Guernica después del desalojo

Es el día después del desalojo. Como otrxs en su misma situación, Marcelo logró reingresar a la que fuera la toma de Guernica para buscar pertenencias. Va a cortar de golpe la conversación telefónica con Página/12 porque la Policía -que custodia el predio de 100 hectáreas- lo corre del lugar. El tiempo le da para recuperar tres tirantes de su casilla de lona y madera. “Si los comprás en un aserradero son 1500 pesos. A la mañana me llevé un cable”, cuenta. “Es una pelea entre pobres. Los pobres juntaron lo que podían, y se ve otra clase de pobres con carros y caballos, juntando la chatarra que se prendió fuego y que te compran”, describe, y manda un par de selfies bajo el sol. Lo rodean las ruinas de lo que fue un barrio con comedores, escuela y postas de salud. Por su parte, el ministro Andrés Larroque continúa instalado en la localidad, estableciendo acuerdos con las familias, y asegura: “El diálogo sigue abierto”.

“El día del desalojo la Policía entró reprimiendo sin miramientos ni nada. No le importaba quién estuviera. Esas cosas son feas. Te marcan. Generaron un conflicto de bronca, impotencia, con gente que buscaba un lugar donde vivir“, expresa el hombre de 54 años, cartonero. Ahora está con Mónica, su mujer, y sus hijxs de 11 y 13 años en la casa de su compadre, a pocas cuadras de la toma que duró 100 días. La familia es de Quilmes, y venía de otra toma. “Llevamos siete años en situación de calle. No siempre en la calle, pero sí pidiéndole a alguno que nos deje vivir. Pero tampoco vamos a vivir ‘agregados’ toda la vida en distintas casas. También alquilamos y nos echaron, porque no podíamos pagar o porque teníamos animalitos. Sufrimos un montón de cosas”, relata Marcelo, quien se desesperó en medio del operativo porque uno de sus caballos andaba suelto por el campo.

Fue su compadre, el que ahora lo aloja, quien le avisó de la ocupación. “Se hicieron tantas tomas en la Argentina que pensé que podíamos acceder a algo, pagarlo de a poco y que el Estado nos diera una mano, pero veo todo lo contrario“, dice. Se instaló en el 20 de julio, uno de los cuatro barrios en que quedó dividido el predio. Fue censado por el Estado. Algunos vecinos le comentaron que les habían ofrecido 30 mil pesos a cambio de retirarse de la toma. Entonces, cuando lo llamaron representantes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense decidió no ir a las oficinas: “Es que 30 mil pesos y un bolsón de mercadería no me alcanzan“. La promesa a seis meses de 3 mil lotes con servicios para Presidente Perón de parte del gobierno siempre le sonó “fantasma”. El supone que, adonde vaya, lo sacarán “a los palazos”.

La desconfianza de Marcelo es total, y más después del desalojo, claro -“parece que el Estado siempre miente”-. Es un síntoma social y de la época, que en Guernica y en pandemia estalló. Tampoco cree en las organizaciones que canalizan y acompañan el reclamo. Piensa que sacan provecho para sí de estas situaciones y que tensaron el conflicto favoreciendo el desenlace que tuvo. Pese a que pone el acento en la necesidad habitacional de familias como la suya, no habla de la toma desde un lugar romántico. Allí también sucedieron cosas como “la venta ilegal de terrenos”. La misma desesperanza recorre a Estela (54), vendedora ambulante de artículos de limpieza que en la pandemia no pudo alquilar más. No creía en nadie. Ahora menos. 

“Me descompuse por los gases, quemaron las casillas, a mi sobrino le pegaron, había chicos. Perdí lo poquito que tenía. Se pensaban que éramos ganado. No sé cómo pudieron hacer eso”, narra la mujer. “No nos daban tiempo a sacar nada. Pateaban las chapas, las puertas, como si fuéramos delincuentes. Queremos una tierra para vivir. Y esa tierra no tiene dueño. Es mentira. Mi mamá vivió muchos años acá. Ibamos a andar a caballo y remontar barriletes”, dice respecto del predio, abandonado durante 40 años. La Gremial de Abogados y Abogadas que representa a las familias ha aclarado que no hay titulares de dominio sobre el inmueble, y que la firma Bellaco SA -principal demandante- presentó apenas un plano. Paradoja: busca desplegar allí un fastuoso emprendimiento inmobiliario. Registra deudas ante ARBA por casi un millón de pesos. 

A Estela le ofrecieron construirle una casita si conseguía un terreno, y en efecto contaba con él, en la casa de su hermano. Firmó el acta acuerdo pero, según asegura, la ayuda nunca llegó. “Escuchaba en las asambleas pero sabía que era todo mentira. Con los años que uno tiene aprende muchas cosas. Ya de mentiras es demasiado. Ellos necesitan del pueblo, de los pobres, para que los vayamos a votar, pero después no se acuerdan de nosotros.” Tras lo ocurrido su hermano le prestó “una camita”.

Muchas familias pasaron la noche del jueves en casas de familiares o conocidos. Otro grupo acampó frente a la Municipalidad. El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad habilitó tres paradores -un comedor, un hogar y un club-, pero apenas ocho familias se habían acercado en la tarde del jueves. Los 36 detenidos fueron liberados el mismo día del desalojo, pero un grupo de diez personas ingresó a un sector del predio el viernes con la intención de volver a levantar casillas. La Policía detuvo a cuatro, tres ya fueron liberadxs.

Después de la represión

“Con la represión no se acaba nada. Siembra más bronca y fuerza“, aseguraron organizaciones de izquierda y delegadxs de la toma en una conferencia de prensa en el Obelisco este viernes. Hubo una movilización a Plaza de Mayo. El acontecimiento revela que el enorme operativo comandado por Sergio Berni no puso fin al conflicto ni a la demanda. Los oradores plantearon dos reclamos: la renuncia del ministro de Seguridad y la reapertura de la mesa de negociación con el gobierno provincial.

Distintas voces fueron relatando que muchas familias quedaron en situación de calle,  que el día anterior se habían visto mujeres saliendo del predio con sus bebés. Que fueron atacados “los merenderos y la escuelita”. Que hubo muchos heridos y “gente que no se sabe adónde fue a parar”. Aclararon que las casillas no fueron incendiadas por las familias, como difundieron algunos medios. “Estaban durmiendo los chicos, iban prendiendo fuego las casas, y así iban sacando a toda la gente. Le pedimos al gobernador Kicillof que nos dé una reunión y una respuesta“, solicitaron. “Un desalojo no es una solución. Queremos una.” Un referente del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) colocó balas de goma encima de una mesa para graficar la “violación a los derechos humanos” que signó al episodio. “Se nos viene una época muy negra. Pedimos que se garantice el acceso a la vivienda. No subsidios, no chapas, no albergues“, manifestó.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Serpaj denunciaron la desproporción del accionar policial y analizan realizar presentaciones formales “para que se activen respuestas institucionales en materia habitacional”. “Estamos pensando promover la necesidad de reactivar el diálogo, que quedó trunco por el desalojo”, adelantó Diego Morales, abogado del CELS. Otro próximo paso es el pedido a la Justicia de que “desprocese o desimpute” a 500 personas que fueron acusadas tras responder al primer censo, realizado en septiembre por la Municipalidad de Presidente Perón y la Fiscalía. Se trató de un “relevamiento que en vez de usarse para encontrar respuestas se utilizó para criminalizar”.

“Ahora el Estado está más atrás en términos de formalizar acuerdos, porque hay una desconfianza muy seria. Algo se rompe en las conversaciones cuando utilizás la fuerza. De por sí es delicado tener negociaciones en el marco de un proceso penal, ahora no sólo ocurre eso sino que se efectivizó un desalojo violento”, explicó Morales.

El diálogo entre el ministerio a cargo de Larroque y las organizaciones y delegades se cortó abruptamente el miércoles por la tarde, horas antes del despliegue policial. La versión del gobierno es que la propuesta oficial fue rechazada. En cambio, en la toma aseguran que el gobierno interrumpió la negociación. En ese momento lo que se discutía era el traslado de las familias a dispositivos de transición para su instalación definitiva en lotes con servicios dentro de seis meses. Habían asistido al encuentro con Larroque la mayoría de las organizaciones con presencia en la ocupación, a excepción del Polo Obrero y MST Teresa Vive. Uno de los referentes de esta agrupación, Nahuel Orellana, detalló algunas de las “inconsistencias” que para él presentaba el acta en juego: por ejemplo, a algunas familias se les ofrecían lotes, a otras subsidios, y no había precisiones sobre lo que sucedería con la totalidad de los barrios. Aquel día estaba todo dado para que La Unión -350 familias-, que había votado a favor de la propuesta en asamblea, se retirara del predio. Así iba a comenzar el proceso de desocupación pacífica, pero ya se sabe el final: gases lacrimógenos, balas de goma, casillas incendiadas.

Larroque dice que el “punto cúlmine” estuvo antes, el martes 27, cuando esperaba sellar el acuerdo porque tenía un “compromiso” con el juez Martín Rizzo y el fiscal Juan Condomí Alcorta de despejar parte de la toma. “Las organizaciones no vinieron. El fiscal entendió que lo estábamos verseando, por decirlo coloquialmente, y suspendió la posibilidad de seguir la negociación”, asegura el ministro.

Para Morales, el diálogo empezó tarde: “Al aplicarse el Código Penal, la Justicia entendió que este era un hecho de usurpación. Y lo primero que hizo el Estado fue un relevamiento para criminalizar”. La cartera de Larroque desarrolló un segundo censo. Se detectaron 1900 familias y se escucharon las causas por las que habían llegado a ese punto. El Ministerio ofreció respuestas individuales de acuerdo a la problemática de cada caso: podían ser subsidios, materiales de construcción, refugios para víctimas de violencia de género o paradores. De allí se pasaría a una respuesta estructural. Pero no todos confiaban en el pasaje ni se conformaban con esas soluciones, y emergió un reclamo colectivo: tierra por tierra. Cuando el Estado atendió a la consigna, surgió la propuesta de 11 hectáreas como transición a los 3 mil lotes con servicios. “Había algo interesante, pero en el medio de la negociación también hay que ver cómo se transmite todo eso a tanta gente. Ahí se trabó todo”, concluye el abogado.

Un tercer y último relevamiento con veeduría de CELS y Serpaj, de la semana pasada, arrojó que en el predio había 1400 familias. De ese universo, 650 aparecían en el censo del Ministerio. Estos números chocan con las declaraciones de los funcionarios, quienes aseguran que la mayoría de las familias había acordado para retirarse. De acuerdo a cifras oficiales, se fueron 732. “Y entonces, ¿quiénes están? Puede que haya familias que antes no estaban, pero a la vez siguen teniendo déficits estructurales. También puede que no hayan querido responder al censo anterior. Es una discusión que queremos dar”, dice Morales. En definitiva, la más emblemática toma de la provincia dejó al descubierto las dos caras del Estado: “el esfuerzo por encontrar una alternativa de relocalización y la decisión deliberada del fiscal y del juez de avanzar con un desalojo“.

La palabra de Larroque

El ministro que se volvió la cara visible del Estado en el conflicto habla con Página/12 sobre estas dos caras.
-Hubo casillas ardiendo y muchísimas balas de goma. Dijiste que no hubo represión. ¿En qué sentido no la hubo?
-El dispositivo tenía todas las precauciones para que no pasara nada que nadie quisiera que pasara. Esto corresponde más a Seguridad, pero puedo contar lo que conozco. El formato fue: las fuerzan avanzan y encapsulan cada casilla donde hay personas, de ahí no puede entrar ni salir nadie hasta que no llega personal civil a buscar a las personas. Cada cápsula se señalizaba con una bandera con un color a los efectos de mostrar si había niños, mujeres; eso remitía a los sectores auxiliares de otras áreas. Hubo un sector que eligió resistir y agredía a las fuerzas policiales, y por supuesto que las fuerzas tienen instrumentos disuasivos para completar su tarea. Pero no fue un operativo concebido desde la lógica de la represión.

-Hubo voces críticas dentro del Frente de Todos y muchas personas que apoyan al gobierno se sintieron defraudadas.
-Estuve 40 días en Guernica tratando de buscar una solución. Instalado. Por orden expresa del gobernador, con un conjunto de ministerios. Respeto todas las opiniones, pero acá no hay una foto de un día, hay un proceso de trabajo arduo. Vine todos los días, tuve infinidad de reuniones. Finalmente frente a la tosudez o la imposibilidad de llegar a un acuerdo la Justicia decidió avanzar.

Consultado en torno a la reactivación del diálogo, Larroque dijo que “siempre está abierto” y que sigue en contacto con las organizaciones. Al momento de la entrevista se encontraba en Guernica en el marco del dispositivo interministerial, fomentando “un nuevo acta acuerdo con las familias”. Volvió a responsabilizar a las organizaciones, sobre todo al Partido Obrero, por “no propiciar un acuerdo”. Berni fue más lejos: este sábado las acusó de ser las que lanzaban gases lacrimógenos, hipótesis fácil de contradecir si se ven las fotos del hecho. Por declaraciones como estas, Serpaj acusó al gobierno de “reduccionismo político” por plantear un “enfrentamiento con movimientos de izquierda” cuando en el medio hay familias de “extrema vulnerabilidad”.

Muchas familias, aseguró Larroque, fueron “engañadas” por las organizaciones: “No les transmitieron la propuesta del Estado y no nos dejaron entrar a trabajar de manera permanente en la toma”. El acta acuerdo que está ofreciendo el gobierno vuelve al principio: “subsidios y mejoramientos habitacionales”. “La mayoría de la gente no vivía en la toma, sino hacinada, y vio la posibilidad de tener un terreno más. No hay una situación masiva de familias en situación de calle”, postuló.

“Pedí dos prórrogas. Cuando llegamos al 15 de octubre -comenzaba el plazo para el desalojo- la mayoría de las familias se había acoplado al acuerdo“, aseguró. Sobre el último censo y la presencia de 1400 familias en la toma, planteó que “es falso” y que las organizaciones incorporaron “mucha gente” nueva a la toma. “Aceptamos a esas 796 familias para que fueran a un listado complementario y sean tenidas en cuenta en el plan de hábitat” anunciado por Kicillof en el marco del conflicto, indicó.

-Habiendo una negociación abierta, ¿el Ejecutivo no podría haber tomado algún camino para evitar este desenlace?
-El proceso no lo conduce el Ejecutivo. Actuó como auxiliar de la Justicia. Cada vez que se pedía una prórroga las organizaciones dilataban el conflicto. No estuvieron a la altura de las circunstancias. 

Morales, el abogado del CELS, advierte que el Estado podría haber pedido directamente la suspensión del desalojo, o haber impulsado una audiencia más con la participación de las organizaciones con las novedades de la negociación. De fondo, la alternativa de la “relocalización” es bastante más “trabajosa” que otras que estaban sobre la mesa, como “la regularización de los terrenos” de la toma. Esta opción, que fue sumada al expediente, estaba basada en la Ley de Acceso Justo al Hábitat (14449): “Estaba la posibilidad de cobrarles a los countries una plusvalía, y hay una ordenanza de Presidente Perón que establece que tienen que dedicar el 10 por ciento de su desarrollo urbanístico a la vivienda social. Es decir, se podría haber achicado la toma”. Podría haber pasado, pero dentro de poco, ese verde infinito al sur del conurbano, ya restituido a quienes dicen ser sus dueños, estará alambrado como símbolo del triunfo de la propiedad privada.