Un intento por detener una maniobra de lawfare

Cuando el impasse del feriado de carnaval haya terminado, volverá a recrudecer la disputa por la causa de espionaje macrista que tramita en la justicia federal de Lomas de Zamora y que el viernes la Sala IV de la Cámara Federal de Casación ordenó que pase a los tribunales de Comodoro Py. El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, ya anunció que presentará este miércoles un recurso ante el máximo tribunal penal del país para llevar el tema a la Corte. Es altamente probable que los miembros de Casación le den trámite al planteo para después decidir si lo conceden o rechazan, pero con ese gesto ya no quedará firme su decisión de propiciar el pase a los tribunales de Retiro.

El viernes, los camaristas Mariano Borinsky y Javier Carbajo ordenaron que las dos causas que investigan el juez Juan Pablo Augé y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide se trasladen a los tribunales de Comodoro Py, donde el lawfare estuvo en su esplendor durante el macrismo. Borinsky y Carbajo sostienen que se trató de una maniobra única que se gestó desde las sedes centrales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y del Servicio Penitenciario Federal, que están ubicadas en la Ciudad y de Buenos Aires, y por lo tanto son los tribunales federales porteños los que deben intervenir. Por el contrario, la tercera integrante de la Sala IV, Ángela Ledesma, sostuvo que la causa debía continuar en manos del juez de Lomas, no sólo porque en esa jurisdicción también se cometieron parte de los delitos, sino también por el grado de avance de la causa.

Ese mismo día a la tarde, Beraldi –en representación de CFK que actúa en la causa como querellante por haber sido víctima del espionaje– presentó un escrito ante Augé advirtiéndole que la decisión no estaba firme porque él la iba a apelar y les pidió a los fiscales que apoyaran su presentación. “Le anuncié al juez de Lomas de Zamora que iba a interponer un recurso extraordinario, tarea que voy a concretar el día miércoles. A partir de ese momento, esa decisión ya no está firme, entonces la causa no se puede ir de Lomas de Zamora. Tendría que continuar la investigación hasta que el recurso sea resuelto. Y si no hacen eso, haré lo mismo que hice en el caso de Eduardo Riggi (N.de R: camarista que retuvo hasta el viernes último la causa física sobre la persecución al Grupo Indalo): pedidos de juicio político”, dijo Beraldi en C5N.

La Sala IV no suele rechazar este tipo de planteos in limine, explicaron fuentes de los tribunales, por lo que es factible que se presente el panorama que describió el abogado de la vicepresidenta. Los querellantes tienen diez días para presentar el recurso ante la Casación, que debe analizar si tienen razón para ir a la Corte. Hay otros querellantes, como la Comisión Provincial por la Memoria, que ya decidieron que también llevarán el tema al máximo tribunal y que probablemente hagan sus presentaciones en los próximos días, confiaron a Página/12 desde el organismo que preside Adolfo Pérez Esquivel.

El viernes por la tarde, el juez Augé giró la causa digital a la Sala I de la Cámara Federal porteña, que es la que había trabado una contienda de competencia con el juzgado de Lomas. Sin embargo, la causa física –con toda la prueba recabada– sigue en la fiscalía de Lomas de Zamora. Quien reclamó la causa –por mandato de la Cámara Federal– fue la jueza María Eugenia Capuchetti, que el año pasado estuvo de turno con el fiscal Carlos Stornelli, procesado en la causa por espionaje que instruye el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla. Que Stornelli, asociado al falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio, termine investigando a la AFI macrista causó conmoción incluso al interior de los tribunales de Comodoro Py, habituados generalmente a los vínculos poco claros entre funcionarios judiciales, espías, medios y dirigentes políticos. Este miércoles, el diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, va a pedir que se cite al hijo de Stornelli, Julián, que revistó en la AFI durante 2016, lo que podría ser otro elemento a tener en cuenta a la hora de pedir el apartamiento del fiscal de la investigación, si efectivamente queda en manos de la dupla Capuchetti-Stornelli.

La decisión de Borinsky y Carbajo disparó el sábado una serie de tuits de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, en duros términos contra algunos integrantes de la Casación y contra el fiscal Stornelli, que fueron compartidos por el presidente Alberto Fernández. Hubo alusiones  al presidente del cuerpo, Gustavo Hornos, denunciado penalmente el jueves pasado por el diputado Martín Soria por haber visitado en seis oportunidades la Casa de Gobierno en momentos que, según el relevamiento del legislador, coincidieron con fallos adversos al kirchnerismo. Soria entiende que Hornos integró la mesa judicial del macrismo. También hubo señalamientos a Borinsky por haber registrado una visita a la Casa Rosada en el mismo momento que el asesor estrella Jaime Durán Barba. Borinsky habló con algunos de sus colegas y les explicó que esa reunión coincidió con una visita a la Secretaría de Legal y Técnica, de Pablo Clusellas, cuando estaba por salir el decreto de la comisión para la reforma del Código Penal que él presidió y negó a toda costa conocer a Durán Barba. La discusión está lejos de estar terminada y probablemente resurja el jueves cuando se lleve adelante la reunión de superintendencia de la Cámara, en la que participan Hornos y los presidentes de cada una de las salas: Daniel Petrone (Sala I), Alejandro Slokar (Sala II), Liliana Catucci (Sala III) y Borinsky (Sala IV). Nadie hace predicciones.