Más de 100 organismos de derechos humanos del país enviaron una carta al Gobierno para denunciar que Argentina está atentando contra la independencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En el texto, que está dirigido al presidente Mauricio Macri, al Jefe de Gabinete Marcos Peña, al ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano y al ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Jorge Faurie, entre otros funcionarios; reclaman que se retire el apoyo a la petición conjunta presentada semanas atrás junto a los países impulsores del flamante Prosur (Brasil, Chile, Colombia y Paraguay). En ese documento entregado a la Comisión Interamericana a principios de abril, los gobiernos de esos países latinoamericanos cuestionaron principios esenciales del Sistema e intentaron limitar el alcance de sus decisiones, bajo el pedido de que se tome una mayor consideración de su “margen de autonomía”, una maniobra que pone en riesgo los derechos de las víctimas de los países firmantes. Human Rights Watch y Amnistía Internacional también encendieron las alarmas.
“El gobierno argentino vuelve a demostrar la intención de debilitar el mecanismo de protección regional”, advirtieron en la carta las organizaciones, entre las que se encuentra el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y Abuelas de Plaza de Mayo, en referencia a la declaración que suscribió Argentina, que está en manos del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, desde el 11 de abril. Es la primera vez que Estados se dirigen directamente al SIDH para solicitar “transformaciones” por escrito, salteando el Consejo Permanente de la OEA, el órgano político de supervisión del Sistema, cuyo organismo de aplicación es la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tantos dolores de cabeza le trajo a este grupo de países. Este diario se comunicó con la Cancillería, que no quiso dar detalles sobre el próximo paso a seguir del gobierno argentino.
El grave problema para las organizaciones es que las propuestas allí expuestas ponen en riesgo a un sistema que garantiza las investigaciones de violaciones de derechos humanos cometidos en los territorios cuando los Estados se niegan a hacerlo, dejando vulnerables a las víctimas que buscan verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición de crímenes de lesa humanidad. Una de las citas de la carta, de acuerdo al texto publicado por la Cancillería de Chile, es que “las resoluciones y sentencias de los órganos del sistema interamericano sólo tienen efectos para las partes del litigio”.
En este caso, reclaman que se aplique un estándar que proviene del estado europeo y que el sistema nunca restringió: buscan que las resoluciones de la CIDH sea exclusivamente para el caso individual y que no tenga en cuenta el principio de no repetición, a pesar de que la razón de ser justamente del SIDH es evaluar la responsabilidad del Estado en los casos de violaciones de derechos humanos, pero también evitar que se repitan con reformas y medidas. Una de las intervenciones clave de la CIDH que marcaron un antes y un después en el país fue, por ejemplo, el caso Bulacio, en base al cual la Corte ordenó al Estado argentino en 2003 cesar en el uso de razzias y revisar su legislación para adecuarla al respeto a los Derechos Humanos.
Técnicamente, los países del Prosur subrayan en su escrito la “importancia crítica” del principio de “subsiriariedad”, aquel que estipula que la protección de los derechos humanos se debe dar en el ámbito nacional en primer lugar y luego en el Sistema. Si bien este es un principio válido, los países se esforzaron por recordar al Sistema que “gozan de un razonable margen de autonomía para resolver acerca de las formas más adecuadas de asegurar derechos y garantías, como forma de dar vigor a sus propios procesos democráticos”. “Es un principio correcto del derecho internacional, el problema es que lo plantean como si el SIDH no lo cumpliera, pero las estadísticas muestran que el Sistema rechaza la mayoría de los casos por no cumplir con este principio de agotar los recursos internos”, subrayó a Página/12 Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, quien consideró que en realidad lo que buscan, alegando un supuesto “fortalecimiento”, es “debilitarlo porque les moleta que los evalúen y eventualmente los condenen”.
A su vez, la declaración enfatiza la “importancia del debido conocimiento y consideración de las realidades” de los Estados, sembrando incógnitas también acerca de la capacidad del Sistema para juzgar los casos específicos de cada país.
La definición hay que leerla en un contexto particular a nivel regional, mientras se consolida un bloque de países alineados a las políticas neoliberales (muchos de ellos blanco de las resoluciones del SIDH por violaciones a los derechos humanos), pero también en clave local, por la recurrente reticencia del gobierno de Macri a acatar órdenes de la CIDH. En noviembre de 2017 fue el mismo presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren, quien le tuvo que aclarar al gobierno que las sentencias del Sistema “son obligatorias”, cuando se dilataba el cumplimiento de la medida cautelar sobre la dirigente Milagro Sala.
En la carta, los organismos argentinos recuerdan además que la intención del gobierno de debilitar el mecanismo de protección regional quedó evidenciado con “la presentación sucesiva de dos candidatos absolutamente inidóneos para integrar la CIDH” , en referencia a las postulaciones del abogado constitucionalista Alfredo Vitolo, quien abogaba por las doctrinas del perdón con los militares detenidos por crímenes de lesa humanidad, y Carlos Horacio de Casas, rechazado por la OEA por los cuestionamientos de los organismos de derechos humanos. Esos fueron los únicos dos candidatos propuestos por Macri durante todo su gobierno.
La importancia de la CIDH a lo largo de la historia argentina es difícil de minimizar porque es uno de los países en los que más relevancia ha tenido, de acuerdo a Chiller. “La comisión ha sido fundamental en la historia para deisinstitucionalizar y derribar a la dictadura y para fortalecer e institucionalizar la democracia en la Argentina por eso comete un error gravísimo al tratar de debilitar y limitar su capacidad para la protección e los derechos humanos en la región”, explicó el director ejecutivo del CELS.
Amnistía Internacional, otro de los organismos firmantes, envió de forma paralela una carta dirigida a todos los jefes de Estado que firmaron la petición para instarlos a “abstenerse de realizar cualquier acción que tenga por efecto mermar la independencia y autonomía de los órganos que conforman el Sistema Interamericano”. En la misiva, subrayaron que el SIDH “es una pieza fundamental para la realización de los derechos humanos”, en tanto la CIDH y la Corte IDH “han jugado un papel central en garantizar el ejercicio de los derechos humanos y combatir la impunidad no sólo en tiempos de fuerte represión estatal y conflictos armados internos, sino también en casos de violaciones individuales de derechos humanos”.
La organización, que más de una vez se pronunció sobre las violaciones a los derechos humanos en estos países, como recientemente lo hizo en el caso brasilero acerca del “riesgo inminente de enfrentamientos violentos en la región de la Amazonía” por la falta de protección del gobierno a las tierras ancestrales de los pueblos indígenas, agregó que el SIDH garantiza que cuando los Estados no son capaces de investigar las violaciones de derechos humanos en sus territorios, pueden recurrir “a un mecanismo de protección independiente y capaz de garantizar verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición”. “Desde su creación, hace 60 años, miles de víctimas y familiares en todo el continente han visto en los órganos del Sistema Interamericano la única posibilidad de obtener justicia cuando la misma es negada a nivel interno”, añadieron.
Por su parte, el director ejecutivo de HRW calificó la petición como “un error colosal que pone en entredicho el compromiso de estos gobiernos—y de Prosur— con la vigencia de los DDHH en la región”.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/192443-criticas-al-gobierno-por-debilitar-al-sistema-interamericano
