Estallidos argentinos

Los episodios que recorre el libro, en sendos capítulos, son: la presidencia de Adolfo Rodríguez Saá, la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, el 2 × 1 a genocidas habilitado por la Corte Suprema y el repudio social tras la sentencia, la decisión de Néstor Kirchner de juzgar a los represores y reabrir los juicios, el asesinato del Oso Cisneros y la toma de la comisaría 24, la cobertura policial y mediática del caso Pomar, el asesinato de Carlos Soria, las muertes violentas de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Y una ucronía sobre el gobierno de Néstor Kirchner, que también se anticipa aquí.

• La presidencia fugaz de Adolfo Rodríguez Saá
  23 al 30 de diciembre de 2001

Dos escenas de la breve presidencia de Adolfo Rodríguez Saá quedaron famosas: cuando anunció la suspensión del pago de la deuda externa en el Congreso nacional y cuando renunció en San Luis. Conjugan su momento de éxtasis y de agonía. Formulo una propuesta anómala: buscar los videos en YouTube y verlos ahora mismo antes de seguir leyendo. Esclarecen. Como esto es un libro, los contaré: un puñado de palabras –aspiro– explican tanto como un par de imágenes.

“El Adolfo” es un tipo expresivo, locuaz, seductor. Gesticula mucho, con énfasis. Si está serio, frunce el ceño y todo su cuerpo lo acompaña. Su sonrisa es de aquellas que adornaban las viejas y eficaces propagandas de dentífricos: de oreja a oreja, ostentando dentadura completa.

Cuando dice, en el Congreso: “Anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa”, el primer visaje dura una fracción de segundo y trasluce la gravedad de la cuestión; se trata de una decisión tremenda. No bien termina la frase, estallan aplausos. El hombre tocó una vena sensible, añoranzas del pasado, banderas ilustres. Los legisladores (no la totalidad, pero sí muchos) aplauden, se ponen de pie, gritan y vitorean “¡Argentina! ¡Argentina!” moviendo el antebrazo.

El semblante del orador cambia. Recorre panorámicamente la Cámara, asiente con la cabeza, una y otra vez. Da la sensación de haber crecido. En segundos, dejó de ser el cirujano que anuncia una operación imprescindible pero dolorosa: se metamorfoseó en líder que da vuelta la historia. O eso creyó… Una semana perduró el Adolfo, y le complace especificar que constó de cuatro feriados y tres días hábiles.

Paso a la escena de la agonía. La filmación de la renuncia, emitida por un canal de cable de San Luis, hasta podría observarse sin audio. Es mortecina a carta cabal, hay “fritura” en la imagen, parece una transmisión internacional de los años sesenta, el primer alunizaje. El presidente anuncia su dimisión, asilado en la provincia que venía gobernando desde 1983. Lo rodean funcionarios y aliados sanluiseños de toda la vida, buena parte del extinto Gabinete nacional. Están sentados en derredor, con cara de velorio. Con imaginación, la escena parece El entierro del Conde de Orgaz de El Greco: la gente no es tan delgada, pero la palidez se entrevé.

Dos interrogantes quedan picando. El primero es más interesante que el segundo, a fuer de más enigmático: ¿cómo llegó Rodríguez Saá a la Casa Rosada siendo que ese puesto “no era para él”? El segundo, ¿por qué renunció o lo renunciaron?, admite respuestas evidentes.

El Adolfo ascendió a presidente porque tuvo la voluntad de serlo en un marasmo fenomenal, cuando muchos flaqueaban o se escapaban. Y debió irse por la fuerza gravitacional de la política, que se inclinaba hacia Eduardo Duhalde. La magnitud de la crisis y el miedo son pilares del contexto, a menudo subestimados. Retrocedamos para contar los hechos en orden cronológico.

[…]

La Asamblea Legislativa congrega a todos los legisladores nacionales. Se usa el recinto de Diputados, que dispone de más bancas que el del Senado. De cualquier manera, los buenos asientos no alcanzan para añadir 72 senadores. Se agregan sillas por aquí y acullá. Hay hacinamiento, desorden y calor humano, en especial en esa jornada. El flamante senador Duhalde, sentado en una sillita, las piernas juntas, la vista fija en el más allá, transmite la viva imagen de la desesperanza. Bajoneado cuando menos, clínicamente deprimido en una de esas. La presidencia se le había escurrido entre los dedos.

El flamante presidente provisional está a sus anchas, toca el cielo con las manos. Proclama la suspensión del pago de la deuda. El estallido de la tribuna colma su entusiasmo: se tenía fe, ahora se la cree.

Poco después, la capital, el Conurbano bonaerense y San Luis amanecen empapelados con carteles que propagan “Adolfo 2003”. Las dos “o” reemplazadas por sendos huevos; la creatividad escasea, pero el mensaje es comprensible. Rodríguez Saá orejea las cartas y advierte que dispone de margen para sostener su mandato hasta 2003. Está latente (o sea, por nacer) la esperanza de ser candidato para el período posterior. Un gesto local refuerza esa interpretación: el Adolfo había renunciado a la gobernación sanluiseña, cuando habría podido pedir licencia. Estaba claro, maquinaba establecerse en Buenos Aires.

El Adolfo desechaba gobernar unos meses y llamar a elecciones, como establecía el pacto primigenio platicado en Merlo. Se percibía en la cima… mientras tanto, empezaba a correr la fulmínea cuenta regresiva.

La hiperkinesia y la exaltación invaden al presidente. Llega al alba a la Casa de Gobierno, sale de su despacho de vez en cuando a dar conferencias de prensa de parado. Sonríe, promete mejoras inminentes. Derrama optimismo, de pronto corta la conferencia y anuncia: “Me voy a trabajar”. Almuerza frugalmente, pan y un buen plato de quesos si cuadra.

Confiado en las encuestas y en el olfato (herramientas falibles que miden la sensación térmica momentánea), el Adolfo acumula gestos inesperados y rotundos. Recibe a las Madres de Plaza de Mayo, una invitación desacostumbrada hasta entonces, que se haría hábito en los gobiernos kirchneristas. Habían sido apaleadas el 20 de diciembre, representaban la resistencia, calibra Rodríguez Saá. Habrán incidido, además, los consejos de su hermano Alberto, muy consustanciado con la lucha por los derechos humanos.

A ese baño de pluralismo progresista lo sucede uno de peronismo explícito. Va a la Confederación General del Trabajo (CGT), entra casi solo, en mangas de impecable camisa y corbata, para ser aupado por los dirigentes y aplaudido a rabiar por muchachos que colman el salón Felipe Vallese. Promete gobernar para los trabajadores, dejar las obras sociales a los sindicatos. Canta la marcha peronista a coro y a voz en cuello. Se retira empapado de sudor y confiado en su estrella.

Promete crear un millón de puestos de trabajo en un santiamén. No hay plata en las cajas del Estado, y la mayoría de las empresas están quebradas, de modo que incurre más en una fantasía que en una variante posible de keynesianismo.

En una reunión de Gabinete adopta un cliché: achicar los gastos del Estado.

“¿Cuántos celulares tenemos en el Estado?”, indaga.

El secretario general de la Presidencia, Luis Lusquiños, fiel compañero que lo ladea desde hace años, había ido preparado.

“XXX, presidente”.

“No se usan más. ¿Cuánto ahorramos?”.

“XXX pesos”.

“¿Cuántos vehículos oficiales tenemos?”.

“XXXXXX”.

“Busquemos un lugar donde estacionarlos y se van vendiendo”.

El secretario de Seguridad, Juan José Álvarez, alerta que se quedará sin patrulleros. La medida se retracta, antes de que el ministro de Salud se cure en ídem, pensando en las ambulancias. El mundo sigue andando.

• Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, víctimas fatales de una guerra inventada
  1º de agosto al 25 de noviembre de 2017

Los cortes de ruta se convirtieron en práctica diaria desde fines del siglo XX. Los más intensos, perdurables y agresivos corrieron por cuenta de las patronales agropecuarias y sus aliados en el conflicto por las retenciones móviles. Las clases dominantes se indignan cuando “piquetean” otros, pero no se privan de usar la herramienta con mayor virulencia que los demás argentinos. Un piquete en la ruta nacional 40, en el gélido agosto chubutense de 2017, no conturbaba la paz interior, pero la ministra de Seguridad Patricia Bullrich lo escogió como casus belli contra la RAM.

Un pequeño grupo de mapuches reclamaba la liberación de Facundo Jones Huala, lonko o líder de la comunidad Cushamen, en el noroeste de Chubut. Brotó la decisión gubernamental: hacer tronar el escarmiento. Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad (y mano derecha de la ministra), viajó a Bariloche el 31 de julio, se aposentó en un hotel lujoso para coordinar un nuevo mecanismo represivo con los mandos de las fuerzas de seguridad federales: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria. También con las policías provinciales de Chubut y Río Negro. A todos les “bajó” la nueva metodología: cero tratativas, acción directa, mano dura. Se lo comunicó al juez federal de Esquel, Guido Otranto, quien hasta entonces mantenía negociaciones y un sistema de acuerdos no escritos con la comunidad mapuche. Desde ese día, Otranto le hizo la venia a Noceti.

El propio Noceti definió que el corte de ruta en un paraje aislado, inocuo, tipificaría –¡antes de concretarse!– un delito flagrante que posibilitaría una respuesta armada sin previa orden judicial.

El operativo del 1º de agosto inauguró la nueva doctrina. No medió orden de Otranto; Noceti le avisó desganadamente, tan solo. El juez le deseó “suerte” en el operativo. La Gendarmería actuó aplicando “la línea” fijada por el gobierno nacional.

Santiago Maldonado, un artesano con inquietudes humanistas y sociales, se había sumado a la revuelta.

La ruta había sido despejada en la madrugada del 1º de agosto. La urgencia no se justificaba por la necesidad de garantizar la circulación, entonces. Los mapuches se arrimaron de nuevo al borde del pavimento en la mañana. Los gendarmes se lanzaron a un ataque sin precedentes. Eran superiores en número (diez a uno, mínimo, a ojo de buen cubero) y en armamento. Los mapuches resistieron la orden de dispersarse; se desató la represión. Enardecidos por directiva superior y por el fragor del enfrentamiento, los gendarmes desplegaron una ofensiva brutal. Intercambiaron pedradas con los manifestantes, blandieron sus armas antitumulto, dispararon.

No cejaron cuando los mapuches abandonaron el borde de la ruta, supuesta causa del operativo. Imágenes y audios de Gendarmería revelan el estado de ánimo de los atacantes. “Hay que patearles todo, la cuestión es esa”, prorrumpe uno. Neronista, un colega clama: “Hay que quemarles las casas”.

Los manifestantes huyeron. Escapaban. Se trataba de correr, retirarse, esconderse. Fuera de la ruta estaban dentro de su comunidad Pu Lof. La “recuperación territorial Pu Lof en resistencia” sobre tierras que son propiedad privada de la multinacional Benetton no era novedad: había empezado en 2015.

Los gendarmes acosaban de cerca a los manifestantes, pisándoles los talones; una distancia de veinticinco segundos medida en tiempo según el informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin). Dispararon sus armas. “¡Fuego libre, escopetas! ¡Fuego libre!”, azuzaba un jefe de escuadrón. “Hay que darles corchazo hasta que tengan”, tradujo libremente un subordinado.

En un paraje remoto, hostil, faltó la cobertura mediática que descifró los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Las imágenes fueron provistas por el Estado nacional: a regañadientes, dilató cada paso, sustrayendo algunas.

Santiago era delgado, pesaba sesenta kilos. Portaba sobre su cuerpo treinta kilos más, mayormente de abrigos. Una sobrecarga que trabaría sus movimientos y desnuda su falta de experiencia. Corrió hacia el río mientras sonaban detonaciones de armas (prescindo de llamarlas “corchazos”); setenta y tres según los videos oficiales. Conteo mínimo, más vale.

Santiago llegó al río. En las inmediaciones tiraban, aterrorizaban y puteaban a gritos doce gendarmes, según la estimación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), trece según el periodista Sebastián Premici. A la orilla del Chubut, Santiago no gozaba de libre albedrío. Con los mastines humanos a sus espaldas, acaso no le quedaba otra que lanzarse. Le temía al agua y no sabía nadar, cuentan. Un temor superior, acuciante, pudo compelerlo. No se sabe porque no están registrados esos momentos; jueces y fiscales tenían que investigarlo, precisamente. No cumplieron su deber. Una fuerza superior los compelía: el gobierno nacional.

• Ucronía. Cuando Kirchner aplicó la doctrina Irurzun
  Tres expresidentes presos. La dictadura populista
  25 de mayo de 2003 al 10 de diciembre de 2011

Ucronía: “Reconstrucción de la historia sobre datos hipotéticos”, define la Real Academia Española. La que intentaremos narra, como cuadra, algo que no sucedió realmente. Un pasado que no fue. Mejor dicho, que sí sucedió pero en tiempos posteriores al período 2003–2011. Allá vamos.

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Néstor Kirchner ganó con mucha fortuna y votos prestados las elecciones de 2003. Salió segundo en la primera vuelta, detrás del expresidente Carlos Menem. Este se retiró del balotaje sabiendo que sería vencido: proyectaba enorme rechazo, tanto que el ignoto Kirchner se bastaba para ganar con el apoyo del entonces presidente Eduardo Duhalde. Candidato de descarte, elegido para frenar a Menem, carente de poder propio, a Kirchner lo obsesionaba construirlo.

Su programa consistía en un conjunto de medidas demagógicas, que mejoraban las condiciones de vida de millones de argentinos. Su estrategia política era conquistar al peronismo, además de a la clase trabajadora. Para eso, debía sacar de la pista a Menem (herido, pero con alguna vigencia) y a Duhalde (su verdadero rival). No confió en lograrlo con solo gobernar. Se propuso un plan asombroso. Encarcelar a tres presidentes que lo habían precedido: además de Menem y Duhalde, cayó en la volteada el radical Fernando de la Rúa. Aunque estaba desahuciado como competidor, era imposible hacerlo zafar mientras se apresaba a los colegas. Así y todo, la empresa no lucía sencilla; podía quedar en evidencia como una decisión caprichosa, autoritaria.

La herramienta para consumar la vesania le cayó del cielo o, para ser estrictos, de una prestigiosa revista jurídica. Martín Irurzun, camarista federal destacado y republicano (minga de peronista), publicó por entonces un artículo admitiendo un uso más intensivo de la prisión preventiva durante un proceso judicial, sin que mediara condena.

La elucubró en términos abstractos, sin pensar que sería trasladada de modo brutal a la arena política. La “doctrina Irurzun” fue escrita por un hombre docto con más ligereza que dolo. Cabía considerar la perspectiva de mandar en cana –teorizó Irurzun el bueno– a quien pudiera fugarse, entorpecer la causa, conservar poder residual o relaciones gravitantes. Kirchner transformó en un arma esa tesis concebida como insumo para la discusión académica.

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Los tres exmandatarios acumulaban graves acusaciones penales en su contra. De acuerdo con las reglas no escritas de la convivencia política, era inimaginable que se los pusiera entre rejas. Las normas penales tampoco lo habilitaban.

Menem, que había gobernado hasta 1999, coleccionaba expedientes, algunos avanzados.

• La venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Y para esconder las pruebas de este hecho, la explosión deliberada de la fábrica militar de armamentos en la ciudad cordobesa de Río Tercero, que ocasionó muertos, heridos y daños materiales terribles. Una situación anómala, en la que el encubrimiento de un delito es más grave que el crimen original.
• El encubrimiento y el armado de pistas falsas en la pesquisa sobre el atentado a la AMIA.
• Pagos ilegales de sobresueldos y enriquecimiento ilícito.

De la Rúa cargaba con la masacre del 20 de diciembre en las inmediaciones de Plaza de Mayo y las coimas distribuidas entre senadores para lubricar la aprobación de la Reforma Laboral. Duhalde, con los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

Los expedientes contra Menem estaban más avanzados, por haber comenzado antes. Los de sus colegas, en sus primeros pasos. Evito adentrarme en las contingencias judiciales: nada tuvieron de serio, todo de arbitrarias. Jueces federales nombrados por el menemismo gozaron persiguiendo a De la Rúa. Desprejuiciados, ellos u otros la emprendieron contra los dos peronistas. Se los detuvo en condiciones vejatorias: de noche, sacándolos de la cama, en pijama. De la Rúa quedó doblemente desairado porque fue llevado descalzo y con gorro de dormir. Duhalde, friolento, usaba soquetes y pantalones cortos. Menem, arrestado un día después, tomó prevenciones a su manera: se calzó un pijama animal print y chinelas doradas.

Se les negó la excarcelación. La UCR puso el grito en el cielo: jamás toleraría ni practicaría esa modalidad de vindicta. Una fracción altísima de dirigentes peronistas miró para otro lado, más dispuesta a acompañar a Kirchner, cuya popularidad aumentaba día tras día.

La Nación perfeccionó el lenguaje de la UCR, agregándole dicterios sobre las sucesivas tiranías peronistas. “Esta tribuna de doctrina no admite detenciones de estadistas sin que medien condenas firmes, ni lo hará jamás”, alegó en el primero de sus diez editoriales sobre esta cuestión, publicados en dos años. Juristas de universidades privadas se encolerizaron, en tanto que formadores de opinión consagrados advirtieron sobre los riesgos de contagio.

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Los tribunales federales, sin embargo, se cebaron contra los acusados y mantuvieron una clara línea directa con la Casa Rosada. Kirchner se aferraba a un mantra: “Que decida la Justicia”, mientras azuzaba a sus operadores en los tribunales de Comodoro Py.

Jueces y fiscales se valieron de la figura de la asociación ilícita para involucrar a familiares o funcionarios del trío perseguido. Si los ayudaron, si contribuyeron a los hechos criminosos, duro con ellos. Ordenaron allanamientos espectaculares transmitidos en vivo por los medios oficiales. Excavadoras hollaron las propiedades de Menem en La Rioja, la casa quinta de De la Rúa en Villa Rosa, la vivienda de Duhalde en Banfield.

Integrantes de los respectivos gabinetes sufrieron asedios o fueron arrestados. El extitular de la SIDE, Fernando de Santibañes, se encontraba en Kentucky; uno de sus caballos purasangre disputaba el famoso Derby. Fue forzado a regresar y terminó en la cárcel. El fiscal ordenó secuestrar al pingo, que se encabritó y obligó a los oficiales de justicia a suspender el procedimiento. En el ínterin, la intercesión de asociaciones protectoras de animales yanquis hacía lo posible por truncar la payasada.

Ni los parientes cercanos eludieron la vendetta. Se allanó el convento donde había profesado su fe la hija monja de Duhalde, sin dar con objetos de valor económico ni con armas ni con ella misma.

Antonio de la Rúa, mentor del entorno de su padre, fue detenido mientras inauguraba un restó de sushi. La sinrazón de los fiscales alcanzó a la pareja de Antonio, la cantante Shakira. El pedido de captura internacional a Interpol se pasó de la raya. El Estado colombiano le hizo llegar su repudio a Kirchner: el embajador en la Argentina se retiró durante unos días. La comunidad artística mundial se alió a la popular Shakira. Decenas de ídolos musicales firmaron un manifiesto (Joan Manuel Serrat y Luis Miguel, entre tantos otros). Un par de discretas llamadas de la Casa Rosada a Comodoro Py obtuvieron que la medida se retractara y que la persecución quedara reducida al ámbito del cabotaje. Adolecía de numerosas fallas, su fragilidad jurídica saltaba a la vista. Kirchner pensaba solo en el ejemplo disciplinador y en las elecciones de medio término.