A fines de 2018 el gobierno de Mauricio Macri recibió una intimación de la Agencia de Acceso a la Información para que hiciera públicos los registros de personas que habían ingresado a la Quinta de Olivos en su mandato. En un acting de transparencia, la administración de Cambiemos le dio a la fundación Poder Ciudadano una lista de nombres en orden alfabético sin fechas, razones de las visitas, forma de ingreso ni detalle alguno. Ahora que salieron a la luz los documentos originales sobre esas entradas y salidas, queda clarísimo que de aquel listado armado fueron excluidas específicamente algunas personas y entre ellos están, nada más y nada menos, que los jueces y fiscales que iban a ver al expresidente, a veces con la excusa de partidos de tenis, de paddle o de fútbol. Algunos de los nombres que se intentó mantener ocultos son: los de los camaristas de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, el del integrante de la Cámara Federal Mariano Llorens y el del fiscal Raúl Pleé. Borinsky tuvo un récord de quince entradas a la residencia presidencial. Todos ellos participaron en decisiones contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios de su gobierno que revestían especial interés para el macrismo, que hizo del uso de las causas judiciales una herramienta central de ataque a sus oponentes políticos en alianza con medios de comunicación.
La excusa insólita que ofreció el gobierno de Macri ante Poder Ciudadano y luego ante un juzgado en lo contencioso administrativo citó razones de “seguridad” del entonces presidente y de respeto a su “intimidad” familiar. ¿Cuál sería la afectación a la seguridad informar sobre las visitas de Hornos, Borinsky, Llorens y Pleé? ¿O son amigos íntimos de Macri y por eso se afectaría la privacidad? Hay un concepto equivocado que rodea la cuestión la relación de jueces y fiscales con el poder político, como si lo único que pudiera condicionar a los primeros en sus decisiones en expedientes fuera recibir una indicación explícita de cómo deberían fallar. Pero eso no hace falta, porque además ese vínculo está naturalizado e incluso valorado entre quienes detentan poder. ¿Un juez que va seis veces a Casa Rosada o quince a la quinta de Olivos a ver al presidente puede ser independiente? Los fallos que firmaron, por ejemplo, Hornos y Borinsky entre 2016 y 2019, eran los que esperaba el gobierno de Macri, que incluso lo explicitaba. Para aquellos magistrados/as que no resolvían de acuerdo a sus expectativas, había denuncia y castigo. Ejemplos sobran: Eduardo Freiler, Jorge Ballestero, Eduardo Farah, Ana María Figueroa, Gabriela Boquin, Alejo Ramos Padilla, Martina Forns, entre otros.
Visitas especiales
La punta del ovillo se hizo visible hace algunas semanas cuando el flamante ministro de Justicia, Martín Soria, denunció seis ingresos de Hornos, presidente de la Cámara de Casación Penal Federal, a la Casa Rosada durante el macrismo, coincidentes con fallos de interés de ese gobierno. Hornos les dijo a sus compañeros casadores que tenía una relación “social” con Macri y que hablaban de política judicial también. Sólo dos de sus colegas del tribunal le pidieron que renuncie a la presidencia del cuerpo y se sumaron otros dos que le reprocharon sus “conexiones inapropiadas”. El portal El Destape reveló que también estuvo dos veces en Olivos, una el 19 de noviembre de 2016 y otra el 8 de marzo de 2017, y detalló visitas de otros magistrados. Borinsky intentó cuestionar que sus ingresos hayan sido quince. No fue “tantas veces”, dijo, y argumentó que su presencia se debía a que estaba al frente de la Comisión de Reforma del Código Penal. En varios de los registros oficiales figura que ingresó con un auto oficial y que iba a jugar al tenis, al paddle o al fútbol. Según el teléfono celular del secretario privado de Macri, Darío Nieto, uno de los temas agendados para “hablar con Borinsky” era “tema denuncia, administrativo y penal”. El celular de Nieto fue peritado en la causa sobre espionaje que se inició en Lomas de Zamora, que reveló una enorme trama de inteligencia ilegal durante le gobierno de Macri. El aparato tenía anotaciones varias, entre ellas la del juez de Casación.
Hornos y Borinsky integraron juntos la Sala IV de Casación durante el gobierno de Macri. Sus visitas al expresidente guardan coincidencia con fallos políticamente resonantes como: el que permitió que se reabriera la denuncia del fallecido Alberto Nisman contra CFK y Héctor Timerman por el Memorándum con Irán, el que respaldó la causa Dólar Futuro, el expediente de la llamada “Ruta del dinero K” (terminó en febrero con la condena a Lázaro Báez), el de Vialidad (por la obra pública en Santa Cruz, juicio que se está realizando), una condena contra Milagro Sala y la detención de Amado Boudou en el caso Ciccone. En la mayoría de estos casos hubo y hay personas privadas de la libertad. En algunos podría haber una catarata de recusaciones y pedidos de revisión de fallos por falta de excusación de los jueces. Mientras los jueces iban a ver a Macri, su gobierno intervenía en esas causas como querellante.
La causa de la ruta del dinero alberga una de las más grandes paradojas: en medio de la instrucción el macrismo fogoneó una causa contra el juez a cargo, Sebastián Casanello, en base a una noticia falsa según la cual el magistrado se había reunido con CFK en Olivos. Lo que molestaba era que Casanello no llamaba a indagatoria a la actual vicepresidenta. La AFI hizo el armado con dos testigos falsos que terminaron confesando y fueron condenados por falso testimonio. Los medios se cansaron de poner titulares escandalosos sobre el tema, que era trucho, y ahora algunos nombran como una ofensiva contra los jueces de Casación las revelaciones sobre su carácter de habitués de la Rosada y Olivos, que está documentada en bases de datos oficiales.
Los registros también muestran que el juez Mariano Llorens, integrante de la Cámara Federal, tiene un ingreso a la Rosada el 17 de diciembre de 2018. Fue a un despacho de asesores donde solían estar José Torello y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, exponentes de la llamada “mesa judicial”. A Olivos asistió el 6 de septiembre de 2019. Raúl Pleé, fiscal ante Casación, fue a la residencia el 3 de marzo de 2018. Coincidió con Gustavo Arribas, ex jefe de la AFI. Pleé también intervino en la causa del Memorándum, en Dólar Futuro, en la de los cuadernos, entre otras, siempre en dirección de los deseos del macrismo.
Registros públicos
El gobierno de Alberto Fernández decidió hacer públicos esta semana los registros de visitas a la quinta presidencial que su antecesor había negado. Fue a raíz de una intimación del juez Pablo Cayssials, que tramita una demanda de Poder Ciudadano. Esta fundación había pedido al gobierno de Macri las planillas de ingreso. El expresidente en un comienzo les entregó todas las que encontró del gobierno de CFK y algo de los primeros meses de su gestión. Es más, ese material de su antecesor se utilizó en la causa de los cuadernos. Pero la ONG reiteró su pedido en 2018 avanzada la gestión de Cambiemos, y ahí fue cuando les dijeron que no, pese a la vigencia de la ley de acceso a la información pública. La excusa fue que se podía afectar la seguridad y la intimidad de Macri. Poder Ciudadano había señalado que el pedido no abarcaba información privada sobre la familia, pero sí las listas de visitas.
La Agencia de Acceso a la Información, un órgano del propio gobierno (que goza de autonomía), le dio la razón a la organización e intimó al Estado a que entregara la información. Entonces armaron la lista parcial. Uno de los primeros datos que llamó la atención fue que no figuraba una reunión comentada en los medios entre Macri y Marcelo Tinelli. Con el tiempo quedó claro que esa nómina era un recorte que estaba pensado. Además de que era un simple listado sin horarios, fechas, ni modo de ingreso, ni vehículo, ni nada de lo que hay en las planillas habitualmente, faltan nombres cruciales. Y ahora se confirma que entre los grandes ausentes están los jueces.
Poder Ciudadano inició una demanda ante el fuero contencioso administrativo tras recibir el registro trucho. Un primer fallo del juez Cayssials decía que hacía lugar al amparo y que el gobierno tenía que adoptar una nueva decisión administrativa, que no precisaba. La organización apeló y la Cámara repitió lo mismo que el juez. La gestión actual pidió una aclaración, el tribunal de alzada contestó de mala gana y finalmente el juzgado mandó a ejecutar la sentencia con la entrega de los registros de Olivos. De ahí que esta semana se haya podido empezar a conocer aquellos visitantes que Macri quiso ocultar.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/333453-escandalo-por-los-jueces-habitues-de-olivos-la-lista-trucha-
