De haber sido absuelto hace una década, el militar retirado Marino Héctor González pasó a estar a un paso de la prisión perpetua esta mañana, en el marco del nuevo juicio que afronta el represor por el robo de les mellizos de les militantes montoneros detenides desaparecides “Tucho” Valenzuela y Raquel Negro, sucedido durante la última dictadura cívico militar. Así lo requirieron las querellas representantes de H.I.J.O.S. Paraná, Abuelas de Plaza de Mayo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y Sabrina Gullino, hija melliza de la pareja Valenzuela Negro y víctima en el debate, y su hermano mayor, Sebastián Álvarez, quienes de manera unificada lo consideraron coautor penalmente responsable de la sustracción, ocultamiento y retención de ella, la supresión de su verdadera identidad, que conoció en 2008, así como de la desaparición forzada del mellizo, del que se desconoce paradero. Este lunes, la Fiscalía solicitó una pena de 13 años para el acusado. Tras la exposición de la defensa, se espera que el Tribunal Oral Federal de Paraná emita un nuevo veredicto dentro de 15 días.
Desde las 9.30 de hoy martes y de manera unificada las partes acusadoras expresaron en poco más de dos horas, el planteo que acordaron y que respalda el pedido de la pena máxima para el represor González, que durante la última dictadura integró la patota de operaciones especiales del Destacamento número 121 de la ciudad de Rosario, dentro de la órbita del II Cuerpo del Ejército, que estaba a cargo del represor Pascual Oscar Guerrieri. El abogado de les hijes de Raquel Negro, Marcelo Boeykens, señaló en diálogo con este diario que “más allá de la condena” buscan que “este nuevo juicio ayude a encontrar al melli” quien, sospechan, fue apropiado.
Ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado por les jueces Noemí Barros, Jorge Sebastián Gallino y José María Escobar Cello, las querellas definieron los hechos en juicio como delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado desplegado en Argentina entre 1976 y 1983.
Los hechos
Negro y Valenzuela, una pareja de militantes de Montoneros, fueron secuestrados junto al bebé de ella, Sebastián, de un año y medio, en enero de 1978 en Mar del Plata, por una patota del 121 de Rosario. Fueron trasladados a la Quinta de Funes. Raquel, embarazada de siete meses, fue trasladada en dos oportunidades hasta el Hospital Militar de Paraná, Entre Ríos, ciudad y provincia que operativamente estaba dentro de la zona militar bajo el control del II cuerpo del Ejército, comandado por Leopoldo Galtieri. En la primera ocasión, a Raquel le hicieron un control obstétrico. La segunda vez la dejaron “internada” en la sala de Guardia bajo custodia de personal del Destacamento 121 y con una identidad falsa: la hicieron pasar por la sobrina de Galtieri. Valenzuela, en tanto, fue obligado a participar de un operativo que tenía por objetivo atrapar a la cúpula de Montoneros en México. Lo frustró con denuncias a la prensa al llegar al país del norte.
La pareja creía que esperaba un bebé, pero Raquel parió a mellizos, se cree, el 3 de marzo de 1978. Les bebés fueron internados como NN en la sala de terapia intensiva y derivados luego al Instituto Privado de Pediatría (IPP) de Paraná, donde la nena ingresó el 4 de marzo bajo el nombre de “Soledad López” y el varón el 10 de marzo, con la identidad “NN López”, desconociéndose dónde estuvo en esos seis días, informan desde Abuelas. El 27 de marzo, la nena fue dejada en el Hogar del Huérfano por dos integrantes de la patota que secuestró a sus padres y que, décadas después, fueron condenados. Luego dada en adopción legal: se llama desde entonces Sabrina Gullino. El mellizo varón continúa desaparecido.
El alegato de las querellas
De allí, que las querellas diferenciaron los delitos de lesa humanidad sufridos por les mellices y atribuidos a González, en este caso. En el caso del varón, lo calificaron como coautor penalmente responsable de su desaparición forzada, a pesar de que no llegó con esa imputación a debate. “El melli no está, lo seguimos buscando porque sabemos que alguien se lo quedó”, apuntó Lucía Tejera, abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Sabrina, su hermana melliza, lo busca desde que conoció su verdadera identidad, en 2008: “Los genocidas tienen derecho a ir a juicio, a tener un abogadx defensor, a mantener su pacto de silencio. Nosotrxs tenemos derecho a luchar y a intentar seguir con nuestra vida. El dilema es que ellxs son quiénes saben dónde están nuestrxs seres queridxs. ¿Puede existir tamaña injusticia?”, se preguntó al cabo de la primera audiencia del juicio a través de sus redes sociales.
En cuanto a ella, las querellas consideraron a Gonzaléz coautor penalmente responsable de su sustracción, ocultamiento y retención, además de la supresión de su estado civil. “Pudo haber culminado ese delito y no lo hizo, pudo haber entregado la bebé a su familia biológica y no lo hizo”, remarcó Santiago Bereciartúa, que junto con Sofía Barro representan a Abuelas de Plaza de Mayo. Al cierre del alegato, las partes solicitaron la rectificación de su partida de nacimiento para agregar el apellido paterno a su identificación y aclarar que nació en el Hospital Militar de Paraná. Además, pidieron que reexaminen al represor para “evaluar” si la prisión domiciliaria de la que goza continúa siendo aplicable o ya no corresponde.
El alegato fiscal
Durante la mañana de ayer, el fiscal José Ignacio Candioti desarrolló su alegato que culminó con un pedido de condena de 13 años de encierro para González por la sustracción y supresión de la identidad de les mellices Valenzuela Negro. Como parte de su alegato, Candioti solicitó que se transmitan de manera audiovisual extractos de los testimonios de Eduardo Constanzo, el represor “arrepentido” que menciona a González entre los integrantes de la patota del Destacamento 121, dirigido por Guerrieri, que tuvo injerencia en varios centros clandestinos de detención de Santa Fe, como la Quinta de Funes y La Calamita, y lo nombra especialmente como encargado de organizar la logística de los traslados de Negro desde Rosario hasta Paraná. También seleccionó tramos del testimonio de Adriana Arce, que confirmó que “Pepe”, como se hacía llamar el acusado, integró la patota que estuvo a cargo de Negro.
El nuevo juicio
En 2011, González resultó absuelto en el juicio oral y público que se llevó a cabo por la causa Hospital Militar, el primer debate de lesa humanidad de Entre Ríos. Fue el único de los seis acusados que culminó aquel debate sin condena. En 2018, la Corte Suprema consideró que esa sentencia debía reemplazarse por otra que tuviera en cuenta los elementos que sirvieron para condenar al represor en el juicio Guerrieri II, que se llevó a cabo en Rosario por los crímenes del Destacamento 121, y que le valió una condena a perpetua. Con 76 años, el militar retirado cumple condena en su casa y presenció los nuevos alegatos vía teleconferencia. La presidenta del tribunal le pidió este mediodía que se conecte nuevamente el martes 23 de este mes, cuando tendrá posibilidad de decir lo que quiera antes de escuchar el veredicto.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/380684-piden-prision-perpetua-para-marino-pepe-gonzalez-por-la-desa
