Rechazo al juicio político a jueces que liberen presos

En medio de las fake news sobre la liberación de presos por el coronavirus, la Asociación de Magistrados rechazó los planteos de juicio político para jueces y juezas que hayan liberado a autores de delitos violentos con motivo de la pandemia. Al mismo tiempo, la organización cruzó al Poder Ejecutivo por la situación del sistema carcelario. El presidente de la entidad, Marcelo Gallo Tagle, desmintió la existencia de una salida masiva de detenidos.

La asociación que nuclea a jueces y juezas federales y nacionales emitió un comunicado “ante la polémica pública desatada en los últimos días en relación con determinadas excarcelaciones, detenciones domiciliarias y libertades anticipadas dictadas con fundamento en el peligro que entraña la propagación de la covid-19 en los establecimientos penitenciarios”. 

Los funcionarios judiciales se dirigieron directamente al Presidente Alberto Fernández, quien había expresado que la responsabilidad sobre los detenidos y detenidas es del Poder Judicial y no del Ejecutivo, al señalar que ni él ni el gobernador Axel Kicillof ordenaron las prisiones domiciliarias. “No es un tema mío, es un tema que resuelven los jueces”, dijo. En el texto, los jueces replicaron que “las libertades que se someten a consideración de los magistrados y magistradas a causa de la propagación de la pandemia en las cárceles encuentran fundamento en deficiencias estructurales del sistema carcelario y no en el trámite propio de los procesos judiciales”. Al mismo tiempo, deslindaron responsabilidades sobre la grave situación de los penales al asegurar que “ninguna solución al problema de fondo se encuentra en manos del Poder Judicial”.

Según se desprende del comunicado, para la asociación, la salida de presos y presas por la pandemia es un tema de choque de derechos, a pesar de tratarse de una problemática mundial de política sanitaria. “Frente a tal tirantez, jueces y juezas deben resolver entre mantener la detención de un interno con probabilidades de enfermar con severidad, o bien disponer el arresto domiciliario o liberación de quien en otras circunstancias no podría aspirar a tales beneficios procesales”. En ese sentido, explica que “tal decisión, sea que resulte favorable o contraria al planteo, siempre tiene en consideración las condiciones particulares del imputado o condenado, las características del hecho, la opinión de la víctima si correspondiere (ley 27.372) y una infinidad de circunstancias propias del caso particular que se resuelve”.

Juicio político

En su acordada firmada el pasado 14 de abril, la Cámara Federal de Casación recomendó específicamente que la prisión domiciliaria, las salidas transitorias o excarcelaciones debían ser otorgadas solo a autores de delitos no violentos. Sin embargo, totalmente a contramano de esos lineamientos, hubo algunos fallos aislados que permitieron la salida de condenados por homicidio o agresiones sexuales, por lo que desde el oficialismo advirtieron que encabezarían pedidos de juicio político en cada uno de esos casos. También, casi una veintena de genocidas de la última dictadura lograron la domiciliaria por pertenecer a los grupos de riesgo, lo que generó el fuerte repudio de los organismos de derechos humanos.

Durante una entrevista con la señal de noticias TN, Alberto Fernández advirtió que “si un juez hizo algo indebido, deberá explicarlo”, lo que generó la respuesta de la Asociación de Magistrados, que advirtió que la ley impide la destitución de un juez por el ontenido de sus fallos. 

“Resulta inadmisible el empleo del juicio político como herramienta de intimidación hacia los magistrados que resuelven de un modo contrario a la expectativa de quien lo promueve, pues para lograr la revisión de decisiones judiciales que puedan estimarse equivocadas existen numerosos recursos procesales que la ley confiere en plano de igualdad tanto a los imputados o condenados como a los interesados por el delito”, explicó la entidad.