La manifestación del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en Plaza de Mayo  | “Si los 30 mil estuvieran acá rechazarían al FMI”, dijo Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora

“A nuestros hijos desaparecidos los extrañamos todos los días, nos faltan los 30 mil pero están acá, en cada uno y una de ustedes.” Nora Cortiñas se puso de pie para hablar en la Plaza de Mayo ante la multitud en la apertura del acto convocado por las organizaciones del Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVJ). “Con los puños en alto hoy recordamos a los pibes que se llevó la bala asesina policial, a las mujeres que mató el femicida de uniforme; los 30 mil estarían luchando contra los traidores que votaron el acuerdo con el FMI”, dijo, y estallaron los aplausos. Y arrancó el cantito más coreado de la jornada: “Fuera, fuera, fuera, Fondo, fuera”. A su manera, Cortiñas había anticipado los conceptos del documento consensuado en el EMVJ, que sería leído luego desde el palco. En forma inédita, la movilización de la izquierda compartió la misma estructura de tribuna y sonido que más tarde usó el acto convocado por los demás organismos de derechos humanos. 

El EMVJ destacó en su proclama la pelea contra la impunidad de los genocidas durante las últimas décadas, así como la lucha por justicia para les 30 mil detenidos-desaparecides. Al mismo tiempo denunció “el ajuste en curso”, bajo el acuerdo firmado entre el FMI y el gobierno nacional. “El FMI conocía bien los crímenes que se cometían durante la dictadura”, fue uno de los conceptos esenciales. De la movilización participaron referentes de la lucha por los derechos humanos y las libertades democráticas. Además estuvieron presentes las y los principales dirigentes del Frente de Izquierda Unidad y otras fuerzas políticas de izquierda, así como también referentes del sindicalismo combativo y del movimiento de desocupados.

Mientras seguían ingresando manifestantes encolumnados con sus banderas, pecheras y estandartes, Mirta Baravalle, otra integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, como Cortiñas, conmovió al decir que cuando secuestraron a su hija Ana pensó: “O lloro o lucho”. Recordó que esa noche entraron por los techos armados con Itakas y le apuntaron a la cabeza. “Hubiera llorado hasta el infinito pero tenía que seguir, mi granito de arena para que esto no pasara nunca más. Sin embargo, no vemos justicia sino gobiernos indiferentes, cómplices e inoperantes. Ustedes tienen esos sentimientos de dignidad que me emocionan, veo a toda esa generación que quiso cambiar el país, los y las abrazo”, cerró Baravalle. 

Poco antes, sentada junto a ella, Elia Espén con su pañuelo blanco había escrito un texto que leyeron por ella. “Desde el fondo del mar donde lo tiraron en un vuelo de la muerte, surge la voz de mi hijo Hugo (Miedan) que nos dice que no abandonemos la lucha”. Al lado de las Madres estuvo Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro.

El sobreviviente de la ESMA Carlos “Sueco” Lordkipanidse mencionó también la presencia de familiares de Katherine Moscoso, Angeles Almada y Kiki Lescano, víctimas de la violencia policial. Los dirigentes sindicales se mezclaban con los políticos y los de derechos humanos en un palco que los contenía a todes. Carteles hechos a mano rezaban “las guerrilleras son nuestras compañeras” y “aparición con vida de Lichita”, por el caso de la niña desaparecida en Paraguay. Otras pancartas impresas exigían al Presidente que cumpla con las leyes reparatorias para los ex presos y presas políticas, y flameaban las banderas de los trabajadores de LATAM en lucha. 

Al tiempo que Pablo Vasco y María del Carmen Verdú se turnaban en el micrófono para recordar a los luchadores fallecidos recientemente, entre el público dos mujeres sostenían una cartulina que, con letras pintadas en témpera, decía “mientras siga habiendo desaparecidos la verdad seguirá secuestrada”. Una de ellas dijo a PáginaI12 sentirse feliz por ser tantos, dado que el año pasado se movilizaron pero en número muy inferior por la pandemia. “Jorge Julio López, presente, ahora y siempre”, gritaron desde el micrófono y la plaza acompañó la evocación del sobreviviente de la dictadura, testigo y desaparecido desde el 18 de septiembre de 2006.

Antes de que las columnas se pusieran en movimiento, sentada en su silla de ruedas, Elia Espén le dijo a este diario que cuando ve en las marchas del 24 de marzo las fotos de pibes asesinados y desaparecidos en democracia siente mucha bronca. “Quiere decir que los jueces no han hecho su trabajo, no resolvieron esto de los desaparecidos y entonces le dan pie a los otros para seguir haciendo lo que quieran”, expresó.

Bajo un sol tímido e intermitente, sobre los costados de la plaza y a lo largo de Avenida de Mayo se desplegaban los puestos de comida, el tradicional choripan y algunos más sofisticados como panqueques con Nutella, y se alternaban con los stands de remeras, souvenirs de toda forma y color con los rostros de los personajes emblemáticos de las luchas populares, y editoriales como Sudestada y La Poderosa, con artísticas instalaciones, algunas casi sobre las placas recordatorias de los asesinados en la represión a la rebelión de diciembre de 2001. La militancia recorría la movilización con sus prensas partidarias a la venta, y sosteniendo con esfuerzo las banderas. “Esta noche van a doler más que de costumbre los brazos”, decían, por las fuertes ráfagas.

“Es un día especial, los pibes no lo vivieron, ese 24 de marzo yo ingresaba a Derecho y vivimos luego una locura. La palabra memoria es muy grande, hay que ejercerla, si no muchos tienden a querer borrarla”, dice Eduardo, un rosarino que vive en La Boca. Suena Soda Stereo en los parlantes y el intenso viento sacude y tensa los pasacalles. Antes de que ingresara la cabecera de la marcha, que contó con la presencia de la recientemente absuelta Higui de Jesús, la plaza fue territorio de los manifestantes “sueltos” aunque no despolitizados: familias con bebés en carritos, niñes en los hombros y hasta en monopatines. Al ritmo de los tambores y redoblantes de La Chilinga, un grupo danzaba vestido de blanco. Cerca de las 15 se produjo la lenta desconcentración que daba paso al ingreso del siguiente acto. “Si no se hubiera podrido el clima, nos quedábamos al segundo”, dijo Ximena, estudiante secundaria.

Documento completo del EMVJ

Al cumplirse hoy 46 años del golpe genocida del 24 de marzo de 1976, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia volvemos a desbordar esta Plaza de Mayo para gritar: ¡30.000 compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos, presentes! ¡No al acuerdo gobierno-FMI!

Desde el Encuentro, logramos que la FIFA postergue para mañana 25 el partido Argentina-Venezuela, en vez de hoy. El 24 de Marzo es un día de repudio, de memoria y homenaje, un día de lucha y movilización, acá y en todo el país.

Y una vez más, reivindicamos a las y los 30.000 compañeros, sus luchas y sus banderas. Por la liberación nacional y social, por el gobierno de los trabajadores y el socialismo, por la patria liberada, dieron lo mejor de sus vidas por el bien de nuestro pueblo trabajador y nuestro país. ¡Las y los 30.000, presentes!

El terror genocida del Estado no empezó con el golpe sino en el 74-75, bajo el gobierno de Perón e Isabel. Antes estuvo la Masacre de Trelew, de la que en agosto se cumplirán 50 años. Y siguió con el llamado Operativo Independencia en Tucumán y con la Triple A, banda fascista que secuestró y asesinó a más de mil activistas, delitos que en su gran mayoría aún siguen impunes.

La dictadura cometió delitos de lesa humanidad durante la noche más oscura que haya vivido nuestro país. Organizó miles y miles de secuestros, torturas y asesinatos de militantes y activistas populares. Robó cientos de bebés. Montó más de 600 centros clandestinos de detención. Suspendió y prohibió a los partidos políticos. Intervino a los sindicatos. Censuró a la prensa y prohibió a artistas. A sangre y fuego, impuso el horror total del genocidio.

El objetivo político del golpe fue derrotar al movimiento obrero y de masas, que venía en alza desde el Cordobazo y con la huelga general del Rodrigazo en 1975 enfrentaba al gobierno del PJ. Y ese terror se impuso con un objetivo económico: aumentar la explotación y la entrega. Como bien denunció Rodolfo Walsh en su Carta abierta a la Junta militar un día como hoy, el 24 de marzo de 1977: “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor, que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar… Dictada por el FMI según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales”.

La dictadura, alentada por la banca y los empresarios, y por el imperialismo yanqui como parte del Plan Cóndor, tuvo complicidades civiles: el PJ, la UCR y otros partidos, la burocracia sindical, el sistema judicial, la cúpula de la Iglesia y los grandes medios. Y fue financiada por el FMI, que ya desde 1956 actuaba en el país. Como confirman los documentos desclasificados del Departamento de Estado yanqui años después de la caída del gobierno militar, el Fondo conocía bien los crímenes que aquí se cometían. O sea, fue copartícipe necesario del genocidio que hoy volvemos a repudiar. El gobierno militar multiplicó con creces la deuda externa, que trepó de 7.000 millones de dólares en 1976 a 47.000 millones en el 83. Fue contraída a punta pistola y hasta la doctrina jurídica internacional la reconoce como una deuda odiosa, porque perjudicó al pueblo y al país, y el acreedor lo sabía. Además la dictadura favoreció a los grandes grupos capitalistas, los mismos de siempre, y en el 82 estatizó la deuda privada.

En el 83, la dictadura dictó la ley de autoamnistía. Y los gobiernos posteriores, junto a pagar la deuda con privatizaciones y ajuste, buscaron la impunidad de los genocidas. El juicio sólo a las juntas en el 85. El punto final y la obediencia debida en el 86 y 87. Los indultos de Menem en los 90. Y la derogación trucha del 98. Pero a fines de 2001, con el Argentinazo, abrimos el camino de justicia y en 2003 logramos anular las leyes de impunidad y reabrir los juicios a los genocidas. Y en 2017 también derrotamos el intento de darles el 2×1.

La lucha ejemplar y sistemática del movimiento de derechos humanos y las organizaciones populares, con apoyo social, derrotó cada intento de impunidad. Hasta hoy logramos 1.044 represores condenados y 602 procesados. Es una enorme victoria democrática, ya que en ningún otro país del mundo se logró juzgar un genocidio cometido por el propio Estado. A la vez, aún no se abrieron todos los archivos y las causas se vienen lentificando, a riesgo de dejar impunes a muchos represores.

Hoy, a poco más de 20 años del Argentinazo, ese “partido único de la deuda” que de hecho son el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, ha aprobado en el Congreso un nuevo acuerdo con el FMI que significa más penurias para el pueblo trabajador y más entrega de la soberanía. Han legitimado una estafa histórica, el famoso préstamo de 45.000 millones de dólares al gobierno de Macri, el más alto en toda la historia del FMI, que terminó en favor de los bancos y la fuga de capitales. Pero la responsabilidad política no es sólo de Macri, sino también del gobierno de Alberto y Cristina Fernández. Aunque denunció ese préstamo ante la justicia, lo terminó convalidando. Firmó el acuerdo, lo ratificó en el Congreso junto al macrismo y lo paga dólar sobre dólar. Todo a costa de ajuste a la clase trabajadora y el pueblo, y de resignar soberanía en forma escandalosa.

Ese acuerdo es un doble ataque a los derechos humanos. Por un lado, las medidas pactadas con el Fondo atacan derechos humanos básicos. Traen más pobreza, bajos salarios, desempleo, precarización laboral. Bajar jubilaciones y pensiones, y subir la edad jubilatoria. Cerrar planes sociales. Menos presupuesto a salud, educación, cultura, políticas de género y diversidad. Y ataque a los derechos ambientales y de la naturaleza. Los 2.800 millones de dólares que se pagarán el 31 al FMI equivalen a 65 mil viviendas populares y 325 mil empleos.

El acuerdo también ataca los derechos humanos, porque ningún ajuste pasa sin represión. Así fue con la ofensiva durante el macrismo, con Patricia Bullrich alentando el gatillo fácil y la doctrina Chocobar, y represión a la protesta social y en los barrios. Y pese a la derogación de algunas medidas lograda con lucha popular al inicio del actual gobierno, con la excusa de controlar la pandemia desplegó y envalentonó a las fuerzas represivas. Estas pésimas medidas implicaron, a fines de 2021, una persona asesinada por el Estado cada 17 horas.