebres dentro de las parejas, cuál era la táctica de los abogados, cómo querían preservar su empresa y muchísimos elementos más. El material para esos informes –según lo que pudo investigar el juez Federico Villena– salía de grabaciones, escuchas y filmaciones clandestinas realizadas en los lugares de visitas y hasta en las celdas.

Fabián De Sousa, uno de los dueños de Oil Combustibles y C5N; Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, adjudicataria de las dos represas de Santa Cruz que son la obra de mayor envergadura en el país, y Rafael Llorens, exdirector jurídico del Ministerio de Planificación fueron los tres que se asomaron en el juzgado de Villena a la maquinaria infernal que se movía detrás de sus detenciones en el penal de Ezeiza.

Los aprietes

Llorens estaba calificado como semáforo anaranjado, mientras que De Sousa y Ferreyra ranqueaban como semáforos rojos. Es obvio que estos dos empresarios le importaban a la AFI y al macrismo porque querían presionarlos. En el caso de De Sousa para que venda sus medios de comunicación y su petrolera y en el caso de Ferreyra para que Electroingeniería ceda las obras de Santa Cruz a las constructoras amigas de Mauricio Macri. Respecto de Llorens seguramente apuntaba a que se arrepienta y acuse a Julio De Vido o directamente a Cristina Kirchner, pero el funcionario contó que el verdadero apriete provino del fiscal Carlos Stornelli. Después de tenerlo arriba de un camión celular durante horas y horas lo llevaron a comunicarle que le rechazaban la excarcelación. Apareció Stornelli y le dijo: “Contá todo”. Como no se convirtió en arrepentido quedó preso hasta principios de abril del año pasado. El exfuncionario estuvo detenido por cuatro menciones en los famosos cuadernos del chofer Oscar Centeno, pero ningún empresario confirmó que le hubiera pagado o que hubiera participado de los pagos.

Lo que el juez Villena le mostró a los tres ex detenidos, siempre con gráficos en un pizarrón, era que había 22 espías que se repartían el espionaje de 12 presos. Los mecanismos eran cámaras, micrófonos, la escucha del teléfono público y las operaciones para robarle o espiarle los celulares y computadoras a todos los que iban a Ezeiza a visitar a los detenidos. Para justificar estas ilegalidades se aducía que las operaciones de espionaje se hacían para evitar actos de la banda de narcos capitaneada por el rey de la efedrina, Mario Segovia, a quien “oportunamente” el Servicio Penitenciario Federal (SPF) metió con los empresarios y exfuncionarios. Cuando allanó el penal, Villena encontró la cámara con la que se espiaba ilegalmente a Segovia y pegado al aparato una estampilla de la Aduana. Eso le permitió establecer que la compra fue de nueve cámaras, lo que indica que se espiaban ocho ámbitos más: celdas, lugares de reunión con los abogados y con los familiares. No son pocos los que culpan al propio Villena de haber permitido ese espionaje a Segovia y abrir la puerta para espiar a quienes estaban alojados en lo que el macrismo llamó el IRIC: Intervención para la Reducción de Indices de Corruptibilidad.

Los semáforos, de la dictadura al macrismo

Por supuesto que en la clasificación, los semáforos rojos eran, entre otros, para el exministro de Planificación Julio De Vido, su mano derecha Roberto Baratta, los empresarios del grupo Indalo, Fabián De Sousa y Cristóbal López, Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, Lázaro Báez y el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime. Con el naranja/amarillo figuraban Llorens y otros exfuncionarios de segunda línea de Planificación presos en la causa de los cuadernos, el exintendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, el dirigente Fernando Esteche. Con verde aparecían, por ejemplo, Carlos Kirchner y Jorge Chueco, que fue abogado de Báez.

“Durante la dictadura, cuando estuve preso, ya me clasificaron –contó Ferreyra–. Los presos G1 éramos lo irrecuperables; los presos G2 estaban en observación y los G3 eran los que se podían recuperar para la sociedad, según los militares. Ahora me volvieron a clasificar. Es todo muy siniestro”.

Respecto de los funcionarios de mayor rango, utilizarían el producto del espionaje en algún programa de televisión amigo y luego un fiscal se ocuparía de judicializar el material. Es lo que hicieron, por ejemplo, con escuchas a Lázaro Báez y Roberto Baratta. De otros funcionarios interesaba ver qué decían para presionarlos y llevarlos a “arrepentirse”. Y a los empresarios que no se “arrepentían” los arrinconaban para que vendan todo o parte de su empresa.

“Tal vez lo que más me impresionó al ver el pizarrón y los papeles –relató De Sousa– fue percibir la manera en que nos tenían rodeados por los cuatro costados. En primer lugar, vi quién era el agente que se ocupaba de mi seguimiento. El estaba a cargo y tenía un equipo que me monitoreaba las 24 horas. Calculo que en mi caso y el de Cristóbal López espiaban a no menos de 250 personas: los socios, los apoderados, los gerentes, los familiares, los amigos, todos los que tenían alguna relación con nosotros. Y lo que percibíamos es que preparábamos una táctica judicial o pensábamos un escrito y antes de las 48 horas, antes de presentarlo, ya nos habían puesto algo en el camino. Es tremendo”.

El organigrama del espionaje

La estructura del espionaje era la siguiente. En la primera línea estaban los 22 agentes del SPF que reportaban al Área 50, que era Inteligencia del Servicio Penitenciario. Había material que robaban de los presos o sus familiares –celulares, computadoras– que llevaban a la Escuela Penitenciaria, donde tenían una oficina en la que manejaban todo el material ilegal, incluyendo algunas grabaciones y filmaciones. 

El Área 50 tenía comunicación directa con el grupo de whatsapp llamado Super Mario Bros, de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI): Alan Ruiz, el jefe de operaciones y hasta ahora único detenido por espionaje a Cristina Fernández de Kirchner, los policías Leandro Araque y Jorge “el Turco” Sáez y el abogado Facundo Melo. 

Por esa vía, la información subía a las máximas autoridades de la AFI, encabezadas por el íntimo amigo de Macri, Gustavo Arribas y de ahí a la Casa Rosada. En paralelo, Super Mario Bros también hacían sus visitas a Susana Martinengo, coordinadora de Documentación Presidencial, en la propia Casa Rosada, a pasos del sillón de Rivadavia.