La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que realizará una visita urgente a Bolivia, entre el 22 y 25 de noviembre, frente a lo que describió como el “riesgo de impunidad para violaciones de DDHH”. El organismo dependiente de la OEA, que respaldó a la autoprocalamada Jeanine Áñez, condenó la participación de las Fuerzas Armadas en la represión a la protesta social, calificó de “inadmisible” el decreto de Áñez, que busca exhimir de responsabilidad penal a los militares que participen en las represiones, y exigió la convocatoria a elecciones en 90 días.
El comunicado de la CIDH se emitió previo a que se conocieran los crímenes de, al menos, 6 personas durante un operativo conjunto de Fuerzas Armadas y Policía
en la localidad de Senkata, donde manifestantes protestaban contra el gobierno autoproclamada bloqueando el ingreso a una planta de abastecimiento de combustible. Las nueva masacre, que repite en menos de una semana la ocurrida en Cochabamba
, incrementa el total de muertos a 29.
El organismo expresó una “enérgica condena al uso excesivo de la fuerza por parte de operaciones combinadas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para reprimir” y recordó que no hay “sustento legal” para sacar a las calles a los militares, cuyo entrenamiento “está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles”.
En ese sentido, la CIDH señaló su “profunda preocupación” por el decreto 4078
firmado por Áñez, lo calificó de “inadmisible” y condenó “cualquier acto administrativo de impunidad que atente contra el derecho a la verdad y la justicia para las víctimas y sus familiares”.
El llamado urgente de la CIDH también advirtió sobre las “amenazas dirigidas a líderes del gobierno anterior, asambleístas y dirigentes sociales” como también “funcionarios y dirigentes de instituciones independientes del Estado, como los organismos nacionales de promoción y protección de los derechos humanos”.
En el mismo tono, la comisión le recordó al gobierno autoproclamado la crítica situación que vive la prensa en el país tras el golpe de Estado. “Entre los hechos, se registran amenazas para el cierre de canales de televisión; retención de funcionarios; quema de instalaciones de radios; y presiones contra los trabajadores de la prensa”, enumera el comunicado.
El organismo de de derechos humanos describió claramente el mecanismo por el que Áñez accedió al poder — “el bloque minoritario del Senado, convocado y votando sin el quórum requerido, eligió la nueva líder del cuerpo legislativo que se declaró, a si misma, presidenta interina de Bolivia— y sostuvo la necesidad de convocar a un “diálogo nacional” con la participación de todos los sectores políticos para la elección de un nuevo Tribunal Electoral y la convocatoria a elecciones en 90 días.
En línea con las demandas de la CIDH, el bloque mayoritorio del MAS en el Congreso presentó por la mañana un proyecto de ley para anular las elecciones celebradas el 20 de octubre y la votación de un nuevo tribunal electoral para poder avanzar en un nuevo proceso electoral. La ex presidente del Senado, Adriana Salvatierra, celebró la visita de la CIDH.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/231962-dura-condena-de-la-cidh-al-gobierno-golpista