Horacio Rodríguez Larreta: un ajuste en “cien horas”

Los medios de comunicación hegemónicos y los principales formadores de opinión vienen haciendo un esfuerzo notorio para instalar la idea de que en las fuerzas políticas de la derecha hay diversas corrientes ideológicas, unas serían moderadas, centristas, que expresan una nueva y remozada derecha democrática, y otra más radicalizada y agresiva. El paroxismo de este movimiento discursivo es la gastada metáfora inventada por los editorialistas de Clarín y La Nación que los clasifica en Halcones y Palomas. Entre otros objetivos, estos titiriteros, intentan diversificar una oferta que en el fondo ideológico es profundamente conservadora y homogénea, más allá de sus disputas de poder y sus nomenclaturas: JxC, libertarios, radicales, republicanos, liberales, etc.

Lo cierto es que el divertimento entre aves rapaces y las especies colombófilas se va agotando a medida que la ultraderecha gana lugar y obliga a todas las especies a abandonar los discursos moderados con los que intentan camuflarse luego de la derrota del 2019.

Ahora recuperan sin ningún complejo las políticas de Macri y las de los 90 (Menem-Cavallo).

Ya sin disimulo asumen que repetirán lo hecho con Mauricio Macri, pero más “rápido”. Aunque lo sazonan con un cacho de odio y otro poco de venganza. Obtienen así una pócima de soluciones mágicas desentendiéndose de su responsabilidad en la catástrofe social de veinte millones de pobres, una deuda fenomenal con el Fondo y con privados y un Estado nacional mutilado deliberadamente.

Claro está, que tal fenómeno motorizado por el poder real, económico y mediático es posible por la existencia de descontento e insatisfacción con la política en una parte importante de la sociedad. Lo cierto es que se va generando una marcada recuperación económica que aún no logra impactar en la matriz distributiva, lo cual posibilitaría una gradual mejora en la vida de millones de ciudadanos/as postergados que sufren cotidianamente los abusos de los formadores de precios.

Así las cosas, el ex abuenado Horacio Rodríguez Larreta se lanzó en el Llao Llao, transformado en el ágora del establishment, a jurarles que las reformas estructurales que realizaría serían más rápidas, como dice su mentor, no en cien días, sino en cien horas. Una suerte de super Macri con un poco de Patricia Bullrich y otro tanto de Javier Milei como para no perderse a ese electorado que viene conquistando este aprendiz de fascista.

Ya que estamos con las derechas, una clara expresión de ese poder es la Corte Suprema.

La marcha del jueves 5 de mayo convocada por organismos de derechos humanos, centrales de trabajadores, organizaciones políticas, colectivos religiosos, agrupaciones feministas, en reclamo de una democratización de la Justicia, la ampliación de la Corte con perspectiva de género y representación federal, marca la urgencia de este tema que, si bien no es prioritario para la gente de a pie, sí lo debe ser para las representaciones políticas democráticas.

Si Macri tuvo, y tiene, su Comodoro Py, Larreta goza del equivalente judicial en territorio porteño. Tres de los cinco integrantes del Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires tienen una vinculación clara con Rodríguez Larreta. La presidenta, Inés Weinberg de Roca, fue la candidata del ex presidente para ocupar la Procuración General de la Nación; Santiago Otamendi fue el número dos del Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Cambiemos; y Marcela Langhe ocupó durante el macrismo el Instituto de Seguridad Pública de la ciudad. O sea que el Tribunal Superior de Justicia en nuestra ciudad también está colonizado, impidiendo que ese poder del Estado actúe en forma imparcial. Por el contrario, se ha transformado en un instrumento antidemocrático partidizado. Y cuando los jueces porteños avanzan en las causas que toman estado público, como es el caso del juez Roberto Gallardo, siempre son recusados. Este último apartamiento del juez se dio en un caso muy grave. Se trata de la denuncia por la utilización del sistema de seguridad para espiar a dirigentes políticos, periodistas y referentes de organismos de derechos humanos. Las 15 mil cámaras dispuestas en las calles de la ciudad con tecnología de reconocimiento facial sólo deberían utilizarse para casos de prófugos y delincuentes, y con expresa orden judicial.

El sinceramiento larretista ante los súpermillonarios no implica que en nuestra ciudad todo esté tan frío como en Bariloche. Los médicos y enfermeras siguen con sus paros y luchas por salarios dignos y la estabilidad en sus puestos profesionales de trabajo. Continúan las repercusiones y expectativas por la convalidación de las más de 50 mil firmas en apoyo a la iniciativa popular (IP) que propone anular la privatización de Costa Salguero. En la comunidad educativa crece el debate y la resistencia ante el proyecto de modificación del estatuto docente. Como siempre, la derecha porteña excluye a maestras y profesores, o sea a los verdaderos hacedores de la educación pública, y particularmente a las organizaciones sindicales, del tratamiento de un tema trascendente que los afecta directamente. Se suman a la protesta educativa los institutos de cultura de la ciudad: los docentes del conservatorio Manuel de Falla, del Astor Piazzola, y de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, quienes reclaman por titularización de docentes luego de años de congelamiento, y por nuevas sedes.

Esta homogeneidad ideológica neoconservadora se expresó en el voto contra el presupuesto nacional, en oposición a toda política pública, incluso las que benefician a mayorías sociales. Esta derecha que tiró el termostato por la ventana reacciona con particular violencia ante cualquier iniciativa tributaria que afecte el patrimonio o las ganancias obscenas de los súpermillonarios. Asistimos a la mutación de una derecha que perdió toda identidad histórica y está montada sobre las incertidumbres sociales que va generando la crisis integral tanto económica como moral del sistema. Sus mediocres dirigentes transitan por un lugar ajeno: no los une ni el amor ni el espanto, solo el poder.

* Juan Carlos Junio es secretario general del Partido Solidario y presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.