Fabián Rodríguez Simón, el operador prófugo que quiere ser un refugiado

Para la jueza María Servini, el pedido de refugio político de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón en Uruguay es “absolutamente improcedente” y “parecería un atajo para obstruir el curso de la investigación”. Por eso lo declaró en rebeldía, pidió su captura internacional y decretó la inhibición general de todos sus bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias. Pocas horas después, el operador judicial favorito de Mauricio Macri se presentó ante la Justicia del país vecino para adelantarse a la búsqueda que iniciaría Interpol y pedir que se resuelva pronto su pedido de asilo. Hasta ahora no había tenido suerte en esos tribunales, donde un juez ya le rechazó el 6 de mayo un pedido de “habeas corpus” por extemporáneo. La resolución de Servini dice que no tiene ningún argumento para alegar que existe en su contra una “persecución política”, la razón que invoca para que le den el carácter de refugiado y evitar su posible extradición. Esa es la queja que hizo pública. Servini lo había citado a indagatoria en la causa donde investiga una presunta asociación ilícita y le atribuye amenazas y extorsiones concretas contra los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de De Sousa, y maniobras con el objetivo de perjudicar a sus empresas (mediante hostigamiento o ahogo financiero) o de quitárselas.    

Una lectura más política conduce a suponer que Rodríguez Simón quiere alimentar cierta idea de que Argentina es como Venezuela, que a él y a otros los persiguen, pero lo más curioso es que buena parte del esquema de Comodoro Py actual es el que se moldeó durante el gobierno de Macri. No había mucho para pensar que lo podían meter preso o que la causa representara para él una situación de gravedad inusitada. Después de la aplicación extendida de la doctrina Irurzun no hubo más detenciones de esas características en el fuero federal porteño. Ningún funcionario/a de Macri fue detenido/a, aunque existen investigaciones por delitos graves como las violaciones a la ley de inteligencia. La propia Servini se lo dice al operador en la resolución: “Luego de más de dos años de trámite no se le ha impuesto ninguna medida cautelar ni real que pudiera dar un viso de verosimilitud al temor que el imputado pretende sostener y, mucho menos, a lo que denomina ‘persecución política’ (…) Rodríguez Simón tiene herramientas procesales en el país (de diverso tipo) para articular estos planteos dentro del ámbito del proceso penal, es decir, el Poder Judicial de la Nación, poder autónomo del poder político respecto del que plantea sus sospechas”, dice la jueza. “Los delitos que aquí se investigan de ningún modo pueden considerarse delitos políticos”, insiste. Y le aclara, además, que nadie del Poder Ejecutivo actual es parte en este expediente. 

El malestar dentro de Juntos por el Cambio, pese a que Rodríguez Simón avisó de su decisión, tiene que ver con el efecto que tiene para otros. El propio Macri encabeza la lista de imputados en esta causa, junto con su ex jefe de asesores José Torello, el ex secretario de coordinación Mario Quintana, los ex titulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli, otros integrantes de ese organismo, los empresarios Nicolás Caputo, Ignacio Rosner y Orlando Terranova. 

Servini dice que Rodríguez Simón siempre estuvo notificado del expediente, que el año pasado avisó cada vez que viajaba hasta que en un momento dejó de hacerlo. Eso fue el 8 de diciembre, cuando se fue a Uruguay y no volvió más. Primero dijo que no podía regresar. Apenas la jueza dictó este año la prohibición de salida del país (cuando vio que estaba arraigado en Uruguay y mantenía contacto “con diferentes estamentos del poder” como señaló la querella), el 29 de marzo, “Pepín” dijo que tenía un pasaje de Buquebús para regresar el 15 de mayo, el sábado pasado. Había conseguido que se le aplazara el llamado a indagatoria, prevista el 26 de mayo, y que pasara para el 17 de junio. Sería por Zoom, pero la condición era que estuviera en Argentina. Aún así, anunció su pedido de refugio. 

Con esos antecedentes, más declaraciones de testigos que lo comprometen y los cruces de llamados telefónicos que ratificarían –dice la resolución– la existencia de episodios en los que los querellantes describieron aprietes, Servini resolvió la declaración de rebeldía y pedido de captura. “Rodríguez Simón dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la Justicia, lo cual reitero fue ratificado por su letrado defensor el 18 de mayo de 2021 en el escrito donde anuncia su trámite antes las autoridades uruguayas.” 

Según reconstruyó Página/12, Rodríguez Simón venía ya preparando el terreno para esta situación hace algunas semanas. El 6 de mayo presentó en Uruguay un “habeas corpus preventivo” donde decía que peligraba su libertad y que se había presentado ante la Comisión de Refugiados porque es “perseguido por sus opiniones políticas”. Avisaba que estaba convocado a indagatoria pero que como no se iba a presentar sabía que Interpol sería notificada. Pedía que se prohibiera “su detención administrativa”. El juez Marcelo Malvar Juncal le advirtió que su presentación era apresurada, que todavía –según su relato– podían faltar muchos pasos para una supuesta detención y que su planteo “desnaturaliza” una herramienta “tan valiosa” como el habeas corpus. El  juez rechazó su pedido “de plano”, un día después de presentado, y le dijo que “no existe acción ilegítima de ninguna autoridad administrativa –ya que lo que esté sucediendo en Argentina no es objeto de este proceso y, en todo caso, tampoco tiene naturaleza administrativa– que afecte la libertad del accionante ni tampoco existe inminencia o amenaza de dicha actuación o de la lesión a la libertad”. A la vez le recriminó que estaba pasando por alto el proceso pendiente por su pedido de refugio. 

El exasesor eligió pedir ser considerado “refugiado” político porque es una figura contemplada por Naciones Unidas, precisamente ante situaciones de persecución y amenaza para la seguridad o la libertad, que si es concedido conlleva protección frente a un pedido de extradición. Aunque no tienen anclaje en la realidad, todos esos motivos fueron los alegados por Rodríguez Simón. La decisión inicial de admitir o no la solicitud es de la Comisión de Refugiados (CORE) que está integrada por un/a representante de la Cancillería uruguaya, otro/a de la Direccion de Migraciones, uno/a de la universidad, otro/a del Poder Legislativo, dos ONG, y por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) o su representante. 

La CORE tiene 90 días para evaluar el requerimiento y lo que diga es elevado al Poder Ejecutivo, que debe expedirse. Si hubiera un exhorto y aún no hay decisión, la Justicia es la que podría resolver si se sigue con el trámite o si directamente extradita. Mientras dura el trámite no hay extradición. El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, fue consultado por el pedido Rodríguez Simón en la conmemoración del aniversario 210 de la Batalla de Las Piedras, y dijo que “si cumple con determinados requisitos sí (se aprobará)”. No parece encajar en los requerimientos, según funcionarios uruguayos dejaron trascender. Habrá que ver qué pasa con el proceso de extradición, que la jueza ya anunció también. 

Ayer, después de conocerse el pedido de captura, el operador macrista se presentó en los tribunales de Montevideo y dijo que es solicitante de refugio. El juez avisó a Interpol. El trámite ante esta fuerza internacional ya había sido iniciado por Servini que en su resolución aclaró que “si bien Rodríguez Simón es miembro del Parlamento del Mercosur, lo cierto es que la Corte Suprema ya ha decidido que la inmunidad de arresto prevista en la normativa citada resulta inconstitucional y no se aplica a casos como este”. El fallo supremo al que se refiere es el que negó inmunidad a Milagro Sala. Pepín fue también director de YPF, titular de la UCEP porteña que apaleaba a personas en situación de calle, abogado de Clarín y asesor múltiple de Macri, pero tuvo enorme poder como operador judicial. 

La jueza Servini hizo una descripción del núcleo de la investigación en estos términos: “se investiga la presunta
existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde
las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de
aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las
empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a
través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses,
habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al
patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las
empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a
precio vil, presuntamente en beneficio de intereses empresarios afines
al gobierno y en perjuicio de los intereses públicos por los que debía
velar el organismo recaudador nacional”. Le da relevancia también al relato de Cristóbal López, quien dijo que “tales actos habrían sido efectuados como consecuencia
de su negativa al pedido expreso del entonces candidato a presidente Mauricio Macri, para que las empresas de medios del
Grupo Indalo estuviesen a su disposición para encarcelar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner”. Repasa también las presiones declaradas por algunos de sus socios, sobre todo en negocios vinculados al juego, para que pagaran más Ingresos Brutos, de lo contrario se les declaraba “la guerra”. Según el expediente la “guerra” comenzó con algunas notas en el diario La Nación. Terminó con la detención de López y De Sousa, durante dos años. 

Durante los últimos meses varios de los imputados, con Macri a la cabeza, intentaron frenar los análisis de los llamados telefónicos. El de Rodríguez Simón ya se hizo y según Servini es prueba relevante sobre los aprietes. Además dejaron a la vista sus contactos frecuentes con otros de los imputados y otros personajes claves: 400 con la Secretaría General de la Presidencia, 162 con el exministro de Justicia Germán Garavano, 139 con Jefatura de ministros en un teléfono que también fue de Farmacity (sería de Quintana), 59 llamados con el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, 15 con Torello, otros tantos con el Grupo Clarín y La Nación.