Las máximas autoridades del Episcopado criticaron las acciones contrarias a “los valores a la democracia” y que afectan la libertad, y se solidarizaron con el obispo Jorge Lugones, una de las víctimas del espionaje ilegal del macrismo. La Comisión de Justicia y Paz de la iglesia expresó su “repudio” a los procedimientos ilegales y hubo otras manifestaciones eclesiásticas en el mismo sentido.
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, máximo organismo ejecutivo de los obispos católicos, emitió un comunicado ante los “delitos de espionaje ilegal” pidiendo “desterrar de nuestra República estas acciones contrarias a los valores de la democracia y que afectan gravemente la libertad individual y la privacidad de los ciudadanos”. En el mismo texto, el Episcopado expresa su solidaridad con el obispo Jorge Lugones, titular de la diócesis de Lomas de Zamora y presidente de la Comisión de Episcopal de Pastoral Social, uno de los damnificados por las escuchas ilegales que también afectan a periodistas, dirigentes políticos y sociales, y sacerdotes.
La declaración de los obispos Oscar Ojea, presidente, de los vicepresidentes Mario Poli y Marcelo Colombo, y del secretario general, Carlos Malfa, se suma a otras manifestaciones en el mismo sentido de la Comisión de Justicia y Paz (CNJP) y del Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal. La suma de pronunciamientos sobre el tema da cuenta de la inquietud que el asunto genera en la Iglesia y que movió a intensas consultas entre los obispos en los últimos días.
“Nada puede justificar las escuchas ilegales o las presiones que presuntamente se pretende ejercer sobre las víctimas de tales acciones” señala en un comunicado la CNJP, organismo dependiente de la Conferencia Episcopal e integrado mayoritariamente por fieles laicos católicos, presidido por el ingeniero Emilio Inzaurraga. El pronunciamiento expresa también el “repudio a procedimientos ilegales de cualquier índole”, exigiendo una rápida investigación de los hechos. En el mismo texto el organismo católico sostiene que “la democracia no admite subsuelos turbios que refugian y facilitan abusos y prácticas ilegales”.
En relación al obispo víctima de espionaje, Justicia y Paz le expresa “nuestro aprecio y gratitud por su testimonio de pastor, su compromiso con los pobres y su permanente empeño en la construcción de un país cada día más fraterno y solidario”. Lugones es uno de los obispos católicos claramente identificado con las cuestiones sociales y se lo reconoce como un hombre sumamente activo y en contacto permanente con referentes de los movimientos sociales, las organizaciones sindicales y de la vida política, además de ser el responsable institucional de los temas sociales dentro del episcopado católico.
También el Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal (DEPLAI) se pronunció sobre el tema solidarizándose con el obispo Lugones y “con los sacerdotes de la pastoral de barrios populares que fueron destinatarios de acciones que atentan contra los valores democráticos y republicanos”. El DEPLAI dijo también que los hechos revelados “nos hacen recordar a los tiempos más oscuros de nuestro país, cuando a tantos argentinos y también a obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, se los perseguía y asesinaba por sus convicciones religiosas y su compromiso con los pobres”. En el mismo documento se afirma que “ningún ciudadano argentino debería ser jamás objeto de escuchas ilegales por ningún motivo ya que el respeto a la conciencia y a la libertad personal es algo que nuestra Constitución y nuestra tradición democrática consagran desde el inicio mismo de nuestra Nación”.
La Comisión de Justicia y Paz expresa en otra parte de su declaración el “repudio“ a los “procedimientos ilegales de cualquier índole” y la solidaridad con las víctimas de los hechos denunciados, exigiendo “una profunda y rápida investigación que, respetando las garantías legales, evidencie los hechos sucedidos e identifique las responsabilidades correspondientes”. Señala también que “acciones como las denunciadas dejarían al descubierto abusos de poder, configurando, de ser así, una gravísima violación de derechos constitucionales” y sostiene la “urgencia de adoptar medidas y procedimientos para desterrarlos y asegurar el control sobre los organismos que las ordenan o realizan”.
El organismo católico afirma además que “la democracia se fortalece con institucionalidad y transparencia” y que “mal destino nos esperaría como país si llegáramos a naturalizar o justificar ciertos procedimientos en función de banderías o intereses políticos partidarios”. Para Justicia y Paz los hechos denunciados “son execrables, cualquiera sea el signo del gobierno que los practica o permite”.
Por su parte, los obispos auxiliares de Lomas de Zamora, Jorge Torres Carbonell e Ignacio Medina, junto a los sacerdotes de esa diócesis católica, también hicieron conocer un documento en el que expresan “nuestra total solidaridad y comunión con nuestro obispo, monseñor Jorge R. Lugones, que ha padecido un espionaje ilegal”, reclamando “por la verdad y la justicia para nuestro obispo y demás victimas de tan lamentable situación”.
En su declaración los curas de Lomas de Zamora califican el espionaje como un “hecho impropio en cualquier democracia” que “nos invita a reflexionar y a reclamar por la verdad y la justicia para nuestro obispo y demás victimas de tan lamentable situación”. Subrayando que esta demanda adquiere especial significación “en estos momentos, en los que se hace necesaria, más que nunca, la solidaridad que construye la unidad y que nos permite superar divisiones”.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/271950-la-iglesia-catolica-repudio-al-espionaje-ilegal
