Canal, cipayos y el suicidio acuático 

El pasado 21 de este mes se conoció una prueba de navegación exitosa en el canal Magdalena: el guardacostas GC24 “Mantilla”, de la Prefectura Naval Argentina, llegó a Buenos Aires desde el Sur, sin pasar por Montevideo y navegando el Canal Magdalena. Claro que con 4,5 metros de calado –por lo menos la mitad de que necesitan los grandes buques cargueros–, fue todo un acontecimiento porque pudo navegar por el canal sin tener que pasar por Montevideo.

Habiendo partido del Puerto de Mar del Plata, en 24 horas a velocidad reducida y desplazando 900 toneladas a carga completa, el guardacostas demostró la innegable ventaja comparativa respecto del derrotero del rompehielos ARA “Irízar”, que días antes había navegado por el canal Punta Indio debiendo pasar por Montevideo.

De donde quedó claro lo absurdo del cepo impuesto a la navegación soberana argentina, hoy impedida de llegar libremente a todo el sur argentino y de regresar igualmente, lo que encarece absurda y ridículamente todo el comercio exterior del país. Y encima en gratuito beneficio de cientos de barcos de todo tipo, incluso factorías, mientras nuestro país sí es forzado a pagar cánones, prácticos, estacionamientos, y servicios a precios internacionales… para navegar en aguas propias.

Como dijo Horacio Tettamanti, experto consultor de esta columna, “queda clara la diferencia de los costos de navegación: el ´Mantilla´ llegó a Buenos Aires sin salir del país, sin gastar plata en ningún lado, absolutamente soberano y sin pedir permiso a nadie; mientras el ´Irízar´ debió esperar frente a Montevideo, pedir autorización al gobierno uruguayo para proceder al embarque de los prácticos, abonar costos en dólares y luego esperar durante horas la autorización de salida para volver a la Argentina”.

O sea, el “Mantilla” regresó de sus patrullajes en el sur navegando sin salir de Argentina, mientras el “Irizar” regresó de la Campaña Antártica habiendo salido del país, pedido permiso en otro, abonado grandes tarifas en dólares y perdido tiempo para volver a la Patria. Y todo en paralelo, o casi, a que un retorcido periodista, en un canal de la telebasura, cacareaba que “una alta fuente del Ministerio de Transporte” le había informado del lanzamiento de una licitación para hacer las obras de alistado del Canal Magdalena por “algo así como 60 mil palos”. Y cerró así el bolazo al aire: “A mí me cuentan que Massa va a diferir, o directamente matar, la licitación del Magdalena. Y hay dos versiones por las cuales lo haría: una es porque el FMI se lo pide, que es la versión número uno porque preguntó cuál es la necesidad de la obra para gastar ese dinero. Y la otra versión es porque, de motu propio, presionaría a Alberto para que lo haga él, y así sea Alberto quien baje la licitación y entonces él tener un problema menos en una supuesta campaña presidencial y etcétera, etcétera”. Y concluyó: “Así que bueno, en el tema de la hidrovía me parece que ahí Sergio Massa tiene vía libre para hacerlo”.

Claro que más allá de estas fanfarronadas, esta columna recibió también, desde Uruguay, un breve pero impactante video que denuncia el inminente desastre del agua –no se lo puede llamar de otro modo– que se vincula con los pésimos usos industriales y de navegación del vital líquido, que a este ritmo las grandes corporaciones que operan irresponsablemente los ríos Paraná y Uruguay, así como también los dizque “productores” agropecuarios, van a terminar generando un verdadero holocausto, como se puede ver en el video, de poco más de un minuto.

Quizás por eso, y por si esto fuera poco, el mencionado Tettamanti escribió una durísima carta al Presidente Fernández, acusándolo de entregar el manejo estratégico del sistema hídrico del Plata a las multinacionales exportadoras de granos, lo que lo coloca en la frontera de traición a la patria, por lo que le pide que “no sea un nuevo Rivadavia” ya que “entregar la navegación estratégica de nuestros rompehielos, nuestros patrulleros marítimos, el cabotaje patagónico y nuestra soberanía en las Islas Malvinas y Antártida a las exportadoras multinacionales de cereales, que de ahora en más van a definir cómo se navega a la Antártida y al sur argentino, es como una traición a la Patria”.

Claro que en este tipo de reclamos también hay que decir, y subrayar, que es inexplicable el silencio del Congreso frente a políticas y medidas absurdas que condicionan nuestro futuro económico. Todos los modelos de sometimiento, aunque definidos fronteras afuera de la Argentina, aquí son aceptados mansa y silenciosamente, y encima condenados los cuestionamientos. Al menos desde el cretino y antinacional Decreto 949/20 que el Presidente sigue sosteniendo desde hace tres años, y que es más que inexplicable.

En tal contexto, algunos medios –de los muchos que en la web trajinan los asuntos marinos– provocan y/o se ufanan, con alarmismo, de confundir más que de informar. Por caso MercoPress, órgano de una así llamada South Atlantic News Agency, sostuvo la semana que acaba de pasar que “Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay insistieron en que Argentina debe abstenerse de cobrar peajes hasta que se revise a fondo el asunto”. Exageración que busca amilanar, además, aludiendo a ese “grupo de países que integran el Comité del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay-Paraná”, ente que –sostienen– “sugirió a Argentina que se abstenga de adoptar medidas que violen las normas acordadas y deje de cobrar peaje a las barcazas que pasan por Santa Fe”. Y según se dice en la edición de ayer, domingo 21, “Paraguay insistió en que el peaje argentino constituye un impuesto al transporte internacional sin acuerdo entre los países y no corresponde a servicios efectivamente prestados a la navegación”.

Y así reiteran ese mismo tono autoritario, seguramente conscientes de que causa pánico en estamentos del gobierno argentino inficionado de funcionarios cipayos: “Las delegaciones de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay también mostraron su seria preocupación por el tema, que consideraron excede las disposiciones reglamentarias (…). Las cuatro delegaciones coincidieron en la necesidad de analizar la información técnica aportada por la Delegación Argentina en un plazo no mayor a 15 días y reafirmaron el pedido de suspender la aplicación de las Resoluciones 625/2022 y 1023/2022 del Ministerio de Transporte argentino hasta tanto se revise exhaustivamente el tema” y solicitaron “que se adopten las medidas necesarias para garantizar la libertad de tránsito”.

Da para pensar, se diría, que ya saben, y muy bien, cómo atemorizar a funcionarios entreguistas de los que la Argentina parece estar llena.

Y encima, esto sucedía mientras el Sr. Massa le entregaba la banda de Wifi6 a Amazon, Google y Facebook. O sea, a los Estados Unidos. Lo que no deja de ser entre patético y gracioso si, encima, pretenden que se los vote.