Una vez más, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sin poder salir de su propia inercia y sin ningún tipo de solvencia técnica y jurídica, justificó el accionar del policía de la Ciudad, que con una patada derribó a una persona, provocándole, según la autopsia, el fallecimiento por una fractura en cráneo producto del golpe que se dio cuanto cayó tras la patada.
La declaración se enmarca en uno de los rasgos de su gestión: el de confundir conducción civil efectiva de las fuerzas de seguridad, con “demagogia policial” que pone en riesgo la propia vida del personal policial. Este tipo de situaciones dan cuenta, no sólo del peligro al que se los expone a los ciudadanos, sino también ponen en duda cualquier beneficio en el mediano y largo plazo para el efectivo policial, que por su impericia, su negligencia, su falta de profesionalismo, o meramente su ánimo alimentado por mensajes equívocos de quienes lo conducen, provoca un hecho con desenlace luctuoso. Más de una vez, el resultado de este tipo de hechos ha terminado para el policía en una condena judicial, el fin de su carrera, consecuencias negativas en su economía, y en el peor de los casos, riesgo para su vida o integridad física, por lo que ese reflejo inicial de la “Doctrina Bullrich” (las cosas en su lugar), provocan el efecto contrario.
Sus dichos lejos están de encuadrarse en las normativas vigentes ni en los criterios de racionalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, es decir, en la relación de la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga. Tampoco se ha escuchado a los funcionarios locales dar cuenta de las normas que rigen en la Ciudad de Buenos Aires sobre este punto. Al respecto, la Ley 5688 establece muy claramente en su artículo 97° que “Para hacer uso de la fuerza directa, el personal policial deberá identificarse y dar una previa advertencia, salvo cuando ello pusiera en peligro a las personas protegidas o al funcionario del servicio, se creara un riesgo para su vida o la de otras personas, o resultara inadecuado o inútil dadas las circunstancias del caso”. Resulta cuanto menos oportuno, primero establecer el cumplimiento de las normativas.
El mayor respaldo a la tarea del policía no pasa por una mirada condescendiente o paternalista del funcionario civil que lo tiene a cargo, sino por efectivizar políticas de bienestar dirigidas a las fuerzas de seguridad, en las que se contemplen su seguridad, la inclusión de su grupo familiar, las condiciones de revista cada vez más asimilada en derechos a las de un trabajador, y la profesionalización de su carrera, entre otras.
El racional y medido uso de la fuerza, no implica meramente el binario planteo de Bullrich “armas de fuego o Taser”. Los criterios de uso racional y progresivo de la fuerza, incluyen también otros criterios o herramientas de mediación, resolución alternativa de conflictos, técnicas de reducción e inmovilización, entre otras que manejan cualquier cuerpo policial moderno entre las policías del mundo. El caso ocurrido que involucra según testigos a una sola persona, alcoholizada y con un arma blanca, podría haber sido resuelto de otra manera, y de última, están los mecanismos judiciales para dilucidar lo ocurrido, y lo que a simple vista parece un despropósito.
Tras los irresponsables dichos de la ministra, se esconden los verdaderos fracasos de su gestión que comprenden a todos estos elementos señalados anteriormente, pero también a su incapacidad de establecer una política de seguridad desligada de los anuncios altisonantes, y más comprometida con los que la sociedad vive a diario en la calle.
