Roberto Guillermo Bravo lleva 47 años viviendo en Estados Unidos. Se radicó allá un año después de la Masacre de Trelew contra prisioneros políticos que él protagonizó. Desde entonces logró evadir la justicia argentina. En un intento para que su impunidad no siga expandiéndose más allá de las fronteras, cuatro familiares de sus víctimas presentaron una demanda civil ante una corte federal en el distrito sur de Florida contra el exoficial de la Armada Argentina, apoyados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y la Rendición de cuentas (CJA, por sus siglas en inglés).
El 22 de agosto de 1972, 16 presos políticos fueron asesinados en un fusilamiento en la base Almirante Zar de Trelew que la entonces dictadura de Alejandro Agustín Lanusse presentó como un nuevo intento de fuga. En realidad, fue una represalia por la fuga que habían protagonizado una semana antes junto con sus compañeros desde el penal de Trelew. Otros tres presos fueron heridos gravemente, pero sobrevivieron. Los tres sobrevivientes de Trelew fueron víctimas de la otra dictadura, la que se inició en marzo de 1976.
Bravo fue uno de los fusiladores, pero, a diferencia de dos de sus compañeros, nunca llegó a sentarse en el banquillo. Al momento de la masacre, era teniente de corbeta de la Armada Argentina, a la que se había integrado en 1964. Rápido, en 1973, logró irse como agregado militar a la embajada argentina en los Estados Unidos. Nunca volvió. En 1987, se naturalizó como ciudadano estadounidense. La Argentina reclamó su extradición en 2010 y 2019, pero hasta ahora no hubo suerte.
La demanda ante la Corte de Florida fue presentada por Raquel Camps (hija de Alberto Camps, sobreviviente de la masacre de Trelew y víctima de la última dictadura), Eduardo Capello (sobrino de Eduardo Capello, asesinado en Trelew), Alicia Krueger (compañera de Rubén Bonet, asesinado en Trelew) y Marcela Santucho (hija de Ana Villarreal de Santucho, asesinada en Trelew).
“Los demandantes interponen esta demanda contra Bravo, solicitando una indemnización compensatoria y punitiva por su papel en la ejecución extrajudicial, el intento de ejecución extrajudicial y la tortura de sus familiares en la Masacre de Trelew y durante su detención de una semana en el Almirante Zar”, dice la presentación a la que accedió Página|12.
“Bravo conspiró con sus subordinados y otros oficiales de las fuerzas armadas argentinas para planear y llevar a cabo la masacre de Trelew. Bravo conspiró y actuó de manera concertada con uno o más integrantes de las fuerzas militares argentinas de acuerdo con un plan, diseño y esquema común para torturar a los prisioneros políticos detenidos en la base Almirante Zar y para llevar a cabo la Masacre de Trelew, como resultado de la cual Rubén Bonet, Eduardo Capello I, Alberto Camps y Ana María Villarreal de Santucho fueron sometidos a las violaciones aquí descritas”, detalla la demanda.
Bravo ya está al tanto de la demanda, porque fue notificado ayer. Acusado formalmente por la justicia argentina en 2008, nunca dio explicaciones. En 2010, consiguió que un juez estadounidense rechazara su extradición. El año pasado, el caso se reabrió y Bravo fue detenido ante un pedido de extradición por su rol en la masacre de Trelew, pero lo liberaron después de pagar una garantía personal de 4 millones de dólares y una fianza de un millón de dólares.
La masacre de Trelew es considerada por la justicia argentina como un crimen de lesa humanidad, algo que ratificó la Cámara Federal de Casación en 2014. El caso sigue pendiente de análisis en la Corte Suprema y fue uno de los expedientes que los organismos de derechos humanos y el Ministerio de Justicia le reclamaron recientemente al presidente supremo, Carlos Rosenkrantz, que resuelva a la brevedad. La extradición de Bravo fue reclamada también por los organismos y por la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó cuando el entonces presidente de los Estados Unidos Barack Obama visitó el país en marzo de 2016.
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Fuente: https://www.pagina12.com.ar/300706-un-fusilador-de-la-masacre-de-trelew-fue-demandado-en-estado
