Tal como estaba previsto, el oficialismo presentó formalmente en el Congreso de la Nación el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia “por mal desempeño” en sus funciones. Acusa que sus últimos fallos sobre la coparticipación federal y aquel que retrotrae el funcionamiento del Consejo de la Magistratura ponen “en jaque al sistema republicano de división de poderes”, deja “en riesgo” al estado de derecho y “afecta seriamente la gobernabilidad y estabilidad institucional”.
También cita los chats que desataron el escándalo institucional dentro del Poder Judicial y que revelaron la relación directa miembros íntimamente allegados a la Corte y funcionarios de Juntos por el Cambio en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrada por los doctores Horacio Rosatti, quien ejerce la presidencia del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, ha realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional”, dice el texto.
Esto implica que “han quebrantado con las obligaciones constitucionales que tienen a su cargo, incurriendo en la causal de mal desempeño prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional”.
El escrito de 84 páginas fundamenta la legalidad, pertinencia y la viabilidad del pedido de juicio político a los miembros del máximo tribunal, citando a los más prestigiosos constitucionalistas que analizaron que esa posibilidad no atenta contra el orden republicano, tal como lo denuncia la oposición de Juntos por el Cambio que se niega a prestar quórum y amenaza con paralizar el Congreso.
Los citados a la Comisión de Juicio Político
El proyecto presentado por el oficialismo pide que sean citados a la Comisión de Juicio Político los cuatro jueces de la Corte Suprema denunciados: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Además, los legisladores del FpV requirieron que presten declaración testimonial más de 40 personas, entre las que están los protagonistas de los “chats del lawfare”: Silvio Robles, asesor de Rosatti, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad porteño en uso de licencia.
También fueron convocados una serie de gobernadores, varios de los cuales impulsaron el juicio político a la Corte junto al presidente Alberto Fernández. Se trata de Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego)
y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
A la lista se suman figuras del derecho como Baltazar Garzón, Damián Loretti y Andrés Gil Domínguez y distintos organismos de derechos humanos.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/515492-juicio-politico-a-la-corte-suprema-el-oficialismo-pidio-cita
