Privatización del plan de vacunas en la Ciudad: acusaciones cruzadas y respuesta oficial

Tras la denuncia penal contra el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministro de Salud, Fernán Quiros, por haber derivado vacunas al sector privado de Salud, desde el Gobierno porteño respondieron que los privados recibirán una cantidad proporcional de las vacunas que vayan llegando. Al ser consultados por este diario explicaron que el convenio es con siete entidades privadas porque son las que aceptaron aplicar la vacuna, pero sigue abierto a otras obras sociales y prepagas. Desde el FIT presentaron un pedido de informes para que den detalles sobre cómo controlarán la aplicación de esas vacunas. En el Frente de Todos cuestionaron la privatización del sistema de vacunación y señalaron que una de las postas de vacunación que informó el Gobierno de la Ciudad coincide con un local partidario de la UCR. 

“Se firmaron convenios con siete obras sociales y entidades de la seguridad social que colaboran con la vacunación de sus afiliados. Los convenios firmados tienen lineamientos específicos en cuanto a la responsabilidad sobre las vacunas, su conservación, traslado y posterior aplicación, comprometiéndose a cumplir con las etapas de vacunación estipuladas por el Gobierno nacional”, fue la explicación oficial.  Indicaron a este diario que, con estos convenios, sumaron 45 puntos de vacunación privados a los 180 públicos. “Cada privado debe entregar una lista de sus afiliados en grupo de riesgo (por ejemplo, en esta instancia, mayores de 80) y recibe una cantidad proporcional a lo que llega a la Ciudad en función de esa cantidad de personas. La diferencia es que las personas no se anotan en la web de la Ciudad, sino en su prepaga“, justificaron. Aseguraron que se abrirán sumarios si se echan a perder vacunas y que, si se aplican dosis por fuera de las priodidades, “tendrá consecuencias legales”.

¿Por qué solo con siete prepagas y obras sociales? La respuesta que dieron desde el Gobierno porteño fue: “El Gobierno de la Ciudad le ofreció este convenio a todas las obras sociales y privados. Hasta el momento, solo siete instituciones aplicaron y son esas las que están publicadas en la web, para un mejor acceso de sus afiliados al plan de vacunación”. Figuran los hospitales Italiano, Británico, Alemán, el Sanatorio Güemes, OSECAC, CEMIC y la OSBA. Los otros no habrían adherido para no tener la responsabilidad de conservar y aplicar las vacunas.

Desde el Gobierno porteño aseguran que Larreta no hizo ninguna
consulta sobre el tema a Quirós, pese a que ambos fueron denunciados
penalmente.

Privilegio a los privados

Tras la denuncia penal, desde la oposición porteña cuestionaron el sistema elegido. “Larreta benefició a las privadas con la entrega de vacunas Sputnik V. Quienes tienen prepaga tienen privilegio para acceder“, consideró la legisladora del Frente de Todos Lorena Pokoik.

“Nos preocupa mucho lo que está sucediendo en la Ciudad. Larreta no puede privatizar la administración de la vacuna. Lo que pedimos es que haya información clara y certera sobre cómo se lleva adelante el procedimiento, que haya control y que el Estado de la Ciudad no se desentienda. Los porteños y porteñas ya pasamos por mucha incertidumbre ante la falta de planificación y de cronogramas. Todavía estamos esperando que responda el pedido de informe que se realizó desde el Frente de Todos de la Ciudad para conocer la situación de los trabajadores y trabajadoras de salud del sistema público que aún no se vacunaron”, advirtió la diputada del FdT Paula Penacca.

Por su parte, la diputada del FIT Myriam Bregman y la legisladora Alejandrina Barry presentaron un pedido de informes para que la gestión PRO explique cómo se realiza el reparto y el control de la aplicación de la vacuna. “El escándalo de privilegios que estalló en el ámbito de la Nación ahora tiene sus repercusiones en la Ciudad, donde parece haberse privatizado el sistema de vacunación. ¿Quién controla su aplicación? ¿Y Amadeo Genta y su hijo, dirigentes del Sutecba?”, cuestionó Bregman.

“La entrega vacunas para los privados privilegia a un sector de la
población por sobre aquella que no tiene una cobertura de salud paga.
Se saltea el orden de prioridad fijado por el Gobierno nacional y el de
la Ciudad de Buenos Aires. Sin un registro estatal único no hay forma
de garantizar los criterios del orden de vacunación”, consideró el dirigente del PO Gabriel Solano.

Por su parte, la legisladora Lucia Campora denunció que una de las postas de vacunación es, en verdad, “uno de los locales de la UCR”. No hubo respuesta del Gobierno porteño sobre esta última denuncia.