La UCR avisa que no vota el artículo de la ley Malvinas que persigue a la prensa y Caputo manda a Ibarzábal a negociar

Los diputados de la UCR avisaron que se oponen al artículo 111 de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el proyecto elaborado por Santiago Caputo para dotar al gobierno de Javier Milei de una épica malvinera que le permita amortiguar su caída en la opinión pública, y sumaron más tensión en el gabinete nacional.

Mientras se desarrollaba la reunión de mesa política en la Casa Rosada, los radicales le hicieron saber al oficialismo que rechazan ese fragmento de la norma, que incorpora como Artículo 225 bis del Código Penal la sentencia a prisión de cinco a 12 años “por manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”. “No vamos a votar contra los periodistas”, plantearon los legisladores de la bancada liderada por la mendocina Pamela Verasay.

Ante la advertencia de ese bloque, Santiago Caputo acordó con Martín Menem el desembarco de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, para este miércoles en la Cámara Baja, en la previa de la apertura del debate en comisiones para abordar ese expediente. La intención de los libertarios sería que los presidentes de los bloques dialoguistas puedan conversar con la funcionaria sobre los detalles de la ley.

Como informó LPO, la oposición peronista denunció que la iniciativa de Caputo “es un caballo de Troya” para introducir los conceptos del Departamento de Estado norteamericano en el manejo de la seguridad interior argentina. La preocupación de sus detractores estriba en el incremento incesante de las partidas presupuestarias para la SIDE y el creciente resentimiento del Presidente contra la prensa, los economistas o los dirigentes políticos que critican sus preceptos económicos.

Un fallo de la Corte habilitó la venta de tierras sin límite a extranjeros, que había rechazado el Congreso

El artículo en cuestión plantea que la pena de prisión se aplicaría a quienes “actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, organización o agente extranjero, realizare actividades que procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva o promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes”. La definición parece lo suficientemente amplia como para convertir la norma en una amenaza contra derechos como la libertad de expresión, antes que la protección de la soberanía nacional.

La reacción del gobierno para defender el proyecto se produce en medio de la tensión entre Luis Toto Caputo y Menem por el ajuste presupuestario. La situación escaló tanto que este martes, tras la reunión de mesa política, la discusión habría continuado en el despacho de Diego Santilli, que trata de desactivar el recorte en el área de discapacidad que diseñó el ministro de Economía y cuya defensa sobreactúan Santiago e Ibarzábal.

María Ibarzábal.

El problema del gobierno es que tanto los radicales como los misioneros y salteños del bloque de Hugo Passalacqua y Gustavo Sáenz podrían votar el proyecto opositor de prórroga de la emergencia en discapacidad si Menem no cumple con la quita de los artículos del ajuste. Por espanto a ese escenario, fuentes libertarias deslizaron ante LPO que el jefe de gabinete y el ministro Caputo estarían más cerca de llegar a un entendimiento. 

Como sea, Ibarzábal fue recibida por los libertarios Gabriel Bornoroni y Laura Rodríguez Machado en el Salón de Honor, la oficina contigua al despacho de Menem. Allí se sumaron el radical Diógenes González, ex ministro del gobierno de Gustavo Valdés en Corrientes, el desarrollista Eduardo Falcone y Javier Sánchez Wrba, en representación del PRO.

La funcionaria del Ejecutivo se tuvo que allanar al pedido de los dialoguistas para seguir realizando encuentros como el de este miércoles. “El 111 es impasable”, dijo uno de los diputados presentes, y agregó que “el resto de la ley tiene otros puntos igual de graves, como el derribo de embarcaciones sin autorización del Congreso”.

El saldo de la visita de la enviada de Santiago al Congreso fue, en principio, la aceptación por parte del oficialismo que no puede avanzar como quería con el proyecto de ley.