Fuertes definiciones de Alberto Fernández sobre la justicia

“Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por los gobernantes y silenciadas por cierta complacencia mediática”. La frase de Alberto Fernández fue una de las más duras de su discurso inaugural, porque a continuación agitó: “Nunca Más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, ‘operadores judiciales’, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos”. Con ese diagnóstico, el presidente coincidió en un 100 por ciento con lo que viene denunciando su vicepresidenta. Y, además, en ese tramo el presidente entrante anunció medidas concretas. Por un lado, que en los próximos días enviará las leyes que signifiquen una reforma integral del sistema federal de justicia. Por el otro lado, que dispondrá la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), terminando con los llamados gastos reservados y transfiriendo ese presupuesto al plan nacional contra el hambre. Aunque habrá que conocer la letra chica de ambas estrategias, parece cantado que se va a acelerar la instrumentación del sistema acusatorio –los fiscales instruirán las causas, no ya los jueces–, que es posible que los expedientes de la justicia federal se distribuyan entre más magistrados y que las actividades de la AFI se concentren en muy pocas áreas, las de inteligencia estratégica exterior y anti–terrorismo, mientras que todo lo que tenga que ver con inteligencia criminal tal vez pase al Ministerio de Seguridad.

Las afirmaciones más duras y rotundas de Fernández se concentraron en las cuestiones judiciales y de inteligencia. En sintonía con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el mandatario puso sobre la mesa, con dedo acusador, el llamado lawfare: “Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno. Nunca más a una justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, ni a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno. Lo digo con la firmeza de una decisión profunda: Nunca más es nunca más“. Fue la más rotunda condena a la coalición judicial-política-mediática que persiguió a los funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, encarcelando a muchos de ellos con la utilización grosera de prisiones preventivas, sin juicios ni condenas firmes. A diferencia de Mauricio Macri, no se escuchó a un presidente pidiendo la detención de Juan José Aranguren o Laura Alonso, recientemente procesados, sino insistiendo en que la justicia tiene que llevar adelante los procesos sin intervención del Ejecutivo y sin maniobras persecutorias.

Justicia

Albero Fernández anunció el envío al Congreso de un paquete de leyes para poner en marcha una reforma integral del sistema federal de justicia. Además, marcó los tiempos: sostuvo que el paquete se mandará al paralamento “en los próximos días”. O sea que, junto con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, lo consideraron un tema de máxima prioridad.

Por supuesto que habrá que ver los detalles, pero se trata de una materia en la que Fernández y Losardo son especialistas y desde hace tiempo vienen hablando de los lineamientos generales. Las versiones abarcan varios aspectos.

* Puesta en marcha del sistema acusatorio, al que Mauricio Macri demoró todo lo que pudo, poniéndolo en marcha sólo en el norte del país. En concreto, los fiscales pasarán a ser los instructores de las causas, papel que hasta el momento estaba a cargo de los jueces. O sea, hasta ahora los magistrados ordenaban y ejecutaban las pruebas y luego se aprobaban a sí mismos dictando los procesamientos. El sistema acusatorio consiste en que los fiscales investigan y acusan; el imputado se defiende con su abogado, y el juez está en el medio resolviendo. Es un sistema que a los jueces –más todavía a los federales– no les gusta nada porque pierden poder.

* A esto se agregará la designación de un nuevo Procurador General de la Nación, cargo vacante desde que lo dejó, presionada por Macri, la ex procuradora Alejandra Gils Carbó. Desde hace tiempo que se menciona para ese puesto al juez federal Daniel Rafecas y la lógica indica que en el Senado estarían los votos necesarios para designarlo.

* Es casi seguro que se reflote la idea que en su momento tuvo Gustavo Béliz, quien propuso que las causas en materia penal federal –corrupción, narcotráfico, trata de personas, secuestros– ya no se sorteen sólo entre los jueces federales de Comodoro Py sino entre todos los jueces penales de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que ya no caerán los sorteos en los 12 magistrados del edificio de Retiro, sino en los cerca de 70 jueces penales que hay en CABA. Es restarle poder a los nombres conocidos de Comodoro Py.

* También parece cantado que las escuchas telefónicas volverían a la Procuración. Ya estuvieron en esa órbita, con la conducción de la fiscal Cristina Caamaño y en tiempos de Gils Carbó. Por entonces no se produjo ni una sola filtración ni una jugarreta política. En cambio cuando Macri mandó las escuchas a la Corte Suprema y ésta se los derivó al aparato de Comodoro Py, hubo una fiesta de filtraciones y una burda utilización política contra los opositores.

* Más allá de esta reorganización de fondo, un punto clave estará en la prohibición de que los servicios de inteligencia se metan en los expedientes judiciales. El ejemplo más grotesco es el que se develó en el juzgado de Dolores, con el juez Alejo Ramos Padilla, quien mostró la forma en que un inorgánico, Marcelo D’Alessio, participó en los armados de causas contra los opositores.

Inteligencia

Otra de las medidas concretas que incluyó el discurso de Alberto Fernández fue el anuncio de la intervención de la AFI. O sea que en los próximos días se anunciará el nombre del interventor, con poder de decisión excepcional. El concepto es que se adelantará la designación y después se enviaría para su aprobación al Senado.

El presidente se refirió al decreto de Macri que lleva el número 656 de 2016 que convirtió los gastos de la AFI nuevamente en materia reservada. “Eso fue un enorme retroceso”, dijo Fernández. Si se deroga el decreto 656 volvería a tener vigencia el decreto 1311 dictado en época de Cristina, por el cual todos los gastos dejan de ser secretos, aunque una parte de esos gastos son públicos y otros son sólo de acceso de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia.

Es muy probable que se recorte muchísimo la actividad de la AFI. Podría disponerse que todo lo que sea investigación criminal –narcotráfico, trata de personas, secuestros– pase al Ministerio de Seguridad, mientras que la ex SIDE se ocupará de cuestiones que tienen que ver con terrorismo o aspectos relacionados con la defensa del país ante posibles enemigos externos. Desde ya que habrá que esperar los textos de las leyes y decretos.

Nuevamente, más allá de la reorganización, de las medidas en sí mismas, lo decisivo será la conducción: es decir la prohibición de los agentes de inteligencia o los operadores de inteligencia en todo lo que tiene que ver con la justicia.