Todos los juicios y las condenas en los procesos de lesa humanidad | El informe de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad

A 15 años de retomado el proceso de juzgamiento a genocidas, el 42 por ciento de las causas por crímenes de lesa humanidad tiene sentencia. Entre 2006 y los primeros días de este mes, 1052 represores fueron condenados y otras 165 personas resultaron absueltas en 269 veredictos de los que solo 81, el 30 por ciento, está firme. Los datos surgen del más reciente informe emitido por la Procuraduría especializada en esos delitos, que además del repaso general resaltó los datos más importantes del área entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de 2021: si bien hubo más juicios que en 2020, la cantidad de causas bajo investigación no se redujo, algo que tampoco ocurrió con el tiempo que demora una sentencia en ser confirmada.

“Hay que trabajar para acortar los plazos procesales, reducir la implementación de los juicios, acelerar la instrucción, agilizar los circuitos recursivos”, señaló Ángeles Ramos, la titular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) cuando este diario le consultó por los objetivos para 2022, a días de comenzar la feria judicial estival y dar por finalizado formalmente el ciclo actual.

Debates y sentencias

La PCCH contabilizó 17 sentencias entre enero y el 1 de diciembre en todo el país, en las que 65 represores fueron condenados y 9 absueltos. El corte estadístico dejó afuera a tres juicios que culminaron en lo que va del último mes del año –el que se llevó a cabo en Mendoza por la apropiación de la hija de la pareja Poblete-Moyano, el de Neuquén, Escuelita VII, y el del caso de Calixto Salazar, en Salta– que suman 21 condenados y 1 absuelto a la lista. Las cifras del año pasado, en medio de la pandemia, fueron sensiblemente menores, con 11 juicios resueltos en primera instancia y 58 sentenciados.

Ramos confirma que la virtualidad “influyó” en el incremento de sentencias dictadas, aunque asegura que “no es lo mejor” que le puede pasar al proceso de juzgamiento. Desde hace algunos meses, la virtualidad exclusiva abrió paso a la modalidad mixta en la forma en la que se desarrollan los debates orales y públicos. Y posiblemente así continúen, puesto que no se han aggiornado los espacios físicos donde se llevan a cabo los juicios para albergar la presencialidad completa de las partes siguiendo un protocolo sanitario de distanciamiento y ventilación. En los tribunales de Comodoro Py, por ejemplo, de cuatro salas que hay, dos no cuentan con ventilación –la AMIA, que es la más grande, y el SUM– y las otras dos son demasiado pequeñas.

La instrucción

Los 17 veredictos de casi todo el 2021 completan las 269 sentencias que fueron emitidas por crímenes de lesa humanidad desde que se retomó el proceso de juzgamiento de los hechos de la última dictadura post caída de las leyes de impunidad, en 2006. Es un 42 por ciento del total de causas que crecieron desde entonces.

“Los juicios avanzan a cierto ritmo, pero lo que no se reduce es la cantidad de causas que permanece en instrucción y hay que estudiar por qué sucede eso teniendo en cuenta que la variable tiempo es la que pesa con urgencia”, indicó Ramos. Del total de causas abiertas desde 2006 –633–, 280 permanecen a cargo de juzgados federales de instrucción, un número que no se modificó desde el año pasado. “Hay mucho volumen de causas que no se llegan a procesar lo suficientemente rápido como para elevar a juicio con constancia y hay que buscar el punto de conflicto, si es que faltan recursos, si es que hay déficit probatorios que no permiten avanzar, o si el problema es otro”, añadió la fiscal.

Otros 67 expedientes esperan por una fecha para ser revisados en juicios orales y públicos. De ellos, solo 3 cuentan con fecha estipulada para 2022: La Huerta, en Azul, con 26 imputados y Megacausa Zona 5 del Ejército, en Bahía Blanca, con 40 imputados, comenzarían en febrero. Operativos en Lomas de Zamora, con 10 imputados, en marzo. En tanto, continuarán otros 14 juicios que vienen de 2018, 2019, 2020 y este año.

El después

Ahora bien, en la inmensa mayoría de los casos, las sentencias de los tribunales federales de primera instancia son apeladas, lo que las introduce en lo que, desde hace algunos años, la PCCH comenzó a describir como el “espiral recursivo”: un camino lento que lleva a cada expediente desde el TOF a la Cámara de Casación, de la Casación muchas veces a la Corte Suprema de Justicia, y de allí muchas veces vuelve a instancias inferiores, sin definirse. De las 269 sentencias que contabiliza el área, solo 81, es decir el 30 por ciento, están firmes: 167 esperan que la Casación o la Corte las trate. La Corte, en tanto, cuenta con 75 recursos sin revisar aún, registra la PCCH.

Al tiempo, generoso, que se toman las instancias superiores para resolver recursos se suma el “reenvío”, esa actitud mediante la cual las alzadas admiten las apelaciones, señalan errores en los fallos, pero no los corrigen, sino que los devuelven a la fuente del error: Casación en el caso de la Corte; Tribunales orales en el caso de la Casación. En promedio, el tiempo que demora en quedar firme una sentencia que sufre “reenvíos” es de 4 años. Las que sí los padecen suman dos años extra. El promedio que calculó la Proculesa es de 6 años, pero hay casos que resultan escandalosos. Cita el informe como ejemplo el del “Negrito” Avellaneda: la sentencia a los resposnables de su secuestro, tortura y muerte demoró 12 años en quedar firme.

Los represores

Durante los 15 años que lleva el proceso de juzgamiento a represores por horrores cometidos durante el terrorismo de Estado fueron investigadas 3551 personas. 1052 fueron condenadas, 165 absueltas, 572 procesadas y 582 imputadas. Del total de represores condenados, procesados e imputados, 1584 están libres y 785 detenidos. Unos 1160 que integran el universo de investigados fallecieron ya: 873 lo hicieron investigados, pero sin haber sido sentenciados. Los prófugos son 22.

De los 1052 condenados por crímenes de lesa humanidad, solo 138 (11 por ciento), fueron sentenciados por delitos de violencia sexual. Aquellos civiles que ocuparon altos cargos en las empresas y resultaron sentenciados por su complicidad con las violaciones a los derechos humanos de la última dictadura son tan pocos que no engordan mínimamente un porcentaje.