Un defensor de genocidas tucumano quiere ser juez federal

El poder político tucumano decidió ayudar nuevamente al otrora defensor de represores Facundo Maggio, que ya es juez de instrucción en lo penal, a seguir escalando en la justicia local y federal mientras los organismos de derechos humanos se resisten a que continúe acumulando poder. H.I.J.O.S Tucumán y la red nacional en pleno de la agrupación repudió su postulación a integrar la terna para ser vocal del Tribunal Oral Federal de Tucumán –que tiene injerencia en delitos de lesa humanidad— ante el Consejo de la Magistratura y su candidatura a magistrado del Tribunal local de Impugnación ante la Legislatura provincial.

“Hace años que venimos manifestando nuestro repudio a que un defensor de genocida ocupe cargos tan importantes en la justicia”, postularon desde la agrupación tucumana ayer, luego de presentar el segundo repudio en menos de una semana contra Maggio. Vía redes, compartieron la carta que presentaron ante la Legislatura provincial, que tiene en sus manos la posibilidad de convertir a Maggio en juez de Impugnación al igual que lo hicieron el viernes pasado con varias misivas rechazando la posibilidad de que el ex defensor accediera a una de las vocalías en el Tribunal Oral federal de Tucumán.

Lo que preocupa a H.I.J.O.S y a una red amplia de organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas –entre las que figuran Fundación Memorias e Identidades, APD, Madres de Plaza de Mayo y el colectivo Ni Una Menos, entre otras–, es la “falta de compromiso y de respeto por los derechos humanos exteriorizada” por Maggio. Las mismas razones por las que impugnaron sin éxito su candidatura a juez de instrucción penal en 2018 y que repitieron ahora ante el Consejo de la Magistratura nacional y la Legislatura tucumana.

Es que, por estos días, la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo, a cargo de Graciela Camaño, debe analizar la terna para cubrir vocalías vacantes en el Tribunal Oral federal de Tucumán, el que tiene competencia en causas de delitos de lesa entre otras. Y Maggio integra esa terna. Impulsada por la regional tucumana de H.I.J.O.S, organismos de derechos humanos locales y nacionales firmaron una misiva en la que expresaron a Camaño su impugnación de esa candidatura. “Consideramos que la opinión de los ciudadanos y de organizaciones representativas de diferentes espacios sociales fortalece el sistema republicano”, postularon y avanzaron sobre las razones que respaldan su negativa a que Maggio integre el TOF.

En el documento hicieron un repaso de los casos que tuvo a su cargo Maggio desde 2012 en adelante. En 2012, defendió a acusados por crímenes de lesa humanidad en el marco de la Megacausa Arsenales II. Entonces, era también abogado de la Fiscalía de Estado de Tucumán, cargo al que debió renunciar. Hizo lo propio con José Eloy Mijalckyk –“El Padre Pepe”, quien resultó absuelto a pesar de haber sido reconocido por los sobrevivientes de ese centro clandestino– y al ex militar Carlos Eduardo Trucco, condenado a 14 años de prisión; entre 2016 y 2017. También fue el abogado de Carlos Diacono, Enrique Bonifacino, Ernesto Arturo Alais, Camilo Orce, Cayetano José Fiorini, Chuchuy Linares y Luis Rolando Ocaranza, miembros de la patota asesina del Operativo Independencia. Cuando la Corte Suprema nacional intentó abrir las puertas de las cárceles para que genocidas sean beneficiados con el 2×1, Maggio no dudó en intentar atravesarla.

El hecho “reviste una gravedad tremenda”, planteó Carolina Fragouli, de H.I.J.O.S. Tucumán, quien advirtió que de convertirse en juez federal Maggio, “no tendríamos nunca más juicios porque sería recusado de manera sistemática” y, además, “también podría reemplazar o participar de algún tribunal de otras provincias del NOA”. Las organizaciones hicieron hincapié en las características de esas defensas que ejerció, que no fueron solo técnicas sino que, en varios casos, “sistemáticamente apeló al entorpecimiento y enlentecimiento de los procesos judiciales” en contra de sus defendidos.

“La paradoja es que está compitiendo para  un cargo que en el TOF dejó vacante Alicia Noli, una jueza que tenía su marido detenido desaparecido (que se jubiló) y como tal nunca actuó en Tucumán en los juicios y cuando lo hizo en Santiago, fue cuestionada”, contó Marta Rondoletto, de la Fundación Memorias e Identidades de Tucumán. “No hay modo, desde nuestra perspectiva, de que ese hombre pueda garantizar absolutamente nada. Desde sus primeras prácticas como profesional en Buenos Aires, hasta acá, en Tucumán da garantías de un ejercicio no viciado por relaciones en contraste con verdad, justicia y memoria. Muy por el contrario”, completó.

Los vínculos de Maggio con el sector que considera a los genocidas como perseguidos y presos políticos se remontan a décadas atrás. Sus primeros pasos como abogado los dio, en Buenos Aires, en el estudio jurídico Saint Jean & Maggio, de donde, actualmente, el socio principal es el hijo de Ibérico Saint Jean, ex gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires. Luego se casó y se mudó a Tucumán.

Los organismos y agrupaciones sociales que respaldaron la misiva sostienen que estos antecedentes son relevantes porque “revelan la falta de idoneidad moral” de Maggio “para ocupar un cargo en la judicatura federal. Las defensas que ejercita el abogado se basan en una reivindicación de terrorismo de Estado, una reivindicación de los testigos de cargo contra sus defendidos, haciendo una abierta reivindicación de la teoría de los dos demonios mostrando desprecio y falta de sensibilidad con el sufrimiento de las víctimas y los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado”. No obstante, confían en que el Consejo de la Magistratura tratará la demanda. “Entendemos que en esta gestión de manos de Alberto Fernández en la presidencia hay compromiso con la memoria verdad y la justicia y poner fin al negacionismo”, postuló Frangouli.

Impugnado también en la provincia

Con los mismos argumentos impugnaron ayer la postulación de Maggio al cargo de juez de Impugnación, que el Poder Ejecutivo de Tucumán, con la firma del gobernador Juan Manzur y la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, remitió a la Legislatura la semana pasada. “Vemos con profunda preocupación que el gobierno de Juan Manzur siga cerrando las puertas a organismos de DDHH, familiares y sobrevivientes. Ya en el año 2018, hasta la propia presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto se manifestó en contra de la postulación del defensor de genocida, Maggio, para ocupar el sillón de juez penal de la pcia. Por supuesto que en esa oportunidad tampoco fuimos escuchados”, remarcaron desde la agrupación a través de la red social Twitter.

Es que, en 2018, a pesar del rechazo de los organismos, Maggio fue designado juez, cargo que ocupa desde entonces. Desde finales de 2019, tiene a su cargo la investigación por violación contra el senador José Alperovich, con licencia en la Cámara Alta desde entonces.