La lupa en la responsabilidad empresarial en dictadura | Nueva publicación de la Secretaría de Derechos Humanos

Hace exactamente 46 años, las fuerzas armadas y de seguridad secuestraban a cientos de personas en Jujuy en la zona de influencia del ingenio Ledesma. Para trasladarlas, las subían en camionetas que antes había proporcionado la empresa que, por entonces, estaba a cargo de Carlos Pedro Tadeo Blaquier y que administraba Alberto Lemos. Cuarenta y seis años después, las víctimas siguen esperando justicia. La de Ledesma es una de las causas más emblemáticas sobre el rol de las empresas en los secuestros y desapariciones durante la última dictadura, pero está lejos de ser un caso aislado. Con el objetivo de poner la lupa en los casos de responsabilidad empresarial –que son los que más frecuentemente exhiben la demora de los tribunales para avanzar–, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) lanzó una nueva publicación en la que reafirma que revisar esta trama del terrorismo de Estado es una de las prioridades de esta gestión.

Desde muy temprano, las denuncias que se recolectaron en el país y en el exterior mostraban que los trabajadores y las trabajadoras eran el blanco predilecto de los represores. De hecho, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) reportó que más del 30 por ciento de las víctimas relevadas eran obreros/as. En el Juicio a las Juntas, se escucharon testimonios referidos a quienes trabajaban en la Ford, en Ledesma, en el ingenio La Fronterita o en los astilleros Astarsa. El número de casos se amplió durante los años de los Juicios por la Verdad, que se hacían durante la vigencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, o cuando la CTA presentó una denuncia por los trabajadores desaparecidos ante el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Civil española.

Lograr justicia por esos casos y sentar a los empresarios en el banquillo ha sido uno de los trances más difíciles del proceso de justicia. En 2018, se logró la condena de dos exejecutivos de la Ford, Pedro Müller y Héctor Sibilla –que fue confirmada el año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal, pero recurrida ante la Corte Suprema–. En 2016, había sido sentenciado a doce años de prisión el dueño de la empresa La Veloz del Norte por las torturas a uno de sus trabajadores, pero, al año siguiente, la Casación anuló el fallo al decir que no eran delitos de lesa humanidad. El tema también espera ser revisado por el máximo tribunal. También deberá examinar la absolución de dos empresarios, los hermanos Julio y Emilio Méndez, que prestaron una propiedad de la familia para ser usada como centro clandestino de detención. Allí mantuvieron cautivo y asesinaron a Carlos Moreno, el abogado que defendía a los obreros de la cementera Loma Negra.

Pese a las demoras en la justicia, las investigaciones sobre el rol empresarial no dejaron de avanzar durante los últimos años mientras se fueron creando espacios de confluencia en los sindicatos para intervenir en las causas por estos hechos. La SDH recoge una investigación hecha en 2015 por el exPrograma Verdad y Justicia, FLACSO y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que da cuenta de cómo funcionaba el entramado entre las fuerzas represivas y los actores económicos. Después de estudiar 25 casos de empresas durante la dictadura, los investigadores concluyeron que:

• En el 88 por ciento de los casos, los trabajadores fueron secuestrados en sus lugares de trabajo;

• En el 76 por ciento de los casos, las empresas aportaron información sobre las personas que debían ser secuestradas;

• En el 72 por ciento de los casos, hubo presencia militar en los lugares de trabajo;

• En el 68 por ciento de los casos, hubo participación militar en los directorios de esas empresas;

• En el 60 por ciento de los casos, hubo presencia de infiltrados;

• En más de la mitad de los casos, hubo personal jerárquico de las compañías en detenciones o interrogatorios;

• En un número similar de casos, las empresas les hicieron aportes económicos –pagos “extra”– a las fuerzas represivas;

• En cinco casos detectaron que se montaron centros clandestinos en los lugares de trabajo. Eso sucedió en el quincho de la Ford de Pacheco, en los galpones de La Veloz del Norte en Salta, en Acindar, en los Astilleros Río Santiago y en los conventillos del ingenio La Fronterita de Tucumán, que también estaba ubicado a pocos kilómetros de “La Escuelita” de Famaillá –el primer campo de concentración en ponerse en funcionamiento en el país–.

Con la única excepción de la Ford, donde un tribunal oral de San Martín dio por acreditado el funcionamiento del centro clandestino dentro de la planta, la justicia aún no juzgó y dictó condenas por estos casos que muestran que hubo lugares de detención y tortura en espacios privados. Lo mismo se comprobó en la quinta de los Méndez en Tandil, pero allí la Cámara de Casación –siguiendo un lineamiento de la propia Corte Suprema– desresponsabilizó a los dos hermanos por el funcionamiento del centro clandestino dentro de la propiedad de la familia.

El eje en la responsabilidad

La historiadora Victoria Basualdo está a cargo de la Unidad Especial de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad con Motivación Económica, que se reactivó en la gestión de Horacio Pietragalla Corti. No había estado en funcionamiento durante el gobierno de Cambiemos, cuando se estancaron las investigaciones sobre los actores empresariales y se registraron importantes retrocesos en los tribunales, particularmente en los casos Ledesma y La Nueva Provincia –sobre el rol de uno de los dueños del diario de Bahía Blanca, Vicente Massot, en el secuestro y asesinato de dos obreros gráficos–.

En conversación con Página/12, Basualdo –pionera en los estudios sobre la represión a trabajadores– resalta la necesidad de entender las responsabilidades empresariales como parte de la trama del terrorismo de Estado.

–¿Por qué corresponde hablar de responsabilidad empresarial y no de complicidad?

–Hablar de complicidad restringe el tema a un acompañamiento secundario cuando la pregunta es por actores que son en sí mismos actores diferenciados. Por un lado, las fuerzas armadas –con sus tensiones, sus contradicciones y sus diferencias internas– y, por otro lado, estos actores de poder económico –que también son diversos y heterogéneos, porque la mirada sobre el empresariado debe considerar que hubo sectores de éste que fueron perseguidos por distintos motivos o que no tuvieron un papel de involucramiento directo en las políticas represivas–. Además hay que contemplar que son un actor con una política propia, que no puede considerársela como subsidiaria de antemano. En ese punto, el concepto de responsabilidad empresarial abre la pregunta sobre qué formas y niveles de participación. Un nivel puede ser el de complicidad y acompañamiento secundario, pero nosotros nos encontramos con casos en los cuales el tipo de involucramiento en el proceso represivo no es secundario, sino de corresponsabilidad.

– ¿Poner el foco en las responsabilidades empresariales diluye la responsabilidad de las fuerzas represivas?

–Estamos hablando de un entramado de poder y de una responsabilidad ineludible de las fuerzas armadas, que costó muchísimo probar y juzgar. De ningún modo hablar de una responsabilidad empresarial iría en desmedro de las responsabilidades militares. De lo que estamos hablando es de una articulación.

La publicación está accesible online.