A 20 años de las movilizaciones populares que terminaron con la mayoría automática de la Corte, abogados y abogadas, funcionarios y trabajadores del servicio público y comunitario de la Justicia, agrupados en el espacio Palabra Justa, difundieron una declaración donde afirman que “tanto la estructura como la tarea de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –y de una parte importante del poder judicial en general– ha dejado de ser compatible con el funcionamiento de la democracia”. Asimismo, proponen implementar cambios “de inmediato” en el máximo tribunal.
En la declaración, aseguran que “desafiar la democracia del gobierno de los representantes, elegidos por el voto popular, a través de fallos que obstaculizan decisiones ejecutivas y legislativas, se tornó el mecanismo habitual desde hace algunos años, por parte de un organismo que naufraga sin rumbo ni timón, perdido en sus privilegios, sin tener que rendirle cuentas a nadie”.
Entre las modificaciones sugeridas para “volver a encontrar una Corte para la democracia”, que “terminen con los privilegios, las arbitrariedades y el descontrol en el que están inmersas las conducciones de las instituciones judiciales en Argentina”, plantean: cambios en la composición y el número de los integrantes de la Corte; establecer mecanismos de selección que acoten su campo de acción, la cantidad de casos a resolver y la creación de un tribunal intermedio para resolver los planteos de arbitrariedad, con competencia federal y en todas las provincias; establecer normativamente plazos taxativos para la resolución de casos; y que la Corte respete el art. 114 de la Constitución Nacional y le devuelva al Consejo de la Magistratura la real administración de los recursos económicos, financieros y la competencia para dictar las licencias, pases, transferencias, etc. del Poder Judicial.
“Creemos que resolver con autoridad política y democrática lo urgente, nos permitirá desandar un proceso de transformaciones más profundas en el sistema judicial argentino para volver a encontrar una Corte para la democracia”, concluyen.
La declaración completa de Palabra Justa
A 20 años de las movilizaciones populares que terminaron con la mayoría automática de la Corte Suprema de Justicia de la Nación e inauguraron un ciclo esperanzador de cambios republicanos y democráticos en el máximo órgano del Poder Judicial, abogados y abogadas, funcionarios y trabajadores del servicio público y comunitario de la justicia agrupados en el espacio “PALABRA JUSTA”, queremos compartir algunas reflexiones y acciones urgentes.
Hace tiempo que, en Argentina, tanto la estructura como la tarea de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ―y de una parte importante del poder judicial en general― ha dejado de ser compatible con el funcionamiento de la democracia. A estas alturas es institucionalmente imposible justificar el constante ataque por parte de la Corte a la autoridad democrática de la ciudadanía y sus legítimos representantes. Desafiar la democracia del gobierno de los representantes, elegidos por el voto popular, a través de fallos que obstaculizan decisiones ejecutivas y legislativas, se tornó el mecanismo habitual desde hace algunos años, por parte de un organismo que naufraga sin rumbo ni timón, perdido en sus privilegios, sin tener que rendirle cuentas a nadie.
En estos días observamos perplejos como la Corte Suprema llegó al extremo de reestablecer una ley derogada, rompiendo los límites constitucionales de sus competencias e invadiendo abruptamente funciones propias y exclusivas del poder legislativo.
En años anteriores, específicamente en el segundo mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, hemos presenciado cómo los factores de poder recurrieron habitualmente al poder judicial, tanto en la justicia ordinaria como en su ámbito federal, para entorpecer la aplicación de leyes aprobadas por el congreso con mayorías holgadas. El itinerario judicial que trazaron leyes de gran relevancia como la ley 26. 522 (Ley de servicios de comunicación audiovisual) o la tan mentada ley de “democratización de la justicia” son solo una muestra de la vocación antidemocrática de una parte importante del poder judicial, en connivencia con otras corporaciones. A esto debemos agregarle el cotidiano maltrato, persecución y aplicación sesgada de la normativa ―ya obsoleta― que desde los juzgados y cámaras locales y federales aplican a los sectores populares.
Semejante anomalía, no solo tensa al sistema constitucional y la división de funciones, sino que directamente lo fractura.
Semejantes golpes de la corte, y del poder judicial en general, contra las reglas básicas del modelo institucional argentino, expone fundamentalmente dos cuestiones: el desapego a las reglas de la Constitución y al Estado de Derecho por parte de dichos magistrados, y el deficiente diseño de nuestro máximo órgano judicial.
Pues más allá de la calidad de quienes la integren, lo cierto es que una Corte Suprema reducida al arbitrio de tres personas es injustificable en términos constitucionales y democráticos. No existe ninguna democracia en el mundo actual que condicione y someta todo su sistema político y la gestión del Estado a la (mejor o peor) discreción de tres personas. Pues aquí ya no se trata de discrecionalidad válida o arbitrariedad manifiesta, se trata de que hemos llegado a la irracionalidad de invertir las reglas básicas de la democracia y el principio de representatividad.
Así como la Constitución expresamente prohíbe a la Corte Suprema invadir y ejercer competencias que son propias y exclusivas de otro poder del Estado, el mismo sistema constitucional, interpretado racionalmente, impide semejante concentración de poder en manos de tres personas.
Consideramos que es necesario y urgente que el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Legislativo avancen de inmediato en promover, legislar y reglamentar los siguientes cambios en el máximo tribunal:
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Cambios en la composición y el número de los integrantes de la CSJN, consolidando la igualdad de género y federal.
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Establecer mecanismos de selección que acoten su campo de acción, la cantidad de casos a resolver y la creación de un tribunal intermedio para resolver los planteos de arbitrariedad, con competencia federal y en todas las provincias.
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Establecer normativamente plazos taxativos para la resolución de casos
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Que la CSJN, respete el art. 114 de la Constitución Nacional y le devuelva al Consejo de la Magistratura la real administración de los recursos económicos, financieros y la competencia para dictar las licencias, pases, transferencias, etc. del Poder Judicial.
Creemos que resolver con autoridad política y democrática lo urgente, nos permitirá desandar un proceso de transformaciones más profundas en el sistema judicial argentino para volver a encontrar una Corte para la democracia. Que terminen con los privilegios, las arbitrariedades y el descontrol en el que están inmersas las conducciones de las instituciones judiciales en Argentina. Que se reencuentre con un proyecto de país que resuelva los grandes problemas nacionales y los padecimientos cotidianos del pueblo argentino.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/391981-declaracion-del-espacio-palabra-justa-una-corte-para-la-demo
