La Justicia estadounidense no podrá obligar  a los periodistas a revelar sus fuentes

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció este lunes que, salvo limitadas ocasiones, quedará prohibido utilizar órdenes o citaciones judiciales para obligar a periodistas a revelar sus fuentes. 

Entre las excepciones se contempla si el periodista cometió un acto ilegal, si utilizó un método prohibido o si la revelación sirve para evitar la comisión de un hecho grave, como secuestros o atentados.

“El Departamento de Justicia ya no utilizará el proceso legal obligatorio con el fin de obtener información o registros de miembros de los medios de comunicación relacionados con sus actividades de recopilación de noticias”, escribió Garland en una directiva a los fiscales federales, donde precisó que la nueva regla también se aplica a la difusión de información clasificada.

Según detalló Garland, esta prohibición no aplicará si se sospecha que el periodista cometió un acto ilegal (tráfico de información privilegiada, por ejemplo), o utilizó un método prohibido, como la intrusión en sistemas protegidos. También quedará sin efecto si la revelación de la fuente sirve para evitar la comisión de un hecho grave, como secuestros o atentados.

Garland también solicitó a sus colaboradores que, para asegurar que la medida perdure, revisen todas las normas relacionadas con los periodistas con el fin de promover la aprobación de una ley en el Congreso.

Este cambio se introduce luego de que saliera a la luz la batalla legal librada en secreto por el anterior gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, para obtener los correos electrónicos de reporteros del New York Times con el fin de identificar sus fuentes. 

Según la CNN, la gestión del republicano también había buscado y obtenido en secreto los registros telefónicos y de correo electrónico de uno de los corresponsales del canal.

En el pasado, Gobiernos republicanos y demócratas emitieron citaciones contra periodistas, dado que en Estados Unidos la filtración de información confidencial es considerada una práctica ilegal. 

Después de un escándalo en 2013, la gestión demócrata de Barack Obama creó nuevas reglas e impuso la necesidad de obtener luz verde de altos funcionarios del Departamento de Justicia para cualquier mandato contra periodistas, pero sin renunciar a la práctica.