Procesaron a la patota que entró a Tiempo Argentino

Llevó su tiempo pero Tiempo Argentino tuvo su reivindicación en la justicia. Ayer fueron procesados el empresario Mariano Martínez Rojas, quince miembros de su patota y el comisario de la Policía Federal Jorge Guillermo Azzolina por el ataque a los trabajadores de esa cooperativa periodística ocurrido hace casi tres años. “Es un triunfo de la lucha colectiva, pudimos más con nuestra persistencia como querella ante las dilaciones del juez Marcelo Martínez de Giorgi”, dijo la abogada María del Carmen Verdú. El magistrado federal dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, por los delitos de “usurpación, daño, interrupción de la comunicación y robo”, y trabó embargos de hasta 8 millones de pesos por el ataque a la redacción de ese diario, ubicada en Colegiales, el 4 de julio de 2016, cuando se encontraba en pleno proceso de recuperación por parte de sus trabajadores luego de la estafa y vaciamiento producido por el empresario Sergio Szpolski y su socio Matías Garfunkel.

Según el fallo, al que accedió Página/12, ese día los imputados “invadieron el inmueble sito en la calle Amenábar 23, violentando los cerrojos de acceso y cambiando las cerraduras, y expulsaron de su interior a Norma Fernández, Gabriel Agüero y Nahuel De Lima, despojando de tal modo a los trabajadores de la Cooperativa de Trabajo Por Más Tiempo Limitada de la posesión del mismo”. La querella contra la patota y sus cómplices está integrada por la comisión interna de la Cooperativa Por Más Tiempo, una delegada de Radio América y cuentan con el patrocinio legal de la abogada Verdú, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).

La patota de Martínez Rojas, ahora procesada junto a él, estaba integrada por Juan Carlos Blander, Gabriel Moraut, Henry Castro Vargas, Carlos Ruiz Díaz, Carlos Antivero, Marcelo Caña, Pablo Batista, Diego Chaves, Esteban Díaz, Rodrigo Roldan, Juan Carlos Moreno, Ovidio Ramírez, Omar Ontivero, Alejandro Marostica Spahn y Juan Zacarías Sosa. El juez dio por acreditado que el ataque y despojo fueron cometidos “mediante violencia y amenazas” dirigidas a los trabajadores que se encontraban en ese momento “cumpliendo funciones laborales dentro del inmueble, a quienes profirieron frases tales como ‘tomátelas, tomátelas por las buenas o si no te vas a tener que ir por las malas’, ‘bájese que se va’ y ‘andáte a la mierda’ las cuales resultaron intimidantes para los nombrados”. Para Martínez de Giorgi también fue esencial el papel que tuvo en el ataque el comisario de la Federal Azzolina, porque según el relato de los propios patoteros fue él mismo quien, a pedido de Martínez Rojas, los reclutó.

Esto significa que al momento de los hechos esas personas eran sus empleados de “seguridad” en All Acces, y además tenían relación habitual con los jefes de la comisaría 31°, lo cual “permite suponer la existencia de una relación de mayor cercanía entre Martínez Rojas, Azzolina y el personal policial”. El objetivo del procedimiento coordinado entre la policía y el empresario era apropiarse de Radio América y eliminar a la recientemente formada cooperativa Por Más Tiempo, la que hoy continúa sosteniendo el diario. Como siempre denunciaron las trabajadoras y los trabajadores de Tiempo, la “compra” de ambos medios “era un fraude planificado por Szpolski y Garfunkel, quienes buscaban ganar tiempo y desgastar la protesta de los trabajadores que intentaban la continuidad laboral o, al menos, ser indemnizados”. Tal como describe el fallo judicial, el resultado de esa maniobra sería nada menos que el despido de alrededor de 400 personas, entre diario y radio, sin indemnizaciones. Al momento del ataque violento en Amenábar 23, Martínez Rojas se había quedado con la licencia de la radio y hasta había tomado por la fuerza e ilegalmente su planta transmisora. La justicia tuvo por válido el argumento de los trabajadores de Tiempo en tanto el grupo patronal tiene fuertes vínculos “con los peores hombres de los servicios de inteligencia, quienes les garantizaban el accionar mafioso, mientras que la Policía, la Justicia y parte del oficialismo (ya en ese entonces el macrismo) no fueron ajenos a esta estrategia”.