Una amenaza a la libertad de expresión

Luego de tres años y medio de reclamar por todas las vías que el Grupo Clarín cumpla con la ley vigente e incorpore en la grilla de Cablevisión al canal Barricada TV, la directora del canal autogestivo, Natalia Vinelli, tendrá que presentarse este martes a declarar en un causa contravencional por un protesta realizada en diciembre pasado en la sede de Canal 13. “Estamos ante una empresa que no está interesada en tener ningún tipo de diálogo ni cumplir las leyes que no respondan a su propio interés”, advirtió la comunicadora que se presentará a la Justicia con un fuerte respaldo de organizaciones sindicales, políticas y sociales y de la UBA frente a la “amenaza a la libertad de expresión y el derecho a la protesta”.

La cita es en la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 12 de la Ciudad de Buenos Aires bajo la carátula de “derecho de admisión”, por la cual se acusa a Vinelli y a varios de los dirigentes que acompañaron la protesta del canal comunitario, entre ellos, el dirigente del Frente Patria Grande Juan Grabois, quien también está citado a declarar. Además fueron imputados el titular del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), Pablo Antonini, el secretario de derechos humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), Tomás Eliaschev, Omar Zanarini de Radio Gráfica y el dirigente José María Di Bello.

La causa fue abierta de oficio por la Policía de la Ciudad en diciembre pasado, cuando organizaciones de comunicación comunitaria y sociales llegaron al edificio de Canal 13
, ubicado en el barrio de Constitución, e ingresaron de manera pacífica al estacionamiento público —que la empresa utiliza de manera privada— para exigir una reunión con los directivos del grupo mediático.

La reunión nunca ocurrió, pero la Policía de la Ciudad rodeó al grupo de manifestantes, cerró las rejas del estacionamiento para impedir el paso y los retuvo hasta que Grabois firmó un acta labrada con la contravención. “La protesta fue pacífica, por lo que no solo se les está aplicando una disposición del código contravencional que no es aplicable sino que se está criminalizando el ejercicio al derecho a la protesta”, apuntó el abogado defensor Martín Alderete.

Aquel mediodía, ni Vinelli ni el resto de los comunicadores y dirigentes estaban en el acta, sin embargo, la directora de Barricada TV recibió la notificación la semana pasada para presentarse ante la fiscalía y a partir del acceso a la causa pudo conocer la situación del resto de sus pares y dirigentes.

“Si tuvieran imágenes que mostraran que actuamos con violencia durante la protesta, las hubiesen mostrado por todos lados. Hablaron una semana sobre nosotros, en la televisión, en la radio, pero nunca nos llamaron para que pudiéramos dar nuestra versión. Estamos pidiendo que cumplan con la ley”, lamentó la comunicadora y docente de la UBA en diálogo con PáginaI12.

El canal autogestivo mantiene un legítimo reclamo desde diciembre de 2015
, cuando obtuvo la licencia de TDA para transmitir en baja potencia en la Ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del Conurbano. Los artículos vigentes de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual obligan a los cableoperadores a subir a sus grillas a los canales habilitados por el Estado
. Sin embargo, Cablevisión y Telecentro se niegan a hacerlo con Barricada y ParesTV, las únicas dos señalas comunitarias que consiguieron una licencia desde la sanción de la Ley de Medios.

“Llegamos a la protesta en Canal 13 luego de haber enviado varias cartas documento, de abrir una causa judicial y que la Defensoría del Público convocara a audiencias de conciliación a Cablevisión y Telecentro. Ni respondieron las cartas documento ni se presentaron a la audiencia. Estamos ante una empresa que no está interesada en tener ningún tipo de diálogo ni cumplir las leyes que no responden a su propio interés”, contextualizó la directora de Barricada.

“Es un delirio y un alarde de poder que pretende disciplinar y ahogar cualquier derecho a disentir con la idea de que haya pocos dueños de la agenda pública en el país. Hay derecho a manifestarse en un canal como frente a cualquier empresa y fue una protesta pacífica, está documentado, para reclamar que cumpla con la ley a quien tiene la llave de dar acceso a otras voces a través de la grilla de su cableopreadora”, agregó el titular de FARCO a este diario.

Ante la imputación de Vinelli y Grabois, rápidamente organizaciones sindicales, políticas y de derechos humanos enviaron sus mensajes de respaldo y adhesión al reclamo de los canales comunitarios, mientras que desde la dirección de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA se emitió un comunicado advirtiendo sobre la “amenaza a la libertad de expresión y derecho a la protesta” que representa la investigación abierta. “Esperamos que la fiscalía desestime el proceso de investigación iniciado. En caso contrario, puede ser considerado un amedrentamiento a periodistas que buscan ejercer sus derechos comunicacionales”, reclamaron desde la casa de altos estudios.

En paralelo, el canal comunitario espera la resolución de la demanda presentada ante el Juzgado Contencioso Federal 9, a cargo de Pablo Cayssials, para que haga cumplir la LSCA, donde aún también se espera la respuesta de las empresas para abrir la instrucción. Por la vía institucional es el Enacom, presidida por la radical Silvana Giudici, el organismo que debería velar por el cumplimiento de la norma. El reclamo fue llevado nuevamente a la mesa del organismo por el sector comunitario la semana pasada, cuando consiguieron una audiencia para reclamar la subjecución de otro punto de la ley
, el del Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual (Fomeca).

“El armado de esta causa muestra la importancia de que exista una política pública que impulse al sector comunitario de la comunicación para que la realidad no sea solo la que cuentan los medios comerciales”, resaltó Vinelli un día después de que varios representates del sector de la comunicación comunitaria reaccionarán antes las declaraciones del candidato presidencial Alberto Fernández, quien sostuvo que “la comunicación es un negocio”. “Hay que hacer pedagogía en comunicación, no hay que perder lo conseguido”, valoró la directora de Barricada TV.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/196613-una-amenaza-a-la-libertad-de-expresion

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