Las amenazas contra el PSOE y Podemos crispan la campaña para las elecciones autonómicas en Madrid

Desde Madrid

En cualquier otra situación, las víctimas habrían recibido el apoyo unánime de todo el arco político y la condena contra las amenazas hubiera sido rotunda. Pero hace meses, posiblemente años, que la democracia española ha ido perdiendo el clima de convivencia y de respeto por los valores democráticos compartidos que supo construir tras la muerte de Franco en 1975. La pugna es ahora a cara de perro y no son pocos quienes temen que esto vaya a peor.

Las elecciones en la comunidad autónoma de Madrid, convocadas inesperadamente por la presidenta Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular), han funcionado como la mecha que ha encendido el polvorín. En las últimas semanas se sucedieron episodios que han excedido la habitual violencia verbal en las redes sociales: la salida a la luz de un chat de oficiales retirados en el que se proponía fusilar a 26 millones de españoles (la mitad de la población), la colocación de un artefacto explosivo que causó un incendio en la sede de Podemos en la localidad de Cartagena (provincia de Murcia) y los enfrentamientos entre la policía y manifestantes antifascistas concentrados para protestar por la celebración de actos de Vox en barrios obreros fueron los más destacados, aunque no los únicos.

La semana pasada, esta ola de amedrentamiento dio un salto cualitativo. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, y dos altos cargos socialistas -el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez- recibieron sendos sobres con mensajes intimidatorios y un agregado inquietante: balas de armas de guerra. Si el episodio fue de por sí preocupante, más lo fueron las reacciones políticas. Desde la izquierda hubo cierre de filas y solidaridad con los amenazados; desde la derecha las condenas fueron tibias o inexistentes. La mayoría no pasó de declaraciones generales condenando cualquier tipo de violencia.

El debate que no fue

El pasado viernes se celebraba un debate electoral al que acudían los candidatos de todas las fuerzas políticas con la excepción del Partido Popular, cuya cabeza de lista y favorita en los sondeos, Isabel Díaz Ayuso, declinó participar. Antes de comenzar, Pablo Iglesias, que dejó su puesto de vicepresidente del Gobierno para encabezar la lista de su partido y evitar la catástrofe electoral que auguraban los sondeos, pidió que se condenara la amenaza que acababa de sufrir. La candidata de Vox, la fuerza de extrema derecha que aspira a entrar en el Gobierno de Madrid si Díaz Ayuso no consigue los votos suficientes para gobernar en solitario, se negó a hacerlo y puso en duda la veracidad de la denuncia de Iglesias. El secretario general de Podemos se levantó de la mesa no sin antes dejar un mensaje al resto de los candidatos y a los responsables de los medios de comunicación, incluida la radio donde se había programado el coloquio: “Los demócratas no podemos blanquear a la ultraderecha, legitimándoles al sentarnos con ellos. Creo que cada vez más gente se está dando cuenta de que la democracia está amenazada”. Poco después, los otros candidatos de la izquierda, que adelantan claramente a Iglesias en las encuestas -Ángel Gabilondo (PSOE) y Mónica García (Más Madrid)- también abandonaron el debate, que terminó a poco de empezar. A partir de ese momento la campaña electoral, a la que aún le queda una semana, asistió al ahondamiento de la brecha que separa a ambas opciones ideológicas.

Mientras la izquierda advierte del peligro que supone normalizar los mensajes de la extrema derecha -que está haciendo eje en el ataques xenófobos contra los ‘menas’ (menores no acompañados), inmigrantes menores de edad que llegan a España desde las costas africanas y son acogidos por instituciones públicas y a los que acusan de ejercer la delincuencia- desde la derecha y sus terminales mediáticas aseguran que el enrarecimiento de la democracia española no llegó con Vox, sino con Podemos, que importó los ‘escraches’ a políticos rivales y otras prácticas hasta entonces desconocidas. A cada advertencia de la izquierda del peligro que supone no aislar a la extrema derecha, como sucede en otros países europeos, se recuerda que Pedro Sánchez pactó la aprobación de los presupuestos con Bildu, la fuerza independentista vasca que ocupa el espacio político de quienes en su día respaldaron a la desaparecida ETA, y se caracteriza al Gobierno como ‘socialcomunista’.

Este lunes se supo de una cuarta amenazada. La ministra socialista de Comercio, Turismo e Industria, Reyes Maroto, recibió un sobre que contenía una navaja ensangrentada. La investigación para dar con el remitente fue más rápida que en los otros casos. A las pocas horas la policía detuvo a un vecino de El Escorial que según fuentes oficiales sufre problemas psiquiátricos graves. Como muestra de la crispación irracional que parece vivir un país que hasta hace poco era tomado como ejemplo de una democracia madura y avanzada, el diario conservador El Mundo tituló en portada con una foto de la ministra amenazada: “El PSOE hace campaña con la amenaza de un esquizofrénico”.

Aunque se trata de las elecciones donde se elegirá al gobierno del epicentro político del país, los comicios, que tendrán lugar el próximo martes, no dejan de ser para elegir un gobierno regional. Sin embargo, los partidos se los han tomado como una batalla a todo o nada. No solamente porque pueden suponer la entrada por primera vez de la extrema derecha en un gobierno -en el descentralizado estado español las comunidades autónomas tienen competencias tan relevantes como la salud, la educación, los asuntos sociales o la ordenación del territorio-, sino porque de los resultados que se obtengan será inevitable sacar conclusiones que podrán leerse en clave nacional.

Con 6,7 millones de habitantes, Madrid es la tercera región más poblada de España, sólo por detrás de Andalucía y Cataluña y es el indiscutido centro económico del país. La presidenta y candidata a la reelección se ha caracterizado en los dos años que lleva en el gobierno regional por una política ultraliberal de reducción de impuestos y privatizacines y ha gestionado la pandemia oponiéndose a la política de restricciones impulsada desde el Gobierno central, lo que le ha valido un aumento del respaldo popular pese a que Madrid presenta muchos de los peores indicadores relacionados con la pandemia.

Díaz Ayuso gobernó en los dos últimos años en alianza con Ciudadanos -una formación liberal en claro proceso de desintegración- y perdió la confianza en sus socios después de saberse que estos conspiraban para echar el PP del gobierno de Murcia. Por eso, y encaramada en las encuestas que le auguraban una cómoda victoria, llamó a elecciones anticipadas en plena pandemia.

A una semana de la cita electoral, el bloque de la derecha, formado por el PP y Vox, mantiene ventaja sobre la izquierda -PSOE, Más Madrid y Podemos-, aunque los sectores progresistas aseguran que aún no está todo dicho. Sostienen que si consiguen aumentar la participación en los barrios obreros y en los municipios de la periferia de Madrid pueden darle la vuelta a los sondeos. No será fácil. En contra de la tradición democrática española, Ayuso convocó las elecciones para un martes, día laborable.

Cualquiera sea el resultado, la brecha que día a día se sigue abriendo seguirá presente una vez que acabe el recuento.