Semaforazo en CABA contra la falta de distanciamiento para la vuelta a clases presenciales

El inicio de las clases presenciales en CABA, donde a partir de este miércoles parte de los secundarios comenzarán a concurrir al aula sin distanciamiento, generó protestas docentes. El gremio Ademys realiza un paro de 24 horas; a las nueve de la mañana realizó en el Obelisco un semaforazo. “Ya tenemos la experiencia de lo que pasó a principios de años con la apertura de las escuelas y la segunda ola. Ésta vuelta a la presencialidad, cuando el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, advirtió que estamos en la puerta de la tercera ola, con casos de la variante Delta ya confirmados en la Ciudad, es aún más riesgosa”, señaló en la protesta Flor Palombo, de Docentes Contra la Presencialidad. Por su parte, la Unión de Trabajadores de la Educación presentó un recurso administrativo ante el gobierno de la Ciudad reclamando que se cumpla con el distanciamiento y que las las aulas sean equipadas con medidores de dióxido de carbono.

En el centro, los docentes repartieron volantes. “La presencialidad escolar implica un aumento directo en la cantidad de contagios, la proliferación de nuevas cepas y, en consecuencia, el colapso sanitario”, plantearon en sus textos.

El domingo a la noche, el ministro de Salud porteño confirmó que en la Ciudad ya hay acumulados 35 casos de la variante Delta y aunque todavía no está confirmado que haya circulación comunitaria de esta cepa, adelantó que los contagios van a aumentar rápidamente. “No hay ningín país del mundo que haya podido evitarlo. Es el doble de contagiosa que la variable original”, dijo Quirós, en una declaración contradictoria con la medida que tomó su propio gobierno.

Para Mariana Scayola, secretaria general de Ademys, “la presencialidad va a traer contagios no sólo dentro de las escuelas, sino a nivel comunitario también”.

La dirigente responsabilizó también al gobierno nacional por permitirle a la Ciudad y a la provincia de Mendoza que abandonen la medida de mantener distanciados a los estudiantes. “Debería haber un lineamiento más sofisticado sobre estas cuestiones. Lo hubo en algún momento, pero hoy la Ciudad toma las determinaciones que le parece, pero esas determinaciones van a traer consecuencias a nivel general. Están adelantando una apertura cuando la pandemia no terminó y hay una alerta gravísimo por la circulación de la variante Delta sin tener a la mayoría de la población vacunada con dos dosis”.

Ademys decidirá nuevas medidas de fuerza durante la tarde. A su vez,  la Unión de Trabajadores de la Educación comenzará un plan de lucha contra la presencialidad. Con alumnos, padres y docentes están conformando comités comunitarios para que se cumpla con las medidas de seguridad dentro de las aulas, incluido el distanciamiento. 

“Éste es un capítulo más de la política anticuidados del gobierno porteño. Tenemos mucha preocupación, hicimos asambleas la semana pasada y vamos a continuar con las asambleas esta semana, porque hoy y mañana en el secundario no hay clases porque toman exámenes, pero a partir del miércoles comienzan (la presencialidad sin distanciamiento) los secundarios de quinto año”, señaló Angélica Graciano, referenta de UTE.

Durante la mañana, Graciano y otros integrantes del sindicato presentaron en la jefatura de Gabinete porteña un reclamo administrativo para que las escuelas cumplan con el distanciamiento. También pidieron por escrito que la Ciudad compre medidores de dióxido de carbono para equipar las aulas, tal como ya lo está haciendo la provincia de Buenos Aires. 

En el gremio remarcan que que durante el primer cuatrimestre la comunidad educativa le dio la espalda a la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta, ya que la mayoría de las familias no mandaron a sus hijos a clases presenciales.

Ahora la presión sobre las familias va a ser mayor porque la concurrencia es obligatoria. Sin embargo, el abandono del distanciamiento planificado por la Ciudad no será automático, sino que irá sumando años del secundario y grados de la primaria semana a semana, durante el mes de agosto. Esto le da a los sindicatos un margen para organizar medidas de rechazo, así como para presentar demandas judiciales.