Las cinco falacias sobre la reforma judicial

El debate sobre la reforma judicial ha estado plagado de falacias instaladas por la oposición política y por medios de comunicación que colaboran con esa resistencia que intenta generar descrédito para el Gobierno actual, y que hasta ahora tampoco hizo propuestas superadoras. Aquí el análisis de las principales “fake” que marcaron la agenda del tema, con una magra discusión de fondo. Quizá la primera sea llamarla “reforma”, según dijo en la noche del sábado Albeto Fernández, que prefiere hablar de “reorganización de la justicia federal”. Queda una oportunidad para una deliberación sustanciosa en la Cámara de Diputados.

1 ) El oficialismo va a poder nombrar numerosos jueces y juezas para “colonizar la justicia” y “repartir cargos”

Es cierto que una de las características del proyecto que obtuvo media sanción es que multiplica juzgados y tribunales, y con eso crea cargos en varias provincias. De la propuesta original del Poder Ejecutivo surgía el dato más conocido: la fusión de los fueros penal federal y penal económico y la duplicación de juzgados, a 46, además de el agregado de tribunales orales en lo penal federal. Pero Comodoro Py no es el centro del mundo, y como parte de la negociación política, el Frente de Todos se topó con provincias que reclamaban la creación de Cámaras de Apelaciones y juzgados.

Así, el proyecto incorporó juzgados en Tigre, Avellaneda, La Matanza, fiscales, defensores, una cámara en La Pampa, otra en la Rioja, también ella Matanza, y en las provincias se crean juzgados federales y penales ya que en muchos casos un único juzgado concentra múltiples competencias. Con títulos catástrofe ante la media sanción Clarín y La Nación pusieron el foco en que se crean 1387 cargos, decía el primero, y 1700 decía el segundo. El número que calculó el oficialismo es diferente: 413 cargos en las provincias, y sumando el los de Ciudad de Buenos Aires no llegan a 600. Con todo, no es el eje de la cuestión.

Uno de los objetivos de multiplicar juzgados planteado por Alberto Fernández apuntó a diluir el poder histórico de los 12 juzgados federales de Comodoro Py. Pero no los pondrá a dedo. Todo cargo nuevo de jueces, fiscales o defensores deberá ser concursado. Para ser juez o jueza incluso se incrementaron los requisitos para los exámenes. Es más, ya existen muchas vacantes en el Poder Judicial, más del 25 por ciento, que el Gobierno podría haber “ocupado” y no lo hizo. Quien concurse para un cargo nuevo deberá pasar también por el acuerdo del Senado, que requiere una mayoría de dos tercios. 

Se podrá discutir cuántos cargos crear o no. El macrismo presentó en su momento un proyecto que creaba juzgados y tribunales en las provincias que, de hecho, fue incorporado por Fernández. Está también el argumento de que si se quiere un Poder Judicial eficaz, y más aún frente a los grandes delitos como el narcotráfico, la corrupción y la trata de personas, hacen falta estructuras más grandes. Como sea, un punto que ni la oposición ni el oficialismo terminan de abordar seria y profundamente, pese a que hubo posibilidad de debate, fue planteado por el jurista Alberto Binder en un artículo titulado “La Expansión de Comodoro Py”. Si el tema es, por ejemplo, cambiar viejas prácticas sembradas en Comodoro Py, por qué hacerlo crecer, y cómo compatibilizarlo con el sistema acusatorio que se proyecta establecer, aprobado ya a fines de 2015. Lo que teme Binder es que se reconfigure “ese espacio para que los dueños de Comodoro Py no pierdan influencia (…) con otros jueces, con otras reglas pero con las viejas redes informales y sus mañas”, donde florecen alianzas entre empresarios, políticos, jueces, operadores. La observación que plantea el procesalista, que no tiene nada que ver con la tónica de la crítica por el número de cargos que surge de la oposición, es “este proyecto, en lugar de ser un camino hacia el sistema acusatorio, es un modo de condicionar su puesta en marcha, permitiendo a los protagonistas de las redes mafiosas y sus asesores legales, que se reposicionen en los próximos dos años”. 

2) La reforma está pensada para otorgar “impunidad” a Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios.

Este fue el gran slogan de la oposición para cuestionar el proyecto, al instalar la idea de que se quiere armar tribunales a medida para los juicios pendientes contra Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios. Una primera cuestión obvia es que las causas más rutilantes contra CFK y compañía ya están radicadas en distintos tribunales orales. En todo caso será un desafío para esos tribunales determinar si fueron causas armadas o no bajo las prácticas del “lawfare”. El artículo 14 de la ley que obtuvo media sanción en el Senado dice claramente que las causas en trámite van a continuar en los mismos juzgados o tribunales donde están.

Esto, en todo caso, parece ser un motivo de preocupación para el macrismo por dos razones: porque las causas contra el ex presidente Mauricio Macri y su equipo aún están en trámite y es un clásico que jueces y juezas que llevan años en sus tronos se dediquen a investigar más al poder político anterior que al de turno.

Paradójicamente, un hecho que dejó en evidencia la falacia de la “impunidad” fue la exposición del constitucionalista de Daniel Sabsay en la ronda de especialistas. Primero insistía en decir que el proyecto busca “asegurar la impunidad de aquellos sujetos a procesos por graves delitos contra la administración del Estado”. Cuandola senadora Ana Claudia Almirón le preguntó en qué artículo del proyecto para hacer esa afirmación, no pudo puntualizar ninguno y dijo: “hablé de lo que considero el proyecto de reforma en su totalidad; no de este en particular donde es cierto no aparece un artículo en particular”. Aclaró que podría haber problemas “a futuro”, o sea, no vinculados con casos del kirchnerismo.

3) Habrá un derroche presupuestario para la reforma judicial

La oposición y los grandes medios dicen que la reforma demandará un presupuesto de 10.000 millones de pesos, calculando estructuras y nuevos empleados y empleadas. El costo que preveía el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo, era de 1939 millones de pesos anuales. Con la creación de más cargos, tal como quedó la redacción final, está estimado para el oficialismo en 3.088 millones de pesos. Como sea, un dato que recordó José Mayans durante el debate parlamentario es que el presupuesto judicial representa una porción muy pequeña del presupuesto nacional, que es algo apenas superior al 1 por ciento de 6 billones para 2020. Como sea, el presupuesto se debate y vota en el Congreso, tampoco es que se decide en forma unilateral y será una discusión a futuro. Es evidente que si se quiere mejorar el sistema y el servicio de justicia habrá que aumentar el presupuesto. Mayans puso el foco en cómo hacer para investigar el narcotráfico, la evasión, la trata, los secuestros extorsivos, entre otros delitos, sin presupuesto.

4) La reforma es “K” y es inoportuna

El planteo de la necesidad de generar una reforma del sistema de justicia fue una propuesta y promesa de campaña del presidente Alberto Fernández. Luego fue núcleo de su discurso ante la Asamblea Legislativa, cuando utilizó entre otras definiciones la de “Nunca más a una justicia que persigue según los vientos políticos” y Nunca más a “los sótanos de la democracia”, una frase que sintetizó las marcas del funcionamiento judicial marcado por los servicios de inteligencia, el poder económico, el poder corporativo, el poder político. El proyecto presentado, con las virtudes o defectos que pueda tener, viene colmar una promesa en un ámbito de discusión democrática como es el Congreso, y sobre un tema cuestionado de un modo otro por todas las fuerzas políticas. Las bases del proyecto fueron trabajadas por Gustavo Béliz, por Vilma Ibarra (quien escribió un libro crítico sobre CFK), en parte por la ministra Marcela Losardo. La actual vicepresidenta habló esta semana en un texto de la reforma que ella intentó en 2013 (que pudo tener defectos técnicos pero instalaba una debate contudente sobre la cultura y las prácticas judiciales y el papel del Poder Judicial y la ciudadanía), y que volteó la Corte Suprema, y de la reforma de facto aplicada por Cambiemos desde 2015 para perseguir opositores, con la Agencia Federal de Inteligencia como órgano directriz. “Sinceramente creo que el país todavía se debe una verdadera reforma judicial que no es la que vamos a debatir este jueves”, dijo. Con esa frase desdramatizaba las vagas críticas opositoras, pero dejaba entrever cierta falta de satisfacción.

Algunos senadores cuestionaron la oportunidad por las urgencias económicas y las demandas de la pandemia. La sensación, en un país en que el macrismo tomó en 2018 un crédito por 50 mil millones de dólares del FMI sin pasar por el Congreso, la observación sobre la oportunidad parece más propia de quienes están cómodos con la estructura judicial actual y esquivan cualquier debate de fondo.

5) Modificar el sistema de justicia no le cambia la vida a la gente

Lo primero que vale recordar, como criterio general, es que el sistema de justicia representa a los ciudadanos y las ciudadanas frente a los poderes institucionales, económicos o cualquier otro que pueda avasallar sus derechos. Eso está en su ADN, allá lejos y hace tiempo cuando nació la división de poderes. Ergo, una reforma judicial integral del sistema federal difícilmente sea ajena los ciudadanos, en una u otra dirección.

Es posible, como dice Binder, que quizá el sistema “acusatorio no sea la panacea, pero si se logra instalar, como plantea la reforma en un plazo de dos años, debería haber respuestas muchísimo más rápidas y eficaces ante el delito. Más allá de que los fiscales y fiscalas adquieran más protagonismo y los jueces y juezas sean garantes y cada quien tenga su papel específico, la oralidad de los procesos de por sí debería proporcionar transparencia y celeridad. El Ministerio Público Fiscal, además, tiene como rasgo básico ser el representante de la sociedad.

Más allá de esto, hay ejemplos recientes que desmienten esa idea de ajenidad a la ciudadanía desde otro punto de vista. Esta semana se quitó la vida Cristina Vázquez, una joven que había estado 11 años presa acusada de un homicidio que no cometió, pero que atravesó un proceso de acusaciones judiciales en su provincia, Misiones, desde mucho antes. Tenía 19 años cuando la acusaron de un homicidio en 2001 y 37 cuando la Corte Suprema, que había tenido la causa dos veces con anterioridad, la absolvió dejando sin efecto su condena a prisión perpetua por considerar que había estado plagada de prejuicios –tales como atribuirle una vida promiscua– y construida en base a rumores. La propia Cristina decía que la habían condenado por ser pobre, mujer, por fumar porro y porque debía materias. Entre 2001 y 2008 fue encarcelada en tres oportunidades, en 2010 fue condenada, el superior tribunal de Misiones resolvió su recurso recién tres años después. En 2015 Cristina no sabía que su condena estaba firme y fue a la Corte, que igual ordenó revisarla, pero no tomó ninguna medida directa y tajante. Lo hizo recién en diciembre del año pasado, con la perseverancia de la estrategia trazada por la abogada Indiana Guereño de la Asociación Pensamiento Penal. Pero antes el procurador interino tuvo el caso a estudio un año entero para finalmente rechazarlo. Cristina salió de la cárcel después de todos esos años de calvario con la vida destrozada. Tampoco el sistema contempla a quienes recuperan libertad. A ella la mató un Poder Judicial corrupto, ineficaz, clasista y machista. ¿Hacen falta más razones para cambiar el sistema de justicia? 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/288581-las-cinco-falacias-sobre-la-reforma-judicial

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