Nuevo paro nacional en Colombia frente a un gobierno que no reconoce la violencia estatal

Miles de colombianos volvieron este miércoles a copar las calles de manera pacífica con la esperanza de que el gobierno reanude el diálogo con el Comité Nacional del Paro. El vínculo entre ambas partes está debilitado por la negativa oficial a reconocer los abusos policiales durante las manifestaciones que estallaron el 28 de abril contra el presidente Iván Duque. En Bogotá, Cali, Medellín y otros puntos del país avanzaron los manifestantes exigiendo políticas más solidarias ante la crisis económica que trajo aparejada la pandemia de coronavirus y castiga con mayor dureza a los jóvenes. “Se llegó a una nueva jornada de paro nacional porque el gobierno no se ha sentado realmente a dar solución a las diferentes peticiones nacionales ni ha tenido la voluntad política de aceptar propuestas que son viables”, expresó en diálogo con Página/12 Iván Rengifo, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees).

La jornada convocada por el Comité Nacional del Paro en el que convergen sindicatos, organizaciones sociales, docentes, estudiantes, movimientos indígenas y campesinos, antecede al nuevo encuentro que sostendrán este jueves el gobierno y el frente más visible de la protesta. Las partes intentan negociar una salida a la crisis que ya derivó en el fallido proyecto de Duque para elevar impuestos y en la renuncia de dos ministros. Este miércoles los manifestantes celebraron además el retiro en el Congreso del criticado proyecto de reforma de la salud, otra de las principales exigencias del Comité. En 22 días ininterrumpidos de protestas en todo el país murieron al menos 43 personas y se registraron más de 1.500 heridos de acuerdo a la Defensoría del Pueblo.

Los primeros manifestantes empezaron a reunirse el miércoles en varios puntos de Bogotá, especialmente en el Parque Nacional, para luego caminar hasta la Plaza Bolívar, centro del poder político del país. En Medellín, capital del departamento de Antioquia, las marchas también se desarrollaron pacíficamente. Solo se registraron algunos choques entre policías y manifestantes en Buenaventura, la tercera ciudad más poblada del departamento del Cauca, donde los agentes reprimieron con gases lacrimógenos y se denunciaron saqueos.

En Cali, la ciudad que más ha sufrido por la violencia estatal y los disturbios, las protestas se desarrollaron sin contratiempos. El alcalde Jorge Iván Ospina confirmó que los agentes del Esmad de la policía no iban a estar presentes en las marchas y que, en cambio, asistirían trabajadores sociales. Ospina pidió el martes la renuncia de todo su gabinete porque, según expresó, “son momentos que demandan transformaciones reales y recuperación de confianzas”. El alcalde está hace tiempo en el ojo de la tormenta de la caleños por su desmanejo de la pandemia de coronavirus y porque realizó una ostentosa feria virtual que reunió bailarines y artistas internacionales de salsa por la que invirtió más de tres millones de dólares.

Con el saldo del fracaso de las últimas reuniones, el Comité Nacional del Paro insiste con que el presidente Iván Duque condene “de manera explícita los abusos de la fuerza pública”, un paso del que el mandatario parece estar a años luz. “Hasta el momento las negociaciones no dan las garantías que se exigen: que haya una desmilitarización a nivel nacional y un cese a la represión de las manifestaciones pacíficas“, explicó Rengifo. 

En la misma línea Jorge Luis López Ardila, miembro del ejecutivo nacional del Coordinador Nacional Agrario (CNA), destacó que estos dias de movilización “han estado marcados por una arremetida brutal del Estado contra el pueblo organizado” y que “la pelota ahora está en manos del gobierno”. Tanto la ONU como distintas ONGs internacionales han denunciado los excesos de las autoridades colombianas. 

Sin embargo, Duque es reacio a admitir una represión generalizada y se enfoca en el rechazo a “casos” particulares de abuso policial, mientras condena el “vandalismo” y el bloqueo de vías y rutas en los que sólo él y sus funcionarios vislumbran “intenciones terroristas”. El secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Diógenes Orjuela, aseguró que aunque el gobierno esté “lanzando petardos” a la instalación de la mesa de diálogo, “asistiremos a cuanta reunión haya que ir porque la única salida a la situación es hablar y negociar”.

La educación superior pública gratuita es una de las demandas históricas de los movimientos estudiantiles en el país, y no es ignorada por el Comité del Paro. “Pedimos que el gobierno garantice la matrícula cero, pero que sea del 100 por ciento y no como la del semestre pasado que solo contemplaba el 12 por ciento”, detalló Rengifo al respecto. 

Por su parte, López Ardila destacó desde el sector de los trabajadores campesinos que la CNA viene “impulsando fuertemente la necesidad de una reforma agraria integral”. Entre las medidas más urgentes, el dirigente enumera un “rechazo total a la política minera energética a través del fracking y la reanudación de las fumigaciones aéreas con glifosato, la necesidad de replantear los tratados de libre comercio que tienen en quiebra a gran parte de los campesinos y campesinas del país y el desmonte del paramilitarismo”.

Aunque todavía son varias las demandas del Comité del Paro, los manifestantes se anotaron un nuevo triunfo este miércoles cuando el Congreso archivó el proyecto de reforma a la salud. La medida que contaba con el aval del oficialismo contemplaba la regionalización del sistema de salud e introducía cambios en la prestación del servicio. La iniciativa fue objeto de duros cuestionamientos por parte de gremios de la salud que le achacaron un sesgo privatizador.

El coronavirus, que hundió en la pobreza al 42,5 por ciento de la población, gravita profundamente en esta crisis social. “Para el gobierno es una payasada que el pueblo aguante hambre, la gente no sale a protestar por deporte, sino realmente es una inconformidad y el gobierno no ve eso, no quiere aceptarlo”, dijo Viviana Clemente, una comerciante de 41 años que salió a protestar en Bogotá junto a su hija de 15. Entre una marea de banderas colombianas, Clemente sostenía una pancarta que rezaba: “La lucha de pocos vale por el futuro de todos”.