Los abogados de la UIF macrista que estaban de los dos lados del mostrador

La UIF comenzó a colaborar con la primera causa sobre Pacheco en mayo de 2019, según pudo saber este diario por allegados a esta dependencia. Ese expediente había estado a cargo de la jueza Alicia Vence en San Martín y fue acumulado con otro en Morón, en manos del juez Jorge Rodríguez, que detuvo a “El Rengo” en su mansión de Parque Leloir, rodeado de lujos. La presentación del diputado Tailhade, además, recuerda que Olari se ocupó del caso de otro narco, Miguel “Mameluco” Villalba, donde aparecía la figura de Pacheco, aunque tenían una disputa territorial. Su colega Biancardi era el jefe del área de Litigio Penal del organismo, donde se diseñaban las querellas y otras intervenciones judiciales. Pacheco y su entorno están acusados por comercializar estupefacientes y por lavado de activos: en los allanamientos se encontraron documentos de todo tipo sobre propiedades, sociedades, mutuos y papeles que darían cuenta de negocios en otros países como Uruguay. Los papeles aparecieron debajo de los cerámicos de uno de los baños, en una caja de herramientas, y también en una bóveda instalada debajo de una casita de juegos en el jardín. 

La denuncia de Tailhade cuenta que, al dejar la función pública, junto con Biancardi y Olari Ugrotte se asoció en un estudio de abogados otro ex funcionario de “litigios” de la UIF, Facundo Orazi, y recuerda que operaban en equipo dentro del organismo antilavado con Gonzalo Romero, también señalado en el documento. “Este equipo de profesionales querelló en diecisiete causas penales que tenían como imputada a la actual vicepresidenta de la Nación. Fueron estas diecisiete querellas en las que participaron mucho más que activamente promoviendo y solicitando en muchos casos pruebas inconducentes que terminaban en claras operaciones mediáticas”, describe el planteo. 

La UIF, en efecto, fue uno de los órganos claves, igual que la Oficina Anticorrupción, que el gobierno de Cambiemos usó para el armado sistemático de causas judiciales. Los cuatro denunciados dejaron sus puestos a fines de enero de 2020 e invocando aquella experiencia suelen ofrecer sus servicios como expertos en “arrepentidos”. “La UIF no sólo los capacitó, sino que también les abrió lo más preciado que tiene: el acceso a la información sensible tanto del ámbito nacional como internacional. Esto no puede ser simplemente un escándalo, estos profesionales tienen responsabilidad penal”, advierte Tailhade.

La Ley de Ética Pública y las reglas propias de la UIF no prevén incompatibilidades para los cargos que ocupaban estos cuatro abogados pero, dice el diputado, “la ley penal sí los alcanza y por eso debe investigarse si la UIF recibió algún reporte de operación sospechosa respecto de los imputados en la causa penal mencionada –no solo los defendidos por Biancardi y Olari– mientras estos abogados se encontraban en función, o si el organismo prestó colaboración en la causa de Pacheco”. También advierten que puede haber un perjuicio para el Estado por “el aprovechamiento indebido de los medios adquiridos” que podrían ser utilizados “en provecho propio o en defensa de quienes realizan aquellos delitos que el Estado pretende prevenir y sancionar”. 

Los exdirectores de la UIF Mariano Federico y María Eugenia Talerico están siendo investigados ya en una causa que revela un posible mecanismo de encubrimiento en el organismo de operaciones de lavado ligadas al narcotráfico. La denuncia también la hizo Tailhade y cuenta ya con las declaraciones testimoniales de exmiembros del consejo asesor que señalaron ante la fiscala Alejandra Mángano y el juez Luis Rodríguez que la gestión de Cambiemos en la UIF eludió sancionar al banco HSBC en un caso vinculado con el narco colombiano Henry de Jesús López Lodoño, conocido como “Mi Sangre”. En 2018 el consejo en cuestión recomendó sancionar al banco por incumplir procedimientos para la prevención del lavado, pero nada se hizo. Talerico había sido abogada el HSBC en al menos tres causas, lo que formó parte de las objeciones cuando fue designada al comienzo del gobierno de Macri, pero tampoco pasó nada. 

Sobre el Rengo Pacheco en el expediente habría ya por lo menos desde 2018 pistas del presunto lavado y si, como indican ciertos documentos, habría intentado ingresar al blanqueo del gobierno de Macri, pese a no tener actividad declarada ni registros elementales en AFIP y Anses, es cantado que la UIF habría tenido información al respecto, además de colaborar en la causa.  

Esta semana la Oficina Anticorrupción publicó una resolución que anuncia la creación de un sistema de monitoreo de actividades privadas anteriores y posteriores al ejercicio de la función pública, para registrar los vínculos e intereses privados de quienes ingresan a cargos altos en el Estado. Podría servir para advertir a tiempo situaciones de las características de las denunciadas en la UIF.