Política y autonomía uniiversitaria

En una columna de opinión en el diario La Nación, José Burucúa e Hilda Sábato
cuestionaron la declaración de apoyo al gobierno nacional por parte de un grupo
numeroso de rectoras y rectores peronistas. La misma se refería al acuerdo con los
acreedores externos y al reconocimiento a medidas de política pública en el campo
universitario: la revitalización del programa de infraestructura universitaria y la
transferencia regular de los recursos para gastos de funcionamiento de las
instituciones. El documento valora que se eliminara la obligación de afrontar el
50% del costo de las obras, lo cual era de imposible cumplimiento para las
universidades de menor presupuesto y tamaño, y reconoce que en los primeros 7
meses del año se pagó una deuda de 5 meses de gastos de funcionamiento de 2019
y las remesas de este año están al día. La crítica de los colegas gira en torno a que
rectoras y rectores manifestamos una posición político partidaria que “atenta”
contra la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Nacional. El
comunicado no es una manifestación institucional, se trata de la expresión pública
de mujeres y hombres que hoy circunstancialmente somos rectoras y rectores de
universidades, que respetamos y defendemos la autonomía universitaria, los
valores de libertad de pensamiento y pluralidad de ideas en cada una de las
instituciones que transitoriamente dirigimos por elección democrática de la
comunidad universitaria. Los colegas muestran cierta sorpresa por la existencia de
“bloques” de rectoras/es en el sistema universitario, sin embargo se sabe que ello
es el resultado de un proceso histórico que no debe soslayarse, que distingue dos
enfoques políticos sobre el sistema universitario, que jalonaron políticas y
prácticas, del radicalismo y el peronismo. Para el peronismo, la gratuidad de 1949,
la masificación de la universidad y la creación de la Universidad Obrera; el
cuestionamiento al autogobierno universitario entre 1955 y 1966 en un contexto
de proscripción política y al per saltum de 1984 cuando se omitió la ley
universitaria de la democracia sancionada en 1974 –conocida como la ley Perón –
Balbín- y el regreso a los estatutos universitarios basados en el decreto de
Aramburu de diciembre de 1955, para normalizar las universidades. Más
recientemente el desprecio hacia rectores normalizadores de prestigio académico,
como el educador Dr. Juan Carlos Geneiro reemplazado en 2016 al frente del
rectorado de la Universidad Nacional de Villa Mercedes por su no afinidad política
con el gobierno. Es una larga historia de la que da cuenta el documental “Historia
del Sistema Universitario Argentino” (www.hsua.com.ar) producido por nuestra
universidad para el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y que invitamos ver
Efectivamente existen dos bloques de rectoras y rectores, que reconocen historias,
diferencias y acuerdos, pero todas y todos, sin excepción, somos defensores
inclaudicables de la autonomía universitaria y reconocemos y respetamos que en
cada institución convivan expresiones político ideológicas diversas. La convivencia
democrática de ambos bloques se expresa en la rotación anual de las autoridades
del CIN y un sistema de acuerdos por consenso aún cuando la mayoría de
rectores/as sean peronistas. Ello no implica que cada bloque renuncie a
manifestarse con base en sus convicciones político ideológicas.