Las claves del proyecto de Ley de Inteligencia que anunció Alberto Fernández | Ingresaría al Congreso los próximos días

Con el objetivo de dejar atrás los días en que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) estaba dedicada al espionaje político o a maniobrar ante el Poder Judicial, el presidente Alberto Fernández adelantó que enviará al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Inteligencia. La iniciativa, si bien estuvo presente desde los primeros días del gobierno del Frente de Todos, toma impulso dos meses después del hallazgo de un video en el que se veía cómo políticos alineados con Mauricio Macri, empresarios y espías se daban cita en el Banco Provincia para armar causas contra líderes sindicales.

La redacción de una nueva ley de inteligencia –que ya había sido reformada en 2015 y, junto con las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior, forma parte del consenso democrático– fue uno de los mandatos con los que Fernández envió a Cristina Caamaño como interventora de la AFI. Desde allí, la fiscal jubilada auditó lo hecho en la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y presentó una decena de denuncias. Entre otras, la que terminó con Macri procesado por el espionaje sobre los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan o la más reciente, la de la llamada “Gestapo” antisindical que muestra a altos funcionarios de María Eugenia Vidal trabajando codo a codo con la AFI.

El proyecto en el que trabajó Caamaño recoge las resoluciones que fue tomando como interventora en la AFI para transparentar un organismo históricamente oscuro y apegado al secreto, pero sobre todo se centra en que los servicios ya no podrán actuar como auxiliares de la Justicia, lo que históricamente fue la puerta de entrada de los servicios para maniobrar en causas que despertaban su interés político.

En marzo de 2020, Fernández firmó el decreto 214 que modificaba la Ley de Inteligencia para que la AFI ya no pudiera intervenir en investigaciones judiciales. “Necesitamos una ley que, de acá en adelante, impida que se pueda volver al espionaje ilegal”, le dijo Caamaño a Página/12 tras el anuncio del Presidente.

La iniciativa –que aún no fue puesta en conocimiento de la Comisión Bicameral de Inteligencia– fue discutida con el Ministerio de Seguridad –que tiene a su cargo el área de Inteligencia Criminal– y con el Ministerio de Defensa –donde funciona la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. Al comienzo de la intervención, Caamaño convocó a expertos y expertas para pensar la reforma. El consejo consultivo hizo una propuesta mientras Caamaño trabajaba en el proyecto que le presentó al Presidente.

La reforma del gobierno contemplaría estos aspectos:

• Se institucionalizan las modificaciones que hizo Caamaño. Por ejemplo, lo que hace a la transparencia de los fondos o a la estructura interna de la propia AFI, donde ya no existe el puesto del número dos –o Señor/a Ocho– y, por el contrario, funcionan tres secretarías–.

• La AFI solo podrá producir inteligencia sobre riesgos o amenazas a la seguridad, la defensa y las relaciones exteriores si su origen es externo. Se dedica a temas estratégicos, como los recursos naturales.

• Es el Poder Ejecutivo el que aprueba y delimita el Plan de Inteligencia.

• Se institucionaliza el rol de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a la hora de conducir una auditoría sobre los gastos de la AFI.

• La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) es la que debe promover la desclasificación de documentación. Según informaron fuentes oficiales, se trata de trabajar con el principio de publicidad como rector del funcionamiento del organismo.

• Existen dos tipos de controles a la actividad de inteligencia: el que lleva adelante la Bicameral y se agrega el control judicial. Ahora será necesario que el juez federal que esté de turno en los tribunales penales federales autorice a la AFI a reunir determinada información.

• Se crea un consejo ministerial en el que participan los tres organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional –la AFI, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad– pero también se incorpora la Cancillería. Hay una ligazón histórica porque la AFI envía agregados a distintos países.

• La AFI no interviene como auxiliar de la justicia ni tiene el control de las escuchas.

• Toda la actividad de inteligencia debe provenir de una directiva que firma el titular del organismo. De esa forma, no hay órdenes orales ni posibilidad de que, en un futuro, se diga que existió cuentapropismo como invocan los funcionarios macristas cuando deben responder por las actividades ilegales durante su gestión.

Según adelantó el Presidente, la ley podría ir al Congreso en los próximos días y allí deberán arrancar con la difícil tarea de conseguir los apoyos en un tema que divide aguas con la oposición. En el Legislativo, la Bicameral de Inteligencia –al mando de Leopoldo Moreau– trabaja en un dictamen sobre el espionaje en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Cambiemos.