El presidente Alberto Fernández pidió al Senado que preste su acuerdo para que Ana María Figueroa, la actual presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, permanezca en su cargo después de cumplir los 75 años de edad. Figueroa es una de las juezas que denunció haber sufrido presiones durante el macrismo y actualmente debe expedirse sobre la reapertura de dos de las causas en las que Cristina Fernández de Kirchner había sido sobreseída. El Poder Ejecutivo, además, remitió otros 46 pliegos de jueces, defensores y fiscales para que sean analizados por la Cámara Alta.
Figueroa ya había informado que no tenía planes de jubilarse en agosto, cuando cumplirá los 75 años –el límite que la Constitución establece para el retiro de magistrados o magistradas–. Sin embargo, existe una excepción: quienes quieran quedarse deben conseguir un nuevo acuerdo del Senado, que se extiende por cinco años y que es renovable.
En los últimos meses, se produjeron dos vacantes en el máximo tribunal penal: las de Liliana Catucci y, más recientemente, la de Eduardo Riggi. Ninguno de los dos –ambos integrantes de la Sala III de la Casación y referentes de la vieja guardia del cuerpo– consiguió el visto bueno para continuar.
El caso de Figueroa es distinto. Ella se incorporó a la Cámara de Casación Penal en 2011 –durante el gobierno de CFK– después de largos años de ejercer la abogacía y de intervenir en causas de lesa humanidad. En la actualidad, ejerce la presidencia del tribunal pero aún así interviene en expedientes sensibles para el sistema político. Tiene que resolver si se reabre y se hace el juicio oral en la causa conocida como Los Sauces y Hotesur en la cual fueron sobreseídos la vicepresidenta y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
En Tribunales circula la versión de que esa causa podría ser abierta con los votos de los otros dos integrantes de la Sala I de la Casación Federal, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. De hecho, en los medios alineados con la oposición, se siguió con interés el viaje que la jueza hizo al Vaticano a la espera de que volviera y definiera su posición en la causa que involucra a la vicepresidenta y a sus dos hijos.
En manos de Figueroa, Petrone y Barroetaveña también está el destino de la causa del Memorándum con Irán, que se originó con la denuncia de Alberto Nisman y se volvió a impulsar con una escucha ilegal al excanciller Héctor Timerman. En este caso, el Tribunal Oral Federal (TOF) 8 había sobreseído a la vicepresidenta por entender que no había delito.
Si Figueroa no alcanzara el acuerdo del Senado –algo que en el Ministerio de Justicia descartan porque al Frente de Todos le basta la mayoría que tiene–, quedaría una única mujer en la Cámara Federal de Casación Penal: Ángela Ledesma. Ellas dos y el camarista Alejandro Slokar fueron las únicas voces disonantes en los escándalos que tuvieron lugar en ese tribunal. En el caso de Slokar y Ledesma frente a las visitas de dos de sus colegas, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, a Mauricio Macri; en el caso de las juezas mujeres, ellas fueron quienes denunciaron la actitud machista de su colega Juan Carlos Gemignani.
En 2020, Figueroa relató en una entrevista con la AM750 que había sufrido presiones del Ministerio de Justicia de Mauricio Macri a la hora de resolver la causa del Memorándum. El señalado fue Juan Bautista Mahiques, actual fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y por entonces el responsable de las relaciones con el Poder Judicial del gobierno de Cambiemos. Los dichos de Figueroa dieron pie para impulsar una causa sobre el accionar de la llamada mesa judicial del macrismo. Si bien ella no es denunciante, sí brindó su testimonio ante el fiscal federal Franco Picardi. Por esa declaración, tanto Macri como el extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas tomaron como deporte la recusación de Figueroa en cualquier causa que los involucrara.
En una entrevista reciente con Ámbito Financiero, Figueroa había rechazado referirse al viaje de jueces –entre ellos, su colega Carlos Mahiques– a Lago Escondido, pero había dado a entender su malestar. “A ninguno de nosotros nos obligan a ser jueces. Es algo que elegimos. Y cuando elegimos esta función tan importante en un Estado constitucional de Derecho debemos saber que hay reuniones a las que no podemos asistir, lugares a donde ya no podemos concurrir, comportamientos que ya no podemos tener. Porque el desempeño de la magistratura es de tal responsabilidad y tenemos que ser lo más independientes posible que por eso exige ese tipo de conducta. Por eso, obviamente, no respetarlas, tener opiniones impropias, no se compagina con el trabajo de un magistrado conforme a derecho”, dijo entonces.
Además del pliego de Figueroa, el gobierno incluyó en su envío al Senado el de Fernando Poviña para la Cámara Federal de Tucumán. La inclusión de Poviña –el juez que procesó en 2012 a Carlos Pedro Blaquier por delitos de lesa humanidad– es un dato que repercute en la discusión sobre las vacancias en la Cámara Federal porteña. Poviña era el candidato mejor posicionado para quedarse con el lugar de Leopoldo Bruglia o Pablo Bertuzzi en el tribunal de apelaciones de Comodoro Py, pero ese concurso sigue trabado en el Consejo de la Magistratura.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/540357-el-gobierno-pide-que-la-jueza-ana-maria-figueroa-siga-despue
