Esta vez la audiencia en la Corte Suprema por los recursos para el traspaso de la policía a la Ciudad de Buenos Aires fue breve. Los representantes de la administración porteña, que planteó la incontitucionalidad de la modificación del porcentaje de fondos destinados para eso, y los del gobierno nacional, acordaron pasar a un cuarto intermedio en la deliberación judicial, para dar paso a una negociación política. Horacio Rodríguez Larreta ya dijo que aceptaba la convocatoria que le hicieron el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el de Interior, Wado de Pedro, para acordar criterios como estableció la ley aprobada a fines de 2020. Esa reunión será el martes que viene. De todos modos, en el entorno del jefe de gobierno acotan que consideran que para ellos todo es parte del proceso judicial, pero no reconcen la norma en cuestión. Por el momento, ni de uno ni de otro lado parece haber predisposición a flexibilizar posiciones. En el alto tribunal repiten algo que ya es casi slogan: “que la política resuelva los problemas de la política”. Aun así, para el 26 de mayo fijó una nueva audiencia.
Larreta inició una demanda ante la Corte en septiembre del año pasado después de que Alberto Fernanández anunciara una reducción en los fondos previstos desde 2016 para el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Benos Aires. Fue después de una protesta de la policía bonaerense que desafió al gobierno de Axel Kicillof. El gobierno de Mauricio Macri había aumentado por decreto los fondos coparticipables destinados a la adminstración porteña de 1,4 a 3,5 por ciento con el argumento del traspaso policial. Fernández redujo la proporción al 2,3 por ciento, para otorgar fondos destinados a la policía de la provincia de Buenos Aires. Es reasignación fue aprobada en diciembre de 2020 por una ley que fijó un mecanismo para que una comisión evalúe el costo de la trasnferencia policial y llegar a un acuerdo entre las administraciones. Pero Larreta prefirió apostar a la pelea juicial en la Corte, donde ya se anotó un punto con el fallo que le dio la razón al decir que el gobierno nacional violó la autonomía porteña con el DNU que suspendió la presencialidad en las aulas en el AMBA.
En la Corte aspiran ahora a salir del foco de atención y a espaciar las audiencias de la pelea por la coparticipación. Insisten en que el conflicto debería zanjarse fuera de tribunales. Pero llegado el momento, si lxs supremxs tomarán posición si no hay conciliación posible entre los gobiernos. A la nueva audiencia de este martes fueron los mismos representantes que habían ido al primer encuentro, en abril: por la Ciudad asistierion el procurador general, Gabirel Astarloa, el ministro de Hacienda, Martín Mura, y el secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, y por la Nación, los abogados del Ministerio de Economía Sergio Acevedo, Ricardo Eduardo Yamone y Guillermro Anderson. El lunes por la noche el Estado Nacional presentó en la Corte un escrito donse informaba que había una reunión prevista, como instancia de dialogo, para el 18 de mayo.
Hasta ahora ambos gobiernos no parecen tener posiciones muy reconciliables, pero habrá que ver qué pasa cuando se vean frente a frente. El gobierno nacional hizo cálculos precisos sobre le costo que requería el traspaso de la policía, en los que contabilizó los salarios agente por agente y otras cuestiones, desde armas hasta patrulleros. El cálculo toma como punto de base el año 2016 y daba un total de 8047 millones de pesos, el equivalente según este criterio a 0,92 porciento de los recursos que recibe CABA de coparticipación. El planteo es que debía sumarse al 1,40, lo que daba 2,32. Para Rodríguez Larreta el cálculo se debe hacer desde 2015, con una proyección que por inflación totaliza el doble de lo calculado por Nación. Según este planteo, hay una pérdida para la Ciudad de 65.000 millones de pesos. Para ellos, además, los fondos se deben destinar para una fuerza policial ideal, con muchos más efectivos de los que realmente hay y con otras tecnologías.
La Nación sostiene que está mal el planteo de que se trata de fondos coparticipables. Son fondos de coparticipación nacionales de los que participa la Ciudad, aclaran. Por lo tanto, el razonamiento es que el cálculo no tiene que estar enganchado a la coparticipación. En cambio, plantean un índice, para que el monto destinado a la policía sea actualizado según un índice compuesto en un 80 por ciento por el índice del salario promedio de la Policía Federal y el 20 por ciento por el índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. En la Casa Rosada defienden esta ecuación a capa y espada. La puerta para una negociación está abierta. La CABA sigue ciñendo su participación en la reunión de la semana que viene con De Pedro y Guzmán al contexto de la demanda en la Corte. En el gobierno nacional, todavía no saben bien cómo leer la predisposición de Rodríguez Larreta a sentarse a conversar.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/341261-fondos-para-la-policia-portena
