Las operaciones contra la familia de Santiago Maldonado bajo la lupa de la CIDH

El tiempo que pasa puede significar para el poder político la consolidación de la impunidad, pero para las víctimas puede convertirse en la oportunidad de organizar los hechos padecidos, y denunciarlos en su incansable búsqueda de justicia. Agotadas las instancias locales, la familia de Santiago Maldonado acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Es una petición por la violación de los derechos consagrados en las convenciones internacionales referidas a la desaparición de personas, a los derechos del hombre y la tortura, es el sistema interamericano que tiene competencia, queremos que se inicie una investigación para determinar las circunstancias sobre lo que pasó con Santiago desaparecido desde el 1 de agosto al 17 de octubre de 2018, los responsables intelectuales y materiales, en un caso que hasta la fecha tiene impunidad”, resumió Verónica Heredia, abogada de los Maldonado.

Entre las pruebas que llegaron a Washington, hay un informe para denunciar las operaciones del gobierno de Mauricio Macri en contra de Santiago Maldonado y los suyos, los ataques sistemáticos de políticos, ministros y periodistas incluso en el período en que el joven artesano anarquista estaba desaparecido. Los nombres de Patricia Bullrich y Claudio Avruj se suman a los de Elisa Carrió, Fernando Iglesias y también operadores periodísticos de los medios hegemónicos, en una serie de gráficos que analizan cómo se dieron estos ataques en las redes sociales
, que se complementaban con el accionar de los denominados trolls. Desde las inverosímiles versiones sobre el paradero de Santiago, hasta la denigración de la marca de té que produce Sergio, pasando por las acusaciones de recibir dinero del Estado.

“Fueron construyendo esto desde que Santiago estaba desaparecido desde el Estado y a través de sus voceros en los medios, atacaban a mi hermano y a nosotros como si fuéramos militantes kirchneristas o de izquierda, que lo hacíamos por plata”, expresó Sergio Maldonado en una entrevista televisiva.

El informe que analizarán en la OEA describe “quiénes fueron los actores involucrados en la comunicación oficial del gobierno, funcionarios de segunda línea, y también de los periodistas más famosos, operadores y el rol central que asumieron los creadores de noticias falsas y las granjas de trolls que diseminaron los contenidos a través de las redes sociales para polarizar a la sociedad”, escribieron como introducción. “Entendemos que este accionar tuvo como objetivos: negar y ocultar la desaparición de Santiago Andrés Maldonado; instalar pistas falsas para desviar la investigación; criminalizar a Santiago relacionándolo con supuestos “grupos violentos” y “terroristas”; deshumanizar a Santiago y a los integrantes de su familia, hasta de responsabilizarlos de su desaparición y muerte”, expresaron.

En el punto cuarto del documento mencionan a los “operadores” y a la creación del “sentido común” de la versión oficial. “Los medios digitales más leídos en Argentina contaban con periodistas especializados en el caso Maldonado. En todos los casos eran poco conocidos hasta ese momento, contaban con información privilegiada, incluso anticipando resoluciones judiciales y acciones del ministerio de Seguridad. Se desprende que el Gobierno intentó mediante ellos hacer llegar a la población una versión probable y crear un sentido común, sin llegar al punto de una fake news, introducir cambios en los hechos que prepararon a la población para el desenlace de la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, el 17 de octubre de 2017”. Al respecto Sergio dijo como conclusión que “tiran algo, el trabajo lo hacen otros, después vienen los trolls y luego la gente de carne y hueso que replica todo eso sin siquiera hacer su propio análisis”.

En el punto cinco referido a los trolls, cybermilitantes, perfiles falsos, fake news y memes indicaron que “el anonimato de las redes sociales completó el ataque fenomenal de desprestigio y hostigamiento, multiplicando las voces por miles en las granjas de trolls mostraron el lado más siniestro de las redes y de la sociedad: festejaron la desaparición y muerte, esparcieron un mensaje de odio que alcanzó a gran parte del país y generó más dolor, angustia e impotencia a la familia Maldonado”, reza el texto presentado a través de su abogada, Verónica Heredia, ante la CIDH.

“Se ahogó maestro, lo lamento por usted, por su mamá. Usted dijo que antes era un ciudadano común, bueno ahora tiene un negocio político”, había dicho Eduardo Feinmann al acusarlo de haber cobrado en total dos millones, que supuestamente tendría que devolver por haber aparecido el cuerpo de su hermano. “Germán Garavano desmintió eso, aclaró que el Ministerio de Justicia no otorgaba ningún subsidio”, reiteró Maldonado ahora tal como lo había hecho cuando aparecieron estas acusaciones.

“Argentina no tiene estructurado su Estado para investigar una desaparición forzada en democracia, recién se tipificó el delito en 2011 a partir del informe de fondo de la CIDH en el cual ordenaba al país hacerlo. Sin embargo no armó su aparato de control para investigar tal delito”, dijo Heredia a este diario. “El juez federal Gustavo Lleral rechazó todos nuestros planteos concluyó que no pasó nada, porque como denunciamos desde el principio no hubo una investigación imparcial, el juez siguió actuando con la misma estructura del ministerio de Seguridad y por lo tanto no se garantizó la imparcialidad. No hay nadie en Argentina condenado por desaparición forzada, en el caso Torres solamente dos personas fueron condenadas como partícipes, no hay actor material ni intelectual, y ese juicio en Comodoro Rivadavia fue una farsa, tal como denuncia la familia. En 2017 el Estado no estuvo estructurado para investigar la desaparición de Santiago”, agregó la letrada. “Ésta es la denuncia por la desaparición y muerte de Santiago Andrés Maldonado, desde el 1 de agosto de 2017 y la aparición de su cuerpo sin vida el 17 de octubre, y el archivo de la causa el 29 de noviembre de 2018 sin una investigación independiente, imparcial, pronta y efectiva”, apuntó Heredia. El informe es una de las pruebas, para demostrar cómo fue atacada la familia y la causa mediáticamente por el gobierno”, agregó.

Idéntico modus operandi desplegaron los funcionarios oficiales para hostigar a la comunidad mapuche Lof en Resistencia Cushamen, adónde había acudido Maldonado a solidarizarse y dónde fue reprimido por Gendarmería hasta su muerte, al igual que a los abogados que hicieron la primera denuncia ante la CIDH Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro. Mapuches y letrados, además, fueron criminalizados en base a escuchas ilegales y aún hoy tienen causas abiertas en su contra.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/206120-las-operaciones-contra-la-familia-de-santiago-maldonado-bajo

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