La emergencia porteña tendrá que esperar

Horacio Rodríguez Larreta tendrá que esperar una semana para contar con la Ley de Emergencia Económica que envió a la Legislatura. El bloque oficialista no reunió los votos para habilitar la sesión sobre tablas -algo que el Frente de Todos no estaba dispuesto a hacer- por lo que apuesta a votar la ley el próximo jueves. Con el número del bloque propio, más algún eventual aliado, tienen asegurados los votos en esa fecha. En tanto, el Frente de Todos tuvo un intenso debate, luego del cual presentaron un dictamen de minoría con un proyecto que le concede mucha menos discrecionalidad a Larreta. En ambos proyectos, opositor y oficialista, fue expurgado el cobro escalonado de salarios para estatales, que despertó un sinfín de críticas
sindicales y políticas.

Larreta lanzó la semana pasada un ambicioso paquete de medidas contra la pandemia, que le da una amplia discrecionalidad para reasignar partidas, renegociar contratos, redirigir trabajadores y trabajadoras y –en el punto más controvertido– incluso escalonar el pago de salarios. Luego de las críticas de la oposición porteña y de las dos CTA, el oficialismo revisó ese artículo y le puso un tope de tres salarios mínimos. También exceptuó a los y las trabajadoras de salud.

No obstante, eso no le alcanzó al PRO para reunir los votos y tratar el proyecto sobre tablas (sin dejar transcurrir los tiempos parlamentarios normales). El bloque del Frente de Todos, con muchas diferencias con la iniciativa que mandó Larreta, decidió no dar sus votos para un tratamiento exprés. Quizás por eso, el oficialismo viró su estrategia y decidió dejar pasar la sesión sin tratar el proyecto. “Vamos a tratarlo el jueves que viene”, indicaron autoridades de la Legislatura a este diario.

El Frente de Todos tuvo su segunda reunión vía Zoom para discutir la norma y fijar una posición conjunta. “Hubo mucho debate en el bloque. Hay una tendencia un poco más colaboracionista en un sector, en el sentido de que si el Ejecutivo hubiera modificado algunas cuestiones podríamos haber votado esta ley, y otro sector que entendemos que la ley está estructuralmente mal y que van a utilizar las facultades para cosas que no tienen que ver con la crisis”, indicó una de sus integrantes. Aunque este diario intentó obtener su opinión sobre este proyecto, el jefe de bloque del FdT, Claudio Ferreño, decidió no hacer declaraciones. En la reunión, varios le exigieron que haya una comunicación más taxativa de la posición de la bancada.

En tanto, el Frente de Todos y otros bloques opositores presentaron un dictamen de minoría donde recortan todos los artículos polémicos, incluido el del pago escalonado, pero también fijan un límite mayor para la reasignación de partidas (10 por ciento del presupuesto de cada órgano, el doble que el proyecto de Larreta). Los legisladores reconocen que tiene que dictarse la emergencia económica, pero no con las condiciones que fijó Larreta. 

En el dictamen de minoría, de hecho, advierten que el proyecto oficial “facultaría al Ejecutivo a reasignar partidas sin límite; disponer de fondos que por ley tienen afectación específica e (…) incluso tendría la atribución para reducir los gastos en personal sin límite alguno y para solicitar a todas las dependencias un cronograma de pagos escalonado y/o diferido de los haberes de las nóminas salariales, no quedando protegidos tanto el personal estatal de haberes más bajos como los trabajadores afectados directamente en la emergencia sanitaria, como el personal de salud”.

Además, en su dictamen sumaron más medidas para personas y entidades afectadas por la crisis económica producida por la pandemia, así como para sectores de la cultura, personas en situación de calle, entre otras. Por último, convocaron a la Auditoría General de la Ciudad para controlar las compras y contrataciones por la convid-19, algo que también reclamó su presidenta, Mariana Gagliardi, en una carta al vicejefe Diego Santilli. Concretamente, le pidió que incluya en la ley que la Auditoría pueda “realizar un examen especial a los 90 días sobre la implementación de la ley y sobre las compras y contrataciones realizadas desde la vigencia de la emergencia sanitaria”. “La intervención temprana de la Auditoría posibilitará la detección de potenciales desvíos, mayor transparencia y confianza en los ciudadanos”, advirtió Gagliardi.

En la Auditoría, aliados habituales de Larreta se sumaron a este planteo tras el escándalo de la compra de barbijos vencidos, que finalmente fue dada de baja. Concretamente, se sumó con un proyecto en la misma dirección el auditor por la Coalición Cívica Juan José Calandri y la auditora que viene del espacio de Martín Lousteau, Mariela Coletta, también había planteado “la necesidad de controlar gastos y partidas”. El oficialismo incluyó en su proyecto la posibilidad de que la Auditoría intervenga si se lo pide una comisión legislativa de seguimiento de la convid-19.