Luis Grassi tenía 21 años y un “futuro prometedor” cuando él, su padre, su tío, abogados y otros integrantes de Industrias Siderúrgicas Grassi, la empresa familiar, fueron secuestrados por miembros del Ejército en 1978. Pasaron cuatro décadas de esos hechos que significaron el despojo de su familia de casi todos sus bienes y, recientemente, el juicio que consideró a esos crímenes como delitos de lesa humanidad terminó con la condena del ex agente de Inteligencia del Ejército Raúl Guglielminetti y la absolución de Juan Alfredo Etchebarne, ex presidente de la Comisión Nacional de Valores durante la dictadura. Para Grassi, la persecución a su familia respondió a intereses económicos de los más altos responsables de la última dictadura. “Martínez de Hoz quiso robarse a Industrias Siderúrgicas Grassi porque era una competidora de Acindar”, aseguró, mientras que señaló que Etchebarne “fue rescatado por los poderes del círculo rojo, la familia judicial, el establishment”.
– ¿Tenía esperanzas de que el fallo fuera diferente?
– Me causó mucha sorpresa, no me lo esperaba. Yo pensaba que con los alegatos de la Fiscalía y la Secretaría de Derechos Humanos respecto de la responsabilidad de Etchebarne, que pidieron más de 20 años de cárcel, sería suficiente. Pero los jueces no tuvieron en cuenta nada de lo que esas partes plantearon. Las pruebas estaban firmes. Etchebarne participó en mayor o menor medida del secuestro de 28 personas entre gente de nuestra empresa y del grupo Chavanne, el mío incluido. Fue el nexo de los militares para perseguirnos. Hizo una denuncia penal contra Industrias Siderúrgicas Grassi, pero en paralelo habilitó a los militares para que intervinieran. Porque mucha de la información que luego apareció en la causa penal fue obtenida en interrogatorios en Campo de Mayo, bajo tortura, donde estaban encerrados casi todos los secuestrados de toda esta historia. Todas las pruebas indican que él intervino en los interrogatorios.
– ¿Por qué cree que el TOF no tuvo en cuenta eso?
– Hay poderes informales que son superiores a los poderes formales, son parapoderes. Algunos lo llaman el círculo rojo, otros lo llaman la familia judicial, otros el establishment. La absolución de Etchebarne tiene que ver con esto. Etchebarne fue rescatado por estos poderes.
La cacería
Entre el 13 de septiembre y el 8 de noviembre de 1978 fueron secuestradas 28 personas vinculadas a los grupos económicos Industrias Siderúrgicas Grassi y Chavanne: los hermanos René y Luis Grassi, dueños de la siderúrgica que, por entonces, contaba con más de 2 mil empleados y varias unidades de negocios; los dueños del Grupo Chavanne, gerentes de ambos grupos, secretarias, abogados y personal jerárquico del Banco de Hurlingham, la pieza clave en todos estos operativos. La mayoría fueron mantenidos cautivos en la cárcel de encausados de Campo de Mayo, que funcionó como centro clandestino. Y allí, interrogados bajo tortura.
Entre fines de 1978 y enero de 1979 los fueron liberando bajo disposición del Poder Ejecutivo Nacional y los trasladaron a las cárceles de Caseros y Devoto durante algunos meses más, mientras la causa penal que había iniciado Etchebarne –un hombre que el entonces ministro de Economía de la dictadura conocía de su gestión al frente de Acindar y que, tras el golpe de Estado, ubicó en la Comisión Nacional de Valores– avanzó hacia el sobreseimiento de todos.
“La causa penal fue una excusa que armaron ellos para apropiarse del Banco de Hurlingham y de ISG. Mi hermana lo relató muy bien en el juicio y yo acuerdo con eso: (el ministro de Economía de la dictadura José) Martínez de Hoz amenazó a mi padre para que le vendiera el Banco de Hurlingham y como mi padre se negó le dijo que no iba a parar hasta verlo arrastrado. La intención de Etchebarne era hacer desaparecer a la empresa porque ISG era un eventual competidor de Acindar. Nuestra empresa era un boccato di cardinale para Martínez de Hoz, pero no la iba a poder obtener de otra manera que no fuera secuestrándonos y robándonos”, interpretó Grassi.
Según relató a este diario el hombre que fue víctima, querellante y testigo del juicio, la siderúrgica que habían fundado su padre y su tío contaba, para comienzos de los 70, con mucho capital que “comenzaron a colocar en otras empresas”. Préstamos. Chavanne fue una de las firmas que recibió plata y luego no pudo pagar. Entonces, la firma entregó a los Grassi el Banco de Hurlingham, que habían obtenido de la familia Graiver a fines de 1976 y que no era cualquier banco: se sospechaba que allí estaba guardado el pago que Montoneros había cobrado del secuestro de los hermanos Born.
– ¿Qué vínculos había entre Etchebarne y Acindar?
– Etchebarne había sido asesor de Acindar mientras Martínez de Hoz fue presidente de la compañía. Y luego, al frente de la Comisión de Valores, le dio muchas dádivas. Muchas ayudas que se notaba que eran muy dirigidas a Acindar.
En agosto Etchebarne y una patota de peritos contables allanó ISG de manera violenta. A mediados de septiembre comenzaron los secuestros. El primero que cayó fue el padre de Luis, René. “Lo fue a buscar el Ejército a su vivienda. El mayor Guastavino, el alias que usaba Guglielmineti, diciendo que tenía orden de Guillermo Suárez Mason (entonces jefe del Primer Cuerpo del Ejército) para hablar con él. Yo estaba en Rosario y al día siguiente viajé a Buenos Aires. Fui a buscarlo al Primer Cuerpo del Ejército y me dijeron que lo tenían pero no estaba ahí”, contó.
– ¿Qué pensaban ustedes que estaba pasando y que podía llegar a pasar?
– ”Se lo llevaron a papá”, me dijeron. No me imaginé que fuera para tanto, había habido turbulencias con los allanamientos, pero jamás me imaginé que iban a llegar a un secuestro. Empezaron a secuestrar a más gente de la empresa y el 23 de septiembre me secuestraron a mí. Sabíamos que papá estaba en Campo de Mayo, recibíamos correspondencia de él. Nos traía cartas un soldado. También nos traían la ropa para que la laváramos. No sé qué fue de esas cartas. A mí me llevan a Rosario a ver al Dr. Ansaldi, el presidente de ISG. Me llevaron en un Chevy verde, la pasé muy mal. Me puse a llorar de la desesperación porque sabíamos que la gente desaparecía.
– ¿Sabían lo que pasaba con la gente que era secuestrada?
– Por supuesto. Teníamos miedo. En ese momento yo esperaba el terror. Pero cuando vi que me llevaban para Rosario me empecé a tranquilizar un poco. Me llevaron (Raúl) Gatica, (Víctor) Rei y (Francisco) D’alessandri –dos militares que estuvieron involucrados en la causa, pero no llegaron a juicio porque murieron antes–. Al primero lo había conocido en Primer Cuerpo del Ejército, los otros se presentaron con su nombre cuando me fueron a buscar a casa. Paramos a comer en San Pedro. Me ofrecieron comer, pero yo estaba muy descompuesto.
– ¿Iba vendado, atado?
– No, yo iba normal. Pero no se me hubiera ocurrido hacer ningún movimiento extraño de todos modos. Llegamos a Rosario, fuimos al Segundo Cuerpo del Ejército. Al rato vienen y nos dirigimos hacia el Hotel Europeo que, después me enteré, otros secuestrados de la empresa fueron llevados al mismo hotel. No me dijeron nada ni pregunté para qué estaba ahí, pero algo me imaginaba que tenía que ver con la empresa.
Esa noche fueron a buscar a su tío, con quien comparte nombre. Vivía en Rosario y era quien se encargaba de la parte fabril de ISG. Tras su secuestro de Grassi tío, Grassi sobrino fue habilitado a regresar a Buenos Aires. Sin embargo, aún no los dejarían en paz. En diciembre de 1978, con Grassi padre aún en cautiverio clandestino, su esposa y una de sus hijas, Marcela, fueron obligadas a firmar el traspaso a ISG de casi todos los bienes familiares, que mantenían a resguardo en una sociedad independiente. “Perdimos todo, nos quedamos sin nada salvo algunos campos que mamá se reservó”, apuntó el hombre a Página/12.
Visitó a su padre en Caseros durante toda su detención, que poco tiempo después de recuperar su libertad falleció en un accidente automovilístico en 1981. Grassi aseguró que por eso tuvo “muchos problemas psicológicos”.
– ¿Cuándo empezaron a querer llevar lo que les ocurrió a la Justicia?
– Desde siempre, pero no encontrábamos abogados que quisieran agarrarlo. Era un tema muy delicado, muy urticante para los abogados. La vinculación de Martínez de Hoz, que era el ministro del Proceso, y Etchebarne, que era un hombre de confianza de él complicó las cosas. Recién a principios de los 2000 tomaron el caso Alberto Fernández y Marcela Losardo. Todos los juicios de lesa humanidad vinculados con estos casos económicos no avanzan o avanzan lento o salen en contra de las víctimas. Y todo eso tiene que ver con esos poderes informales, el círculo rojo, el establishment y demás. De ahí surgen las trabas.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/428452-luis-grassi-los-juicios-por-delitos-economicos-de-la-dictadu
