Los jueces que puso Macri en la Cámara Federal se resisten a irse

Hace un tiempo, la mesa judicial de Mauricio Macri hizo y deshizo la Cámara Federal con salidas anticipadas de jueces (algunos por las buenas, otros por las malas) y con la incorporación de jueces vía traslado. Hace una semana, el Consejo de la Magistratura rechazó los traslados irregulares de diez jueces federales
durante el Gobierno anterior. Dos de esos camaristas, que forman parte del fuero federal porteño, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, presentaron un amparo para no tener que volver al Tribunal Oral del que los habían movido en tiempos de Macri.

Desde su llegada al poder en 2016, Macri se dedicó a resideñar la Cámara Federal. Tras la salida veloz de Norberto Oyarbide -el juez que lo había procesado por espionaje ilegal-, le siguieron la de los camaristas que confirmaron esa sentencia: Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler. Este último fue destituido por el Consejo de la Magistratura en noviembre de 2017. Sobre Farah y Ballestero tronó el escarmiento presidencial cuando liberaron al empresario Cristóbal López. Macri dijo en una entrevista que estaba “indigado” con el fallo y pronto ambos jueces debieron dejar su lugar en la Cámara. Farah fue trasladado a un Tribunal Oral en lo Penal Económico, mientras que Ballestero se pidió licencia y luego tramitó su jubilación.

Con las vacantes que consiguió en la Cámara federal, Macri trajo nuevos jueces,
pero no por la vía de la designación por el Congreso sino mediante traslados de otros juzgados. Así llegaron esos jueces de la era Macri: sin acuerdo del Senado. Entre ellos, estaban Bruglía y Bertuzzi, que arribaron a sus puestos estratégicos en 2018. Entre los fallos que firmaron, está el de sostener que al fiscal Alberto Nisman lo mataron sin dar precisiones de quiénes ni de cómo y una serie de medidas en las distintas causas contra Cristina Fernández de Kirchner.

Apenas el Consejo de la Magistratura comenzó a revistar la forma irregular en que ocuparon el cargo, el PRO se abroqueló para que no los remuevan
. Pero en la discusión costó sostener esa premisa: los traslados habían requerido de una ley que equiparaba juzgados ordinarios y federales con un simple voto del Consejo de la Magistratura, e incluso llegaron a armar un Tribunal Oral a medida para las causas de CFK, que fue desbaratado por un fallo de la Corte. Como señaló este diario, los traslados fueron parte de una ingeniería que utilizó Macri para colonizar el Poder Judicial federal. Ya lo había hecho con los fueros porteños cuando fue jefe de Gobierno.

Finalmente, la semana pasada, el Consejo de la Magistratura ordenó revisar los traslados de jueces durante el gobierno de Macri
. Declaró que los traslados fueron incompletos y que requieren primero ser revisados por el Poder Ejecutivo y luego, acuerdo del Senado. Era lo que el PRO no quería: sabe que varios de los jueces no pasarán el escrutinio.

A dos de los camaristas que están en la mira tampoco les gustó la novedad y están dispuestos a resistir atornillados a sus sillas. De hecho, presentaron un amparo para que los Poderes Ejecutivo y Legislativo no puedan revisar su traslado. Bruglia y Bertuzzi pidieron en su amparo que se declare la “inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución 183/2020 del Plenario del Consejo de la Magistratura” del 30 de julio. “Mediante dicho acto, la demandada decidió por mayoría de 7 votos contra 6 votos, y en flagrante violación a las garantías constitucionales de legalidad, división de poderes e inamovilidad en el cargo del cual gozan los jueces”, aseguraron los magistrados, que reclamaron una cautelar que ordene al Poder Ejecutivo y al Senado no iniciar ninguna revisión de lo actuado en tiempos de Macri y su mesa judicial. 

Afirmaron que la “remisión al Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación es el resultado de una decisión ilegítima de la demandada, importa la revisión de actos administrativos consentidos y firmes y vulnera las garantías constitucionales que nos asisten como magistrados federales”. Señalaron que hay una acordada de la Corte Suprema que los ampara y que establece que sus traslados no deben ser revisados por el Congreso. La presentación recayó en el juzgado en lo contencioso administrativo de María Biotti.

Al planteo de esos dos jueces se sumó Germán Castelli, que fue traslado de un Tribunal Oral Federal de San Martín al Tribunal Oral Federal 7 de Comodoro Py, que tiene en sus manos la famosa causa de los cuadernos instruída por el difundo Claudio Bonadío.