Jaime Quintana:  “La lucha ciudadana está pronta a anotarse un primer triunfo relevante”

Desde Santiago 

Una de las demandas de la larga cadena que grita Chile desde el 18 de octubre se vincula a una nueva Constitución que reemplace a la de actual vigencia, sancionada en la dictadura. Tanto el presidente del Senado, Jaime Quintana (Partido por la Democracia), como el ministro vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, coincidieron recientemente en asegurar que Chile necesita de una nueva Constitución. En una visita a carabineros heridos, el presidente Sebastián Piñera dijo también que no descartaba una reforma constitucional.

Ya hubo avances. Quintana y su par de la Cámara de Diputados, Iván Flores (Partido Demócrata Cristiano), junto a los presidentes de las comisiones de Constitución, el senador Felipe Harboe (PPD) y el diputado Matías Walker (DC), conformaron una mesa de trabajo. A la par, la Cámara de Diputados debe debatir cuál será el mecanismo que podría derivar en el nuevo texto. “La lucha ciudadana está pronta a anotarse un primer triunfo relevante”, asegura a Página/12 Quintana.
–¿Por qué cree que una reforma constitucional es una de las posibles salidas a la crisis social?
–Cuando asumimos la presidencia del Senado, hace poco más de siete meses, fue lo primero que dijimos. Le fuimos a plantear a Piñera que era conveniente no retirar los dos proyectos que había dejado ingresados Bachelet en su último gobierno. Había un proceso constituyente en marcha que tenía un valor. Habían existido cabildos, diálogos autoconvocados. Fueron muy espontáneos. Más de 224 mil personas participaron en dichos cabildos. Era el proceso más participativo de la historia constitucional de Chile. No era para tirarlo por la borda ni interrumpirlo, independientemente de que el Gobierno no tenía contemplado esto en su programa. Pero hay cosas que son de Estado y que un gobierno no puede alterar. Ya teníamos signos, en 2006 con los pingüinos y en 2011 con el movimiento estudiantil, de quiebres profundos entre la sociedad y todo tipo de elite. La desconfianza se ha ido acrecentando hacia todas las instituciones. Esos elementos me hicieron llegar a la conclusión de que había que retomar el trabajo de la nueva constitución.
–¿El proyecto es para una nueva constitución o reformas a la vigente?
—El proceso que inició Bachelet es el de una nueva. El cartel que más se repite dentro de esta movilización atomizada y con múltiples demandas es el de “nueva constitución o nada”. La del ‘80, que ha tenido distintas reformas, en su esencia sigue intacta. Una reforma sería seguir emparchando algo que tiene problemas de legitimidad de origen y de ejercicio. En esta marcha han participado muchos jóvenes que no vivieron la dictadura, por lo tanto Pinochet ya no es el tema. Lo más relevante es una ilegitimidad en el ejercicio, porque es una constitución que no permite respuesta a los grandes dolores de la sociedad. A problemas concretos como las tarifas de luz, el metro, el agua, que sigue siendo privada. La actividad económica predominante es exportadora primaria, un sistema básicamente extractivo de recursos naturales, que a diferencia de todos los países de OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) no ha innovado en lo sustantivo. Todo esto va transformándose en un cóctel perfecto para la explosión.
–¿Qué es lo que debería desterrar la nueva constitución?
–Un modelo económico en que la propiedad está en un altar por sobre el derecho a la vida. Los derechos de las personas se subordinan a los del capital, sin la posibilidad de ser socorridas en temas tan sensibles como la educación y la salud. Está garantizado el negocio, no el bien social. El predominio de esta Constitución es el del mercado. Ya nadie copia el modelo chileno que supuestamente nos hacía únicos en el mundo: un principio de Estado subsidiario, marginal.
–¿Cómo continúa este proceso en el Parlamento?
–La Cámara de Diputados define el mecanismo, la fórmula que se va a adoptar. El Senado tiene el texto. Lo que debemos hacer es consultar a los chilenos si ese texto elaborado por el gobierno de Bachelet en su última etapa recoge en alguna o poca medida las propuestas que hicieron en los cabildos. Es un ejercicio en paralelo entre la Cámara y el Senado. Hemos dicho al Gobierno que no vaya a llegar tarde a este proceso. Ayer se ha sumado la propia Corte Suprema. Este proyecto puede andar aún si el Gobierno se resta, pero en ese caso va a terminar transformándose en un gran argumento para aquellos que piensan que no está gobernando… En el Senado ya estamos recogiendo observaciones. El mecanismo, es decir, que sea una convención o asamblea constituyente, es lo que discute Diputados. Bachelet se inclinó a la convención, que establece una participación mixta entre todo el Parlamento más un número similar de delegados especialmente elegidos para dicho proceso. Ciudadanos en la misma proporción que los representantes. En la asamblea ya no es el Parlamento el que se pronuncia, sino que interviene en la fase final, en el plebiscito; delega su rol en la asamblea.
–Y los manifestantes piden asamblea.
–Creo que es el camino. He escuchado que un número importante de diputados de Renovación Nacional se han abierto a la idea. Si el mecanismo de asamblea surge naturalmente como consecuencia de estas fuertes movilizaciones va a ser un triunfo de la ciudadanía. Era impensado dos semanas atrás. En noviembre, con los dos tercios para un cambio de esta magnitud en Diputados, el pueblo chileno puede alcanzar la primera gran conquista de esta movilización: la aprobación de este proyecto, que iría al Senado. En el Senado la oposición tiene bastante más cohesión. Hay senadores independientes que apoyarán esto y varios de Renovación Nacional, al menos cuatro, han señalado su disposición. La lucha ciudadana está pronta a anotarse un primer triunfo relevante. Una vez que se apruebe el mecanismo va haber que revisar el texto de Bachelet. Su gobierno era transformador en su agenda, pero en la última etapa primó una mirada más de centro, con la influencia del presidente de la Democracia Cristiana de la época, Ignacio Walker, quien no creía en cambios profundos. Cuando hablé de modificar las bases del gobierno neoliberal fui criticado por estos sectores de la nueva mayoría, que terminaron siendo muy escuchados en la última etapa del gobierno de Bachelet, cuando el liderazgo político lo tenía el ministro (de Interior, Jorge) Burgos.
–¿Sugiere que por esto fracasaron los procesos constituyentes?
–Si bien el gobierno estaba inspirado, ese sector más moderado encabezado por Burgos claramente frenó esta iniciativa, por eso la nueva constitución perdió fuerza en su fase final.
— Después de que Piñera hablara sobre este tema, ¿ha habido diálogos con él?
–No, en la última hora no hemos tenido diálogo. Mostró una apertura en el día de ayer, creo que se da fundamentalmente porque ve que su sector, sobre todo en Renovación Nacional, se ha ido abriendo a la idea de iniciar el proceso y ser parte de él. Están conectando bien con lo que está ocurriendo; sería bueno que todo el Gobierno pudiera conectar con ese sentimiento.
–¿Qué rol están cumpliendo los partidos políticos en este estallido? ¿Cree que no han podido preverlo?
–No de ahora, desde hace bastante tiempo, vienen siendo menos los incidentes en los procesos políticos. Pese a que tienen apoyo público, financiamiento, les ha costado estar a la altura de anticiparse a los procesos que se viven.
–En las calles también se pide la renuncia del presidente. ¿Qué opina de esta otra “salida” planteada por el pueblo?
—En las calles se pide la salida de todo el mundo. La crisis es grande y la desconfianza, enorme. No hay liderazgo, propuesta orgánica; hay multiplicidad de factores. Frente a una manifestación de estas características las instituciones representativas tienen que ser extremadamente responsables. No decir “que se vaya Piñera, activemos el calendario electoral”, porque eso puede profundizar la crisis. No hay una alternativa. Lo que tiene que hacer la política es abrirse a los cambios a los que nunca estuvo dispuesta en el pasado.
–Ya llegó a Chile la misión técnica de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el fin de indagar posibles abusos durante las protestas. ¿Cuál es su opinión sobre el despliegue represivo?
–Esto fue real. Ayer me reuní con el director del Instituto de Derechos Humanos y me mostraba la última cifra. Son muchas las denuncias de todo tipo: todas conmueven. Personas fallecidas, 140 que perdieron la vista en alguno de sus ojos por impacto de balines, abuso sexuales. Se tiene que investigar. Uno no puede hacer juicios anticipados, pero es claro que se violaron los derechos humanos. Eso nos hace retroceder a la década del ‘80. En eso tiene responsabilidad el Gobierno. Creo que nuestro principal problema de imagen internacional hoy en día no es que suspendamos las cumbres, sino que Chile nuevamente violó los derechos humanos.